Se aproxima golpe a la fiscalización Ambiental en el Perú
May16

Se aproxima golpe a la fiscalización Ambiental en el Perú

PRONUNCIAMIENTO Se aproxima golpe a la fiscalización Ambiental en el Perú En los próximos días, el Tribunal Constitucional (TC) emitirá su fallo sobre las demandas de amparo presentadas por las empresas Perubar y Cerro Verde contra el aporte por regulación que realizan al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el cual permite financiar los gastos de la fiscalización ambiental en un 74%, las redes y organizaciones de la sociedad civil, que damos seguimiento a ésta problemática, nos dirigimos a la opinión Pública y al TC señalar lo siguiente: 1) Que es necesario recordar que la Corte Suprema ya se ha pronunciado anteriormente en un proceso de acción popular a favor de la constitucionalidad y legalidad del Decreto Supremo N° 130-2013-PCM que establece el aporte por regulación, al declarar infundada dicha demanda interpuesta en contra de ella por la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE). Entendemos que este fallo constituye cosa juzgada, por lo tanto, no debería darse un pronunciamiento en sentido contrario. Si el TC declara fundada la demanda de amparo en este sentido, podría vulnerarse la calidad de cosa juzgada, la seguridad jurídica que tanto cuesta lograr en el Perú y la importancia de la acción popular como una garantía constitucional de nuestro Estado. 2) El artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley N°28237, establece que la cosa juzgada en los procesos de acción popular vincula no solo a los poderes públicos, sino también a los propios jueces, lo que evidentemente incluye al TC: “Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular”. 3) Por otro lado, son 18 acciones de amparo que diversas empresas han presentado buscando eliminar el aporte por regulación, por lo que sería un duro golpe a la fiscalización ambiental, pues reduce significativamente los ingresos del OEFA, que actualmente permite financiar el 74% de las acciones de fiscalización, y con ello la posibilidad de financiar sus acciones, que de por sí suelen ser muy costosas. Esto afecta una función del Estado esencial para evitar situaciones de riesgo, o corregir acciones o actividades que producen daños al ambiente en el marco de las actividades extractivas; así como sancionar comportamientos y prevenir nuevas situaciones violatorias de derecho a un medio ambiente sano, así como al ordenamiento ambiental. 4) Por si no fuera poco, un fallo del TC en contra del aporte por regulación, obligaría al OEFA a devolver a las empresas aportes recaudados desde el 2014, que en conjunto suman aproximadamente S/696 millones. Lo que implicaría, de acuerdo a cifras de la OEFA, la imposibilidad de llevar a...

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CNDDHH pide investigación imparcial, rápida y eficaz en detención a Keiko Fujimori
Oct10

CNDDHH pide investigación imparcial, rápida y eficaz en detención a Keiko Fujimori

Frente al reciente mandato de detención preliminar por diez días a Keiko Fujimori Higushi, y a otras 18 personas del entorno de Fuerza Popular, solicitado por el Fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez; la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señala que es imprescindible la realización de una investigación imparcial, célere, eficiente y eficaz que castigue los crímenes de corrupción y lavado de activos, y además que no se amilane ante las presiones políticas vinculadas a las economías ilegales y la corrupción. Días después que el Poder Judicial declarara la nulidad del indulto político otorgado a Alberto Fujimori Fujimori, es fundamental alentar y respaldar a las y los jueces y fiscales íntegros, valientes y probos que enfrentan decididamente a la corrupción y nos devuelven la esperanza en la justicia. Lima, 10 de octubre de...

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Pronunciamiento: Reforma integral del sistema de justicia y destitución y sanción a implicados en tráfico de influencias y corrupción
Jul11

Pronunciamiento: Reforma integral del sistema de justicia y destitución y sanción a implicados en tráfico de influencias y corrupción

En los últimos días el país ha asistido al escándalo de cuotas de poder, tráfico de influencias y hechos corrupción que comprometen al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la Corte Suprema de Justicia y la Corte Superior del Callao, se ha revelado así una de las más graves crisis del Sistema de Justicia del país. Frente a estos hechos los colectivos, gremios, instituciones y redes de sociedad civil abajo suscritos, expresamos lo siguiente: En el año 2000, los peruanos y peruanas logramos derrotar la dictadura y a la mafia dirigida por Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y compañía, quienes conformaron una red de corrupción en el Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y otros, con el fin de someter al Sistema de Justicia a su servicio y no al servicio de las y los ciudadanos. En esta misma situación se encontraban otros organismos, por ejemplo, la la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Desde el año2015 denunciamos los peligrosos problemas que afectaban al CNM, por esto, el actual partido de gobierno,Peruanos por el Cambio, así como Fuerza Popular (con mayoría en el Congreso) expresaron su compromiso electoral de “corregir” esta situación; sin embargo, ni hicieron nada y los graves problemas continúan. Dieciocho años después de caída la dictadura, la investigación periodística de IDL – Reporteros nos muestra que esta grave situación no se ha superado. Los audios evidencian que los miembros del CNM implicados no tienen límite alguno y han puesto en riesgo la legitimidad de la función pública, usando esta para propósitos delictivos. Por ello demandamos la renuncia o el cese inmediato de todos los miembros del CNM, procediendo luego de una investigación urgente, a sancionar a los culpables y el nombramiento de un nuevo CNM. Con relación al juez supremo Hinostroza Pariachi exigimos su suspensión inmediata, y que sea sometido a investigación por el órgano judicial que corresponde, investigación que debiera concluir con una efectiva y ejemplar sanción. Una situación similar ocurre con la ONPE, donde las serias denuncias contra sus altos funcionarios -por el apoyo indebido a la inscripción de un partido político-, no produjeron una investigación seria, por el contrario, conllevaron a la destitución de las personas que denunciaron esto. El CNM debió tomar cartas en el asunto; sin embargo, no hizo nada con los funcionarios denunciados. Esto, además de evidenciar el impacto de la corrupción en la ONPE, pone en riesgo el proceso electoral de este año. Así también, esta crisis del Sistema de Justicia impacta directamente en el acceso a la justicia de las mujeres y de todas las víctimas de violencia de género. Estas redes de corrupción evidenciadas en los audios han...

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CNDDHH demanda esclarecimiento y sanción para responsables del asesinato de lideresa Shipibo-Konibo
Abr21

CNDDHH demanda esclarecimiento y sanción para responsables del asesinato de lideresa Shipibo-Konibo

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresa su mayor preocupación y condena el asesinato de la señora Olivia Arévalo Lomas, reconocida maestra y lideresa del pueblo Shipibo-Konibo. Este crimen se produjo el día de ayer jueves 19 de abril, en la comunidad Victoria Gracia, en Yarinacocha, a 20 minutos de la ciudad de Pucallpa (Ucayali), en circunstancias aún no esclarecidas. Desde la CNDDHH llamamos la atención sobre la creciente espiral de violencia e inseguridad que afectan a la región Ucayali, y que impacta en particular sobre los pueblos indígenas-amazónicos constantemente amenazados por fuerzas que operan tras la corrupción y el crimen organizado en la zona. Este crimen se produce en un contexto donde las y los defensores de derechos humanos en el Perú enfrentan cada vez mayores riesgos para su seguridad y sus vidas, ante la ausencia y/o falta de voluntad del Estado peruano para generar las condiciones necesarias que garanticen el desarrollo de las y los defensores. En estas circunstancias, demandamos de la Policía Nacional y del Ministerio Público el pronto esclarecimiento de los hechos así como la detención y sanción para los responsables de este alevoso crimen. Y exhortamos al presidente Martín Vizcarra, y a los sectores competentes del poder Ejecutivo, a realizar las acciones pertinentes que garanticen el derecho a defender derechos de las y los defensores de derechos humanos. Finalmente, expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a las familia de la señora Olivia Arévalo Lomas, a la comunidad Victoria Gracia de Yarinacocha y  a la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU). Lima, 20 de abril del...

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Foro Social Panamazónico condena feminicidio político contra Olivia Arévalo Lomas
Abr20

Foro Social Panamazónico condena feminicidio político contra Olivia Arévalo Lomas

Las organizaciones del Foro Social Panamazónico (FOSPA), lamentamos y condenamos un nuevo feminicidio político  el de Olivia Arévalo Lomas,  defensora de los derechos ambientales y culturales de su pueblo shipibo-konibo.  La señora Olivia era una reconocida curandera y maestra  que defendía los conocimientos ancestrales de su pueblo y  los  transmitía a   a su comunidad y su pueblo para conservar su cultura. Una mujer, cuya única arma era la sabiduría del conocimiento del uso de las plantas. Sabemos que esta no es la primera vez que se atenta contra la vida de las defensoras indígenas. La criminalización es una estrategia cada vez más usada por los poderes económicos y políticos para amedrentarlas y así impedir que sigan denunciando los atropellos sistemáticos de los territorios de  los pueblos indígenas. Asimismo es evidente que los defensores y defensoras de los pueblos indígenas están cada vez más expuestas a las acciones de mafias el crimen organizado, vinculadas al acaparamiento de tierras y actividades extractivas. Es una estrategia de la estructura de opresión sistémica del capitalismo extractivista-colonial-patriarcal para despojar de sus territorios a las comunidades indígenas. Las mujeres indígenas llevan mucho  tiempo denunciando desde sus organizaciones que el sistema económico les quiere imponer su forma de asumir el desarrollo.  La realidad nos muestra con este feminicidio político,  que es poco lo que los Estados han hecho para cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y defender los derechos humanos de las mujeres y hombres  indígenas de nuestra Amazonía, pese  a la existencia de un marco legal nacional e internacional que deben cumplir. Exigimos al Estado peruano una investigación inmediata y con la debida diligencia que permita identificar a quienes resulten responsables así como su máxima sanción y una justa reparación a la familia de Olivia, a la comunidad Shipibo-Konibo. Asimismo,  exigimos el  cese de la criminalización de las y los dirigentes de los pueblos indígenas y garantías para el pleno ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. Lima 20 de abril 2018 Comité Nacional Perú – Foro Social...

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Pueblos indígenas exigen seguridad jurídica de sus territorios para frenar la corrupción
Abr17

Pueblos indígenas exigen seguridad jurídica de sus territorios para frenar la corrupción

En el marco de la VIII Cumbre de las Américas, diversos líderes y lideresas indígenas de los Andes y de la Amazonía de Perú firmaron una declaración política, exigiendo la seguridad jurídica de sus territorios con el fin de combatir la corrupción. En este sentido, los representantes indígenas demandan que el Estado cierre las brechas en el proceso de la titulación de las comunidades indígenas existentes en Perú, reconociendo sus derechos colectivos. “El desequilibrio producido entre las facilidades a la inversión y a la deuda en el reconocimiento a los Pueblos (…) ha facilitado la ocurrencia de evidentes casos de corrupción en perjuicio de los pueblos originarios de Perú. Asimismo, es fuente de la conflictividad existente”, reza la declaración. Asimismo, piden la inmediata investigación de posibles casos de corrupción como la explotación de fosfatos en San Martín de Sechura, ubicado en Piura, la minería y tala ilegal en la comunidad nativa Tres Islas, localizada en Madre de Dios y la construcción de carreteras en la Amazonía. “[Estos casos] permiten identificar las modalidades de presuntos actos ilícitos del Estado o de las empresas privadas. Estas consisten en la no consulta intencional, actos de compra fraudulenta, permisividad para la deforestación, concentración abusiva de tierras, falta o mal uso de la información transparencia…”, se lee en el escrito. El documento se firmó durante la celebración de la audiencia pública “El Impacto de la Corrupción en los Derechos de los Pueblos Indígenas” —convocada por la congresista Tania Pariona y organizaciones indígenas—. Este será presentado a los mandatarios asistentes a la Cumbre de las Américas. DESCARGAR: Declaración impactos de la corrupción –...

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