FOSPA Perú: nos pronunciamos para denunciar un sistema depredador de la Madre Naturaleza que avasalla los derechos

 

Declaración Política del FOSPA Perú

En camino al IX FOSPA Colombia – 2020

 

Los pueblos indígenas, las organizaciones sociales e instituciones, así como los hombres y mujeres comprometidos/as con la defensa de la vida, que formamos parte del FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO (FOSPA) PERÚ, nos pronunciamos para denunciar el avance desenfrenado de un sistema depredador de la Madre Naturaleza que avasalla los derechos para favorecer la acumulación de capitales, que nos ha llevado a una crisis económica, climática, sanitaria e integral. Necesitamos unir fuerzas para enfrentarla desde nuestra resistencia, diversidad cultural, conocimientos, espiritualidades y prácticas ancestrales.

Reconocemos y planteamos la unidad amazónica-andina en nuestros países, dando continuidad a la agenda de articulación iniciada en el VIII FOSPA realizado el 2017, en Tarapoto, Perú.

Los Estados buscan “solucionar” la crisis profundizando el modelo de desarrollo extractivista, depredador, patriarcal, colonialista y discriminador que nos ha llevado a ella, destruyendo la naturaleza y desconociendo los derechos de los pueblos amazónicos. Las actividades extractivas los megaproyectos y el acaparamiento de tierras no se han detenido durante la pandemia, por el contrario estas se han reactivado, multiplicando el contagio, e incrementando el despojo territorial y la contaminación de la Amazonía.

El gobierno del Perú, basado en su Plan Nacional de Competitividad y Productividad, emprende una reactivación económica cumpliendo las exigencias de los grupos de poder económico, priorizando la minería, el petróleo, los monocultivos y la actividad forestal, mientras una gran mayoría de peruanos/as se encuentra abandonada por el Estado neoliberal, que ha precarizado durante décadas los derechos más básicos como la salud, la educación, la seguridad y soberanía alimentaria, afectando principal y particularmente a los pueblos indígenas u originarios y a las mujeres.

Las estrategias contra la pandemia del COVID-19, que ha evidenciado las grandes brechas estructurales de etnicidad y género, son pensadas desde Lima y solo para las ciudades. Mientras tanto, los pueblos indígenas u originarios y los sectores más pobres, no cuentan con establecimientos de salud para prevenir y atender la enfermedad, señal digital y celular para acceder a la educación virtual, alimentación, empleo, ingresos para sobrevivir y muchos han tenido que retornar desde las ciudades por sus propios medios poniendo en riesgo sus vidas. A pesar de este escenario adverso los pueblos han dado respuesta a partir de su organización, sus conocimientos y prácticas.

Los territorios de los pueblos indígenas y los bosques no solo son amenazados y arrasados por una reactivación económica que prioriza las actividades extractivas, sino que además el gobierno pretende realizar consultas previas virtuales sin que existan condiciones mínimas para hacerlo, solo para cumplir un trámite y sin garantizar el ejercicio de un derecho que exige diálogo intercultural horizontal, información clara y oportuna, y, sobre todo, buena fe. Todo esto multiplica los conflictos sociales y el Estado responde con la represión y la criminalización de la protesta.

A lo anterior se agrega la presencia de actividades ilegales, con mafias de tala, minería, narcotráfico y otras que amenazan y asesinan a los defensores y defensoras de la Madre Naturaleza, los derechos territoriales y ambientales. Solo durante este año, cuatro líderes indígenas han sido asesinados sin que el Estado cumpla con su obligación de proteger su vida y sus derechos. En medio de este contexto de violencia, el Congreso de la República rechaza la ratificación del Acuerdo de Escazú incrementando la vulnerabilidad de los/as defensores/as de la Amazonía.

La autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas es vulnerada cuando se desconocen sus propias formas de organización, el derecho a decidir su modo de vida, su soberanía alimentaria, su medicina ancestral, su educación comunitaria, su derecho al territorio integral y el autogobierno, así como cuando la policía y el ejército ingresan sin respetar los cercos y cuarentenas acordados por las comunidades para protegerse frente al abandono del Estado. Estas formas de violencia y despojos se manifiestan, en el caso de las mujeres, en afectaciones directas a sus cuerpos y contra su integridad,  como parte de un ejercicio machista y patriarcal de la violencia represiva y su persecución como defensoras de los territorios.

Las mujeres indígenas y las mujeres pobres de las ciudades, y en especial aquellas que son jefas de familia, multiplican su carga de trabajo con el cuidado de los niños, las niñas y las personas adultas mayores, la atención de las personas que se han contagiado del COVID-19 y con su responsabilidad por conseguir alimentos para sus familias. La cuarentena las ha expuesto más que nunca a la violencia, obligándolas en muchos casos a convivir con sus agresores y con un menor acceso a la justicia.

En vísperas del Bicentenario de la Independencia, seguimos frente a una clase política y un Estado que en 200 años no ha logrado resolver la enorme desigualdad, discriminación, explotación colonial, y las brechas sociales del actual modelo económico. El Estado permite la continuidad de la depredación y la profundización de la corrupción, y a las puertas de un proceso electoral los partidos que compiten no expresan ni representan las demandas y propuestas de los pueblos indígenas u originarios ni de los movimientos y organizaciones que defendemos la Amazonía.

Planteamos y nos comprometemos a:

  • Construir una propuesta de Buen Vivir/Vida Plena que incorpore a una nueva estructura estatal la interculturalidad y la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas u originarios, las mujeres y todos los movimientos sociales.
  • Intensificar el debate panamazónico sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos, desde la experiencia de los gobiernos territoriales autónomos, exigiendo al Estado el reconocimiento de la territorialidad indígena y los gobiernos autónomos.
  • Exigir el respeto a los procesos de ordenamiento territorial indígena de acuerdo a sus cosmovisiones y espiritualidades, reconociendo sus territorios integrales como pueblos y promoviendo procesos piloto comunales como referentes.
  • Exigir que se respete y garantice los derechos humanos individuales y colectivos, resarciendo la deuda histórica con los pueblos indígenas por la libre determinación, el territorio y la consulta previa, libre e informada y acabar con la desigualdad en el acceso a salud, educación, seguridad y soberanía alimentaria.
  • Denunciar y exigir justicia, reparación y sanación para las mujeres amazónicas y andinas víctimas de todas las formas de violencia, racismo, machismo y explotación.
  • Que los gobiernos incluyan en las políticas las perspectivas de derecho, interculturalidad, interseccionalidad y género, propiciando el fortalecimiento de las organizaciones existentes y de sus procesos de autonomía política y económica.
  • Demandar el reconocimiento a nuestros sistemas de educación comunitaria y medicina ancestral y su integración a los servicios públicos.
  • Demandar el respeto a los modelos de sistema económico indígena, mediante el manejo integral de los territorios y el uso de la tecnología adecuada compatible con la naturaleza, la conservación productiva y la protección del conocimiento colectivo y los sistemas de producción sostenibles.
  • Declarar las cabeceras de cuenca, fuentes de agua, ríos, bosques y territorios de los pueblos indígenas como zonas intangibles para las actividades extractivas, megaproyectos como la hidrovía amazónica, hidroeléctricas y actividades criminales.
  • Exigir la protección de los derechos de los Pueblos en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI) y la intangibilidad de los territorios ocupados por ellos.
  • Exigir la protección de los defensores y las defensoras de derechos y el ambiente y la ratificación del Acuerdo de Escazú.
  • Exigir que se declare la moratoria a la extracción petrolera e iniciar la transición energética al uso completo de energía limpia renovable en la Amazonía y el país.
  • Reconocer los aportes de las mujeres en el marco de la lucha de los pueblos panamazónicos y garantizar la igualdad de género en la participación y la toma de decisiones en nuestras organizaciones.
  • Expresamos nuestra solidaridad y alianza con los pueblos de la panamazonía que resisten y luchan en defensa de la vida y sus derechos.

El FOSPA como plataforma de los pueblos amazónicos, los movimientos y organizaciones sociales de hombres y mujeres, que fortalece su articulación, visibiliza sus problemáticas e incide en los Estados de la Panamazonía, apuesta por la sostenibilidad de la vida y la construcción de un nuevo modelo de sociedad justo y equitativo. Un modo de vida donde las personas y la Madre Naturaleza sean el centro de su prioridad en una relación interdependiente y equilibrada y donde todos y todas ejerzamos nuestro derecho a construir el Buen Vivir/Vida Plena, libres de toda discriminación y violencia.

 

POR LA VIDA, DEFENDEMOS LA AMAZONÍA

Perú, 28 de octubre de 2020

FOSPA PERÚ

 

Descarga Aquí (pdf) Declaración FOSPA Perú 28 de octubre 2020

 

 

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