Proyecto de Ley presentado por PPK es una amenaza para los derechos de propiedad rural en el Perú
Ago17

Proyecto de Ley presentado por PPK es una amenaza para los derechos de propiedad rural en el Perú

El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra advierten el regreso del DL 1333, que afectaría los derechos a la tierra a través del proyecto 1718-2017-PE El 28 de julio, el gobierno del presidente Kuczynski presentó el proyecto 1718-2017-PE, el cual es una nueva versión del Decreto Legislativo 1333, que fue ampliamente rechazado por las organizaciones indígenas que conforman el Pacto de Unidad y derogado por el propio Congreso de la República en mayo de 2017, al constituir una norma que amenaza las tierras en posesión y propiedad de las comunidades campesinas y nativas. El reciente proyecto 1718-2017-PE toma mucho de las disposiciones inconstitucionales del DL 1333 al desarrollarlas de manera más ordenada y perfeccionar los procedimientos, pero en el fondo tienen el mismo espíritu: afectar los derechos a la tierra y territorio de las comunidades campesinas, comunidades nativas y agricultores familiares del país. Recordemos que el DL 1333, aprobado dentro del paquete de 112 decretos dados por el Ejecutivo dentro de las facultades otorgadas por el Congreso, crea la institución denominada APIP con procedimientos ad hoc para otorgar títulos en tierras donde se desarrollarán proyectos de inversión priorizados. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, que tenía el encargo de revisar la constitucionalidad de dicha norma, hizo suyos los argumentos que presentaron las organizaciones indígenas sobre la inconstitucionalidad de este decreto. Finalmente, por mayoría absoluta, se acordó su derogación en el Pleno del Congreso. La autógrafa se envió al Ejecutivo para su publicación, sin embargo, el Ejecutivo observó el acuerdo de derogatoria, quedando el DL 1333 vigente hasta el momento. El proyecto de ley insiste en crear una institucionalidad denominada APIP exclusivamente para sanear y expropiar predios necesarios para obras de infraestructura priorizada. Esta institución estaría dentro de PROINVERSIÓN, agencia adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin experiencia en materia de saneamiento y expropiación, con funciones que entran en conflicto de competencias con otras instituciones del Estado como Ministerio de Agricultura y Riego, Gobiernos Regionales o SUNARP, y en algunos casos va más allá de la constitución y el ordenamiento legal, lo que generará inseguridad jurídica en los propietarios de tierras. Por su parte, la justificación que el Estado da sobre esta norma es la demora en la entrega de bienes inmuebles necesario para un proyecto de inversión privado o público, dejando de lado el saneamiento de tierras comunales. Aunque el proyecto de ley contempla la exclusión de inmuebles de propiedad y/o posesión de pueblos indígenas, esta exclusión es insuficiente puesto que más de la mitad de comunidades campesinas no están reconocidas como...

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SOCIEDAD CIVIL SE PRONUNCIA CONTRA FALLO DEL TC QUE LIQUIDARÍA OEFA Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN EL PERÚ
Jul04

SOCIEDAD CIVIL SE PRONUNCIA CONTRA FALLO DEL TC QUE LIQUIDARÍA OEFA Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN EL PERÚ

LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE CONFORMAN EL GRUPO DE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA CNDDHH SE PRONUNCIAN EN DEFENSA DEL APORTE POR REGULACIÓN DE OEFA   El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es el ente supervisor y fiscalizador de las obligaciones socio-ambientales de las empresas mineras derivadas de los estudios ambientales y la normatividad ambiental vigente. Los fondos para realizar dichas labores provienen de las empresas que deben ser fiscalizadas que al haber creado riesgos socio-ambientales debe asumir el costo del control y supervisión por parte del OEFA pagando por ello un Aporte por Regulación (APR) en aplicación del principio de internalización de costos.   En ese escenario, en marzo de 2014, la  empresa minera PERUBAR SA interpone una acción de amparo  solicitando se inaplique el Decreto Supremo N° 130-2013-PCDM  que regula el Aporte por Regulación antes mencionado.. Luego de que la demanda fuera desestimada, se presentaron recursos impugnatorios, que terminaron por confirmar su improcedencia, agotándose las instancias dentro del Poder Judicial. Posteriormente, el 20 de agosto de 2015, PERUBAR SA interpone un recurso de agravio constitucional, concedido por el Tribunal Constitucional (TC). Si bien se procedió con los trámites procesales correspondientes, es cuestionable que el TC dejó entrever la vulneración de los derechos constitucionales de PERUBAR SA, advirtiendo que correspondería emitir un pronunciamiento sobre las cuestiones sustanciales de la causa. Ello, sería un hecho sin precedentes y vulneratorio a las facultades que por ley se fueron designadas al OEFA.   Es probable que en los próximos días el TC se pronuncie sobre la demanda presentada por PERUBAR SA contra OEFA y otros, en la que está pidiendo que NO SE LE COBRE el APR, es decir los aportes que el OEFA recibe por las multas que impone, y que se les devuelva todo lo pagado hasta la fecha   El APR es importante porque permite financiar el 75% del presupuesto general del OEFA, monto que se dedica exclusivamente a la fiscalización ambiental. Esto significa que las 29 oficinas a nivel nacional tendrían que reducirse o desaparecer, según declara su propia titular.   El problema es que el TC pretende inaplicar en un proceso de amparo una norma (el DS N°130-2013-PCM) que la Corte Suprema declaró constitucional, en un proceso de acción popular interpuesto por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), expediente N°16216-2014. En otras palabras, el TC se pronunciará sobre una materia que cuenta con una cosa juzgada.   Un pronunciamiento del TC a favor de PERUBAR SA implicaría una grave violación de la garantía constitucional de cosa juzgada, porque en los hechos, estaría reabriendo el proceso, lo cual está expresamente prohibido.   Cabe recordar...

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VIII FOSPA: Carta del encuentro internacional en Tarapoto 2017
May11

VIII FOSPA: Carta del encuentro internacional en Tarapoto 2017

El VIII Foro Social Panamazónico, realizado entre el 28 de abril y el 1 de mayo de 2017 en Tarapoto, Perú, produjo, como fruto de sus reflexiones y debates colectivos, protagonizados por las diversas organizaciones, movimientos y redes de la panamazonía participantes, así como por todo el proceso previo de casi año y medio de trabajos, este documento que constituye una hoja de ruta para las luchas de resistencia, propuesta y cambio para preservar la panamazonía andina en el marco de un nuevo orden civilizatorio. VIII Foro Social Panamazónico Carta de Tarapoto   La Panamazonía está formada por territorios históricamente construidos por la Naturaleza y por los pueblos originarios, comunidades locales, ribereñas, campesinas y otras quienes hemos fecundado nuestros sentidos de vida en estas realidades e imaginarios. Un sentido de territorialidad basado en relaciones de respeto e integración con el tejido amazónico en todas sus dimensiones, no sólo material, sino espiritual, cultural y de uso; todas ellas en disputa histórica desde la violenta llegada de sociedades y visiones colonialistas, expoliadoras y mercantilistas. Esta disputa se enmarca dentro del despliegue del sistema capitalista y el modelo de desarrollo depredador, patriarcal y racista, instaurado desde la imposición del colonialismo generador de desigualdades en todas sus formas. El desarrollo de este sistema, acompañado de los diversos fundamentalismos, está incidiendo en el retroceso de la vigencia de los derechos de los pueblos, especialmente los alcanzados por las mujeres. Muy a pesar de ello, los pueblos amazónicos y andinos resistimos y pervivimos con el indeclinable compromiso de defender la vida en nuestros territorios. Por eso, los pueblos de los nueve países de la cuenca amazónica, tomando la posta de Macapá, reunidos en Tarapoto-Perú, junto a hermanas y hermanos de otras latitudes acudimos al llamado de la Amazonía y sus pueblos, convocados por el VIII Foro Social Panamazónico. El modelo civilizatorio capitalista, se expresa actualmente en el desarrollo extractivista y de “economía verde”. Este es implementado a través de empresas transnacionales y nacionales amparados por los Estados de la Panamazonía que dejan de lado su papel de garante de los derechos de los pueblos y la Naturaleza, poniendo en serio peligro la sostenibilidad de los territorios, la soberanía alimentaria, aumentando nuestra vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático y provocando graves cambios socioculturales en la Naturaleza y la vida de los pueblos. En este escenario se limita cada vez más la soberanía y autodeterminación y los derechos son menos reconocidos y más violentados. Tal como viene sucediendo con la consulta previa libre e informada, cuya aplicación se está convirtiendo en un procedimiento administrativo, cuando sabemos que debe basarse en el respeto a los derechos...

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SOCIEDAD CIVIL PERUANA DEMANDA AL GOBIERNO  TRANSPARENCIA SOCIO-AMBIENTAL EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
Mar05

SOCIEDAD CIVIL PERUANA DEMANDA AL GOBIERNO TRANSPARENCIA SOCIO-AMBIENTAL EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

PRONUNCIAMIENTO SOCIEDAD CIVIL PERUANA DEMANDA AL GOBIERNO TRANSPARENCIA SOCIO-AMBIENTAL EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, en inglés) es una alianza internacional conformada por gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil de 51 países para transparentar la información sobre la industria extractiva (minería, petróleo y gas) a lo largo de la cadena de valor (concesiones, contratos, pagos, ingresos, gasto, etc.).   Perú lleva 12 años implementando el EITI, el año 2012 obtuvo la certificación de país cumplidor y en febrero de 2016 fue sede de la VII Conferencia Global EITI. En esa ocasión la sociedad civil latinoamericana demandó a través de un pronunciamiento la inclusión de la información socio-ambiental dentro del estándar EITI.   Desde julio 2016, Perú se realiza un nuevo proceso de validación de sus avances en el Estándar EITI, proceso conducido por el Secretariado Internacional. A finales de diciembre pasado, la Comisión Nacional EITI (DS 028-2011-EM) aprobó su Plan de Trabajo 2016-2018, en el cual, a pesar de la insistencia de los representantes de sociedad civil, no se ha logrado consenso para incluir la temática socio-ambiental en dicho Plan de Trabajo. La transparencia en temas sociales y ambientales es una demanda creciente de las organizaciones comunales, indígenas y autoridades locales, fundamental para la gobernanza de los recursos naturales, razón por la cual nos preocupa que la Comisión Nacional no la haya incluido en su agenda para el presente y próximo año.   Ante el actual contexto político y económico, de caída de los precios de las materias primas y las inversiones, los gobiernos vienen promoviendo estas inversiones a través de la flexibilización de estándares socio-ambientales, la precarización laboral, la criminalización de la protesta, el recorte de derechos territoriales (Decretos Legislativos 1330 y 1333) y a la consulta previa de los pueblos indígenas, todo lo cual aumenta la conflictividad social. Los graves hechos de corrupción que involucran a las más altas autoridades de los gobiernos anteriores han conmocionado al país y en lugar de avanzar se observan retrocesos en materia de transparencia y rendición de cuentas (Decreto Legislativo 1353). Por ello, las organizaciones de la sociedad civil suscribimos el presente pronunciamiento manifestando que:   Existe una gran preocupación sobre la transparencia en las industrias extractivas en nuestro país, por los casos de corrupción que se han evidenciado públicamente a nivel nacional, en Latinoamérica y en el Caribe. Por lo que es necesario incrementar los mecanismos de transparencia a todo nivel y en particular sobre los gastos sociales y la información ambiental de las empresas extractivas. Los impactos socio-ambientales negativos de las industrias extractivas pueden agravarse sino se actúa en este momento....

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Organizaciones expresan preocupación por cancelación de visita de la CIDH a comunidades impactadas por derrames de petróleo
Feb21

Organizaciones expresan preocupación por cancelación de visita de la CIDH a comunidades impactadas por derrames de petróleo

PRONUNCIAMIENTO FOTO: Publicada en Ojo Público / Midchel Meza C. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EXPRESAN SU PREOCUPACIÓN POR LA CANCELACIÓN DE LA VISITA IN LOCO QUE HARÍA ESTA SEMANA LA CIDH A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS IMPACTADAS POR LOS DERRAMES DE PETRÓLEO EN LA AMAZONIA PERUANA Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenía prevista una visita al Perú del 21 al 24 de febrero próximo (1) , que incluía el traslado al territorio de las comunidades indígenas amazónicas de Chiriaco (Amazonas), Morona y Cuninico (Loreto), las cuales han sido afectadas por los derrames de petróleo del oleoducto norperuano. Sin embargo, el viernes pasado, a menos de una semana, la CIDH dio a conocer de manera informal la decisión de cancelar la visita al territorio indígena. Es necesario recordar que los pueblos indígenas de la Amazonía peruana han enfrentado números derrames de petróleo en los últimos años, con consecuencias graves para la vida e integridad de las comunidades indígenas, en especial de los niños, niñas, mujeres y personas de la tercera edad.  Tan sólo en el 2016 se presentaron 12 derrames de petróleo (2) . Ante la falta de respuesta efectiva por parte del Estado, esta situación ha sido denunciada ante la CIDH, sobre quienes las personas afectadas, los líderes y organizaciones indígenas, así como las organizaciones de la sociedad civil han depositado la confianza y esperan una respuesta que permita la reivindicación de derechos. Ante el anunció de la visita a sus territorios indígenas y la posibilidad de ser escuchados de manera directa por la CIDH, desde hace varios días las comunidades vienen realizando gestiones y esfuerzos para trasladar a los/as afectados/as y a sus dirigentes, para conseguir recursos que permitan acondicionar los lugares de recepción, prevean alimentación, etc. Esto, a pesar de las dificultades de la realidad geográfica y territorial de la Amazonía. Estas acciones expresan un nivel de expectativa y de organización que debe ser reconocido. La cancelación de esta visita por parte de la CIDH es preocupante, no solo desconoce estos esfuerzos y su complejidad, sino que abona al debilitamiento de los liderazgos y las organizaciones indígenas, ya que, estos liderazgos serían cuestionados por sus bases por el incumplimiento de la visita. Con la cancelación y el procedimiento de la misma, la CIDH pierde de vista la propia jurisprudencia y doctrina del Sistema Interamericano y los avances en materia de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y enfoque intercultural. Estamos conscientes de la complejidad que representa cualquier misión, pero consideramos que la CIDH es una organización de carácter internacional, con una institucionalidad que debe estar preparada para diferentes contingencias. Y de esa...

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BASTA DE CORRUPCIÓN Y ENGAÑOS AL PAÍS: LA CIUDADANÍA EXIGE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN EJEMPLARES
Feb09

BASTA DE CORRUPCIÓN Y ENGAÑOS AL PAÍS: LA CIUDADANÍA EXIGE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN EJEMPLARES

COORDINADORA CONTRA LA CORRUPCIÓN PRONUNCIAMIENTO  BASTA DE CORRUPCIÓN Y ENGAÑOS AL PAÍS: LA CIUDADANÍA EXIGE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN EJEMPLARES Ante los graves hechos de corrupción promovidos por las empresas constructoras Odebrecht y Camargo Corrêa, y el terrible impacto de estos casos sobre nuestro país y sus instituciones, las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos al país para expresar que: La corrupción promovida por las empresas Odebrecht y Camargo Corrêa constituye el mayor caso de corrupción de la historia sudamericana. En Perú, es el proceso más grande después de la sistémica corrupción del período fujimorista. Pese a ello, el tipo de corrupción al que nos enfrentamos tiene un rasgo distinto a la de los noventa en Perú: esta vez no es el Estado el principal corruptor, sino la gran empresa privada: Odebrecht ha reconocido haber pagado coimas por, al menos, 29 millones de dólares entre los años 2005 y 2014, y se ha acreditado las mismas prácticas de Camargo Corrêa en años recientes. Sin embargo, ambas operan en Perú desde 1978. Por ello, exigimos que las investigaciones involucren todos estos períodos y no se direccionen políticamente solo sobre algunos personajes y gobiernos, como pretende hacerlo la Comisión Lava Jato del Congreso de la República. Demandamos que las investigaciones deriven en reformas que aborden los aspectos estructurales que han motivado y facilitado la corrupción, y han derivado en que hoy sea parte de una estrategia de inversión que pretende maximizar las ganancias privadas violentando los mecanismos institucionales, pervirtiendo al funcionariado público, acallando las voces críticas y reprimiendo toda acción ciudadana de vigilancia y cuestionamiento, como ocurre en el caso de los megaproyectos. En este sentido, las medidas a tomar rebasan los aspectos procesales y deben avanzar sobre cambios en el modelo económico, de promoción de la inversión y la desaparición de las asociaciones público-privado. El Estado debe responder a la ciudadanía y al interés público, y tomar distancia de los intereses particulares que lo han pervertido para delinquir y atentar contra los derechos fundamentales de las poblaciones más excluidas del crecimiento y desarrollo del país, ampliando las brechas y desigualdades. No toleramos más la impunidad. Históricamente, como sociedad hemos desarrollado cierta tolerancia a la corrupción, tal como lo evidencian importantes investigaciones académicas. Sin embargo, acontecimientos como los de Puente Piedra llaman la atención sobre el creciente hartazgo ciudadano y el desarrollo de una conciencia cada vez más amplia del impacto de la corrupción sobre nuestras vidas, escasos recursos y posibilidades de desarrollo. Por ello, demandamos al Ministerio Público que el proceso de investigación se lleve en forma ejemplar, a la Procuraduría Anticorrupción que defienda de manera absoluta los intereses del Estado que...

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