Declaración del Foro de los Pueblos Indígenas en el marco de la VIII Cumbre de las Américas
Abr17

Declaración del Foro de los Pueblos Indígenas en el marco de la VIII Cumbre de las Américas

Los pueblos, Naciones y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, en el marco y ejercicio del derecho a la libre determinación y en defensa de nuestra Madre Tierra, dan a conocer sus conclusiones y planteamientos como resultado del Foro de los Pueblos Indígenas, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, celebrada en Lima del 10 de abril de 2018. Descargar: Declaración del Foro de los Pueblos Indígenas ante la VIII Cumbre de las Américas –...

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COMARU se pronuncia sobre derrame de gas en Cusco
Feb07

COMARU se pronuncia sobre derrame de gas en Cusco

El Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), organización que representa a 34 comunidades nativas en toda la cuenca del río Urubamba, condenó el derrame de gas natural ocurrido el 03 de febrero sobre la quebrada Kemariato, distrito de Megantoni (La Convención, Cusco). Descargar el pronunciamiento de...

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Ante la muerte de Irineo Curiñaupa y Celestino Flores y la represión policial durante el paro agrario
Feb03

Ante la muerte de Irineo Curiñaupa y Celestino Flores y la represión policial durante el paro agrario

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), plataforma de organizaciones de la sociedad civil a favor de los derechos humanos, lamenta profundamente las muertes de Irineo Curiñaupa Campos de 27 años (Huancavelica) y Celestino Flores Ventura de 42 años (Pasco) ocurridas este 31 de enero, en el contexto de la represión policial al Paro Agrario Nacional Indefinido. Las muertes de estos dos ciudadanos, así como las decenas de personas heridas se suman a la larga lista de afectadas y asesinados en los conflictos sociales. El dolor por estas muertes se hace aún más profundo debido a la impunidad generalizada de los responsables de cada una de las muertes de peruanas y peruanos asesinados por la fuerza pública. Alertamos también sobre la criminalización de la protesta social y su impacto sobre las comunidades, las familias, mujeres y niñez directamente violentadas. La CNDDHH recuerda también la legítima demanda de las y los agricultores de diversas zonas del país que exigen al Estado peruano tome las medidas urgentes y necesarias contra el empobrecimiento y por la dignidad del sector agrario peruano, las cuales pasan por: 1) Declaración del Estado de emergencia del sector agricultura; 2) Cese de la importación de papa pre-cocida; 3) disminución de la tasa de interés de agrobanco; 4) creación e implementación efectiva de una ley para el sector agrario; 5) priorización de infraestructura hídrica para riego tecnificado; y 6) mayor presupuesto para proyectos productivos y asistencia técnica en semillas. Es inaplazable la adopción de estas demandas de campesinas y campesinos del Perú. El abandono del sector agropecuario debe terminar. Al igual que la crisis post fenómeno del Niño, y los problemas del sector salud para atender el dengue, la grave situación del agro peruano pudo haberse evitado con una adecuada política de adaptación al cambio climático. Demandamos al Ministerio Público y al Poder Judicial emprender una exhaustiva investigación que determine las responsabilidades de estas dos muertes, sancione de manera efectiva e indemnice de manera inmediata a los deudos. Así también, exigimos al gobierno que no maquille el problema del sector agrario recortando derechos y que implemente de manera urgente las reformas necesarias planteadas por las y los campesinos para solucionar esta grave problemática. Invocamos también a quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta que lo hagan respetando la propiedad pública y privada. Lima, 1 de febrero de...

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Exigimos protección de pueblos indígenas en aislamiento y áreas naturales protegidas del departamento de Ucayali
Ene25

Exigimos protección de pueblos indígenas en aislamiento y áreas naturales protegidas del departamento de Ucayali

Desde el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú y la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, espacios de confluencia de más de veinte organizaciones de la sociedad civil y organizaciones indígenas, nos pronunciamos en contra de la reciente Ley 30723, ley que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali, por las siguientes razones de hecho y derecho: 1.- Detrás de una declaratoria de prioridad e interés nacional se oculta la activación de disposiciones normativas especiales orientadas a facilitar la ejecución de obras de infraestructura, en este caso carreteras, en todo el territorio nacional. Muchas de estas disposiciones especiales han sido creadas recientemente de manera paralela a un procedimiento formal que en la práctica debilita el marco de protección territorial de derechos de pueblos indígenas organizados en nuestro país a través de comunidades campesinas y nativas, estas disposiciones están siendo cuestionadas en diversos procesos judiciales. 2.- La sola declaratoria de priorización e interés nacional para la construcción de carreteras y mantenimiento de trochas carrozables en zonas de frontera, colisionan de manera directa con los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en situación Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) cuyos territorios han sido categorizados para su protección y subsistencia a través de las Reservas Indígenas Murunahua, MashcoPiro e Isconahua y de la Reserva Territorial Madre de Dios. 3.- La priorización de la construcción de carreteras y el mantenimiento de trochas carrozables son también una amenaza para las áreas naturales protegidas (ANP) que se encuentran en el departamento de Ucayali, y para la diversidad biológica y cultural que dichas áreas ostentan. Tal es el caso del Parque Nacional Alto Purús, la Reserva Comunal Purús, el Parque Nacional Sierra del Divisor y la Reserva Comunal el Sira, entre otros. 4.- La construcción de carreteras, como ya se ha comprobado, facilita la proliferación de actividades ilegales como la tala, minería, narcotráfico e invasión y tráfico de tierras, dado que es causa directa de la llegada de migrantes. Estas actividades generan diversos conflictos territoriales, ambientales y sociales. 5.- El hecho de que un día después de la visita del Papa Francisco; donde se afianzara el compromiso del Estado peruano por el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y el cuidado de la naturaleza, se publique una ley de estas características, demuestra una total incongruencia, dado que dicha norma deshonra los compromisos del Estado peruano ante el Vaticano. Desde el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú y la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, demandamos al Estado peruano la derogación...

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CNDDHH EXIGE POSTERGAR ELECCIÓN DE NUEVO MAGISTRADO DEL TC POR NO EXISTIR GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS
Ago25

CNDDHH EXIGE POSTERGAR ELECCIÓN DE NUEVO MAGISTRADO DEL TC POR NO EXISTIR GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS

FALTA DE TRANSPARENCIA Y GARANTÍAS PONEN EN PELIGRO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y ABRE LAS PUERTAS A SU COOPTACIÓN POLÍTICA PRONUNCIAMIENTO La Mesa Directiva del Congreso ha convocado al pleno del mismo para el día de mañana, viernes 25 de agosto, teniendo como único punto de agenda la elección de un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. En esta sesión, se ha previsto poner a consideración del pleno la propuesta de la Comisión Especial creada al efecto, consistente en plantear la única candidatura del abogado Augusto Ferrero Costa. Al respecto, las organizaciones de la sociedad civil suscritas, debemos señalar lo siguiente: La falta de normas que aseguren una mínima transparencia y participación ciudadana en la presente “elección” no asegura que el perfil elegido cumpla con las garantías de independencia e imparcialidad para tan alto cargo. El procedimiento seguido por la Comisión Especial de Selección, lejos de promover mínimos niveles de competencia para evaluar entre varias alternativas la propuesta más apropiada, se ha limitado a hacer suyo un acuerdo político de la Junta de Portavoces para llegar a esta fórmula única. Esto es grave, más aún al existir un proyecto de ley, desde fines del año pasado, que proponía un proceso de elección con transparencia, y cuando un grupo parlamentario insistió en todo momento ante la Junta de Portavoces sobre la necesidad de reglas mínimas de publicidad y escrutinio. Existen serios cuestionamientos a la candidatura del abogado Augusto Ferrero Costa, que por lo delicado de la materia merecen ser examinados con cuidado. No obstante su calidad académica, los problemas de presuntos conflictos de interés por las causas patrocinadas hasta este mes, las conductas que no garantizan la independencia e imparcialidad judicial en el cargo, más la cercanía a personajes políticos involucrados en procesos de investigación, no corresponden al perfil de magistrado del Tribunal Constitucional que el país requiere en el actual escenario político y social. Lo anterior, sumado a un irregular procedimiento de investigación que existe en el Parlamento ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por el caso El Frontón, pone en serio riesgo la independencia del máximo ente de justicia constitucional del país, encargado de la defensa de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, así como de control del poder. En consecuencia, solicitamos con carácter de urgencia que la sesión del día de mañana sea postergada, para que haya la posibilidad de presentar otras candidaturas y pueda conocerse públicamente sus trayectorias así como responder ante posibles cuestionamientos, dando lugar a un proceso con niveles aceptables de publicidad y transparencia, del que a todas luces carece el actual. Consideramos que solo de este modo, se...

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Proyecto de Ley presentado por PPK es una amenaza para los derechos de propiedad rural en el Perú
Ago17

Proyecto de Ley presentado por PPK es una amenaza para los derechos de propiedad rural en el Perú

El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra advierten el regreso del DL 1333, que afectaría los derechos a la tierra a través del proyecto 1718-2017-PE El 28 de julio, el gobierno del presidente Kuczynski presentó el proyecto 1718-2017-PE, el cual es una nueva versión del Decreto Legislativo 1333, que fue ampliamente rechazado por las organizaciones indígenas que conforman el Pacto de Unidad y derogado por el propio Congreso de la República en mayo de 2017, al constituir una norma que amenaza las tierras en posesión y propiedad de las comunidades campesinas y nativas. El reciente proyecto 1718-2017-PE toma mucho de las disposiciones inconstitucionales del DL 1333 al desarrollarlas de manera más ordenada y perfeccionar los procedimientos, pero en el fondo tienen el mismo espíritu: afectar los derechos a la tierra y territorio de las comunidades campesinas, comunidades nativas y agricultores familiares del país. Recordemos que el DL 1333, aprobado dentro del paquete de 112 decretos dados por el Ejecutivo dentro de las facultades otorgadas por el Congreso, crea la institución denominada APIP con procedimientos ad hoc para otorgar títulos en tierras donde se desarrollarán proyectos de inversión priorizados. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, que tenía el encargo de revisar la constitucionalidad de dicha norma, hizo suyos los argumentos que presentaron las organizaciones indígenas sobre la inconstitucionalidad de este decreto. Finalmente, por mayoría absoluta, se acordó su derogación en el Pleno del Congreso. La autógrafa se envió al Ejecutivo para su publicación, sin embargo, el Ejecutivo observó el acuerdo de derogatoria, quedando el DL 1333 vigente hasta el momento. El proyecto de ley insiste en crear una institucionalidad denominada APIP exclusivamente para sanear y expropiar predios necesarios para obras de infraestructura priorizada. Esta institución estaría dentro de PROINVERSIÓN, agencia adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin experiencia en materia de saneamiento y expropiación, con funciones que entran en conflicto de competencias con otras instituciones del Estado como Ministerio de Agricultura y Riego, Gobiernos Regionales o SUNARP, y en algunos casos va más allá de la constitución y el ordenamiento legal, lo que generará inseguridad jurídica en los propietarios de tierras. Por su parte, la justificación que el Estado da sobre esta norma es la demora en la entrega de bienes inmuebles necesario para un proyecto de inversión privado o público, dejando de lado el saneamiento de tierras comunales. Aunque el proyecto de ley contempla la exclusión de inmuebles de propiedad y/o posesión de pueblos indígenas, esta exclusión es insuficiente puesto que más de la mitad de comunidades campesinas no están reconocidas como...

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