SOCIEDAD CIVIL PERUANA DEMANDA AL GOBIERNO TRANSPARENCIA SOCIO-AMBIENTAL EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

PRONUNCIAMIENTO

SOCIEDAD CIVIL PERUANA DEMANDA AL GOBIERNO

TRANSPARENCIA SOCIO-AMBIENTAL EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, en inglés) es una alianza internacional conformada por gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil de 51 países para transparentar la información sobre la industria extractiva (minería, petróleo y gas) a lo largo de la cadena de valor (concesiones, contratos, pagos, ingresos, gasto, etc.).

 

Perú lleva 12 años implementando el EITI, el año 2012 obtuvo la certificación de país cumplidor y en febrero de 2016 fue sede de la VII Conferencia Global EITI. En esa ocasión la sociedad civil latinoamericana demandó a través de un pronunciamiento la inclusión de la información socio-ambiental dentro del estándar EITI.

 

Desde julio 2016, Perú se realiza un nuevo proceso de validación de sus avances en el Estándar EITI, proceso conducido por el Secretariado Internacional. A finales de diciembre pasado, la Comisión Nacional EITI (DS 028-2011-EM) aprobó su Plan de Trabajo 2016-2018, en el cual, a pesar de la insistencia de los representantes de sociedad civil, no se ha logrado consenso para incluir la temática socio-ambiental en dicho Plan de Trabajo. La transparencia en temas sociales y ambientales es una demanda creciente de las organizaciones comunales, indígenas y autoridades locales, fundamental para la gobernanza de los recursos naturales, razón por la cual nos preocupa que la Comisión Nacional no la haya incluido en su agenda para el presente y próximo año.

 

Ante el actual contexto político y económico, de caída de los precios de las materias primas y las inversiones, los gobiernos vienen promoviendo estas inversiones a través de la flexibilización de estándares socio-ambientales, la precarización laboral, la criminalización de la protesta, el recorte de derechos territoriales (Decretos Legislativos 1330 y 1333) y a la consulta previa de los pueblos indígenas, todo lo cual aumenta la conflictividad social. Los graves hechos de corrupción que involucran a las más altas autoridades de los gobiernos anteriores han conmocionado al país y en lugar de avanzar se observan retrocesos en materia de transparencia y rendición de cuentas (Decreto Legislativo 1353). Por ello, las organizaciones de la sociedad civil suscribimos el presente pronunciamiento manifestando que:

 

  1. Existe una gran preocupación sobre la transparencia en las industrias extractivas en nuestro país, por los casos de corrupción que se han evidenciado públicamente a nivel nacional, en Latinoamérica y en el Caribe. Por lo que es necesario incrementar los mecanismos de transparencia a todo nivel y en particular sobre los gastos sociales y la información ambiental de las empresas extractivas.
  2. Los impactos socio-ambientales negativos de las industrias extractivas pueden agravarse sino se actúa en este momento. Es imprescindible la inclusión de la transparencia socio-ambiental en el Plan de Trabajo 2016-2018 de la Comisión Nacional EITI y en los Informes de Conciliación Nacional (Informes EITI) a fin de que las comunidades y autoridades locales tengan información confiable sobre estos temas, aportando a la disminución de las desigualdades sociales y de la elevada conflictividad social.
  3. El EITI es una oportunidad para promover y exigir la más amplia transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas, con el fin de construir gobernanza. Vayamos más allá del simple cumplimiento del Estándar y seamos ambiciosos a la hora de implementar esta iniciativa con innovación. Tras finalizar el proceso de validación del Estándar EITI en Perú, nuestro país debería asumir el reto de generar un impacto en la población, que se podría alcanzar con la difusión y uso de la información socio-ambiental por la población para defender sus derechos y territorios.

 

Los ciudadanos y las ciudadanas del Perú tenemos derecho de exigir que las industrias extractivas se desarrollen en el marco de un ordenamiento territorial; respetando el medio ambiente, los derechos de las y los trabajadores, los derechos de los pueblos indígenas y las poblaciones locales; con participación ciudadana efectiva y la mayor transparencia y el acceso a la información para lograr un desarrollo sostenible.

Lima, 24 de febrero de 2017

FIRMAN:

  1. Alfa-Redi, 2. Alternativa – Centro de Investigación Social y Educación Popular, 3. Amnistía Internacional Perú, 4. Asociación Arariwa, 5. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor, 6. Asociación Intercultural Bari Wesna, 7. Asociación Nacional de Centros (ANC), 8. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), 9. Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), 10. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), 11. Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA), 12. CHIRAPAQ – Centro de Culturas Indígenas del Perú, 13. Consejo de la Prensa Peruana (CPP), 14. Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), 15. CooperAcción, 16. DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, 17. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), 18. Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco, 19. Desco Sur, 20. EarthRights International (ERI), 21. Environmental Investigation Agency (EIA) / Agencia de Investigación Ambiental, 22. Federación Regional de Mujeres Indígenas de Ayacucho (FEREMIA), 23. Foro de la Sociedad Civil en Salud (ForoSalud), 24. Foro Ecológico, 25. Fórum Solidaridad Perú, 26. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), 27. Grupo Propuesta Ciudadana (GPC), 28. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS PERÚ), 29. Instituto del Bien Común (IBC), 30. International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) / Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, 31. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andina y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), 32. Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), 33. Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P), 34. Paz y Esperanza, 35. RED MUQUI – Perú, 36. Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), 37. Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia (REDAD), 38. Red Uniendo Manos Perú, 39. Salud Preventiva Andina, 40. Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural (SEPAR), 41. Servicios en Comunicación Intercultural (SERVINDI).
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