VIII FOSPA: Carta del encuentro internacional en Tarapoto 2017
May11

VIII FOSPA: Carta del encuentro internacional en Tarapoto 2017

El VIII Foro Social Panamazónico, realizado entre el 28 de abril y el 1 de mayo de 2017 en Tarapoto, Perú, produjo, como fruto de sus reflexiones y debates colectivos, protagonizados por las diversas organizaciones, movimientos y redes de la panamazonía participantes, así como por todo el proceso previo de casi año y medio de trabajos, este documento que constituye una hoja de ruta para las luchas de resistencia, propuesta y cambio para preservar la panamazonía andina en el marco de un nuevo orden civilizatorio. VIII Foro Social Panamazónico Carta de Tarapoto   La Panamazonía está formada por territorios históricamente construidos por la Naturaleza y por los pueblos originarios, comunidades locales, ribereñas, campesinas y otras quienes hemos fecundado nuestros sentidos de vida en estas realidades e imaginarios. Un sentido de territorialidad basado en relaciones de respeto e integración con el tejido amazónico en todas sus dimensiones, no sólo material, sino espiritual, cultural y de uso; todas ellas en disputa histórica desde la violenta llegada de sociedades y visiones colonialistas, expoliadoras y mercantilistas. Esta disputa se enmarca dentro del despliegue del sistema capitalista y el modelo de desarrollo depredador, patriarcal y racista, instaurado desde la imposición del colonialismo generador de desigualdades en todas sus formas. El desarrollo de este sistema, acompañado de los diversos fundamentalismos, está incidiendo en el retroceso de la vigencia de los derechos de los pueblos, especialmente los alcanzados por las mujeres. Muy a pesar de ello, los pueblos amazónicos y andinos resistimos y pervivimos con el indeclinable compromiso de defender la vida en nuestros territorios. Por eso, los pueblos de los nueve países de la cuenca amazónica, tomando la posta de Macapá, reunidos en Tarapoto-Perú, junto a hermanas y hermanos de otras latitudes acudimos al llamado de la Amazonía y sus pueblos, convocados por el VIII Foro Social Panamazónico. El modelo civilizatorio capitalista, se expresa actualmente en el desarrollo extractivista y de “economía verde”. Este es implementado a través de empresas transnacionales y nacionales amparados por los Estados de la Panamazonía que dejan de lado su papel de garante de los derechos de los pueblos y la Naturaleza, poniendo en serio peligro la sostenibilidad de los territorios, la soberanía alimentaria, aumentando nuestra vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático y provocando graves cambios socioculturales en la Naturaleza y la vida de los pueblos. En este escenario se limita cada vez más la soberanía y autodeterminación y los derechos son menos reconocidos y más violentados. Tal como viene sucediendo con la consulta previa libre e informada, cuya aplicación se está convirtiendo en un procedimiento administrativo, cuando sabemos que debe basarse en el respeto a los derechos...

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SOCIEDAD CIVIL PERUANA DEMANDA AL GOBIERNO  TRANSPARENCIA SOCIO-AMBIENTAL EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
Mar05

SOCIEDAD CIVIL PERUANA DEMANDA AL GOBIERNO TRANSPARENCIA SOCIO-AMBIENTAL EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

PRONUNCIAMIENTO SOCIEDAD CIVIL PERUANA DEMANDA AL GOBIERNO TRANSPARENCIA SOCIO-AMBIENTAL EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, en inglés) es una alianza internacional conformada por gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil de 51 países para transparentar la información sobre la industria extractiva (minería, petróleo y gas) a lo largo de la cadena de valor (concesiones, contratos, pagos, ingresos, gasto, etc.).   Perú lleva 12 años implementando el EITI, el año 2012 obtuvo la certificación de país cumplidor y en febrero de 2016 fue sede de la VII Conferencia Global EITI. En esa ocasión la sociedad civil latinoamericana demandó a través de un pronunciamiento la inclusión de la información socio-ambiental dentro del estándar EITI.   Desde julio 2016, Perú se realiza un nuevo proceso de validación de sus avances en el Estándar EITI, proceso conducido por el Secretariado Internacional. A finales de diciembre pasado, la Comisión Nacional EITI (DS 028-2011-EM) aprobó su Plan de Trabajo 2016-2018, en el cual, a pesar de la insistencia de los representantes de sociedad civil, no se ha logrado consenso para incluir la temática socio-ambiental en dicho Plan de Trabajo. La transparencia en temas sociales y ambientales es una demanda creciente de las organizaciones comunales, indígenas y autoridades locales, fundamental para la gobernanza de los recursos naturales, razón por la cual nos preocupa que la Comisión Nacional no la haya incluido en su agenda para el presente y próximo año.   Ante el actual contexto político y económico, de caída de los precios de las materias primas y las inversiones, los gobiernos vienen promoviendo estas inversiones a través de la flexibilización de estándares socio-ambientales, la precarización laboral, la criminalización de la protesta, el recorte de derechos territoriales (Decretos Legislativos 1330 y 1333) y a la consulta previa de los pueblos indígenas, todo lo cual aumenta la conflictividad social. Los graves hechos de corrupción que involucran a las más altas autoridades de los gobiernos anteriores han conmocionado al país y en lugar de avanzar se observan retrocesos en materia de transparencia y rendición de cuentas (Decreto Legislativo 1353). Por ello, las organizaciones de la sociedad civil suscribimos el presente pronunciamiento manifestando que:   Existe una gran preocupación sobre la transparencia en las industrias extractivas en nuestro país, por los casos de corrupción que se han evidenciado públicamente a nivel nacional, en Latinoamérica y en el Caribe. Por lo que es necesario incrementar los mecanismos de transparencia a todo nivel y en particular sobre los gastos sociales y la información ambiental de las empresas extractivas. Los impactos socio-ambientales negativos de las industrias extractivas pueden agravarse sino se actúa en este momento....

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Organizaciones expresan preocupación por cancelación de visita de la CIDH a comunidades impactadas por derrames de petróleo
Feb21

Organizaciones expresan preocupación por cancelación de visita de la CIDH a comunidades impactadas por derrames de petróleo

PRONUNCIAMIENTO FOTO: Publicada en Ojo Público / Midchel Meza C. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EXPRESAN SU PREOCUPACIÓN POR LA CANCELACIÓN DE LA VISITA IN LOCO QUE HARÍA ESTA SEMANA LA CIDH A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS IMPACTADAS POR LOS DERRAMES DE PETRÓLEO EN LA AMAZONIA PERUANA Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenía prevista una visita al Perú del 21 al 24 de febrero próximo (1) , que incluía el traslado al territorio de las comunidades indígenas amazónicas de Chiriaco (Amazonas), Morona y Cuninico (Loreto), las cuales han sido afectadas por los derrames de petróleo del oleoducto norperuano. Sin embargo, el viernes pasado, a menos de una semana, la CIDH dio a conocer de manera informal la decisión de cancelar la visita al territorio indígena. Es necesario recordar que los pueblos indígenas de la Amazonía peruana han enfrentado números derrames de petróleo en los últimos años, con consecuencias graves para la vida e integridad de las comunidades indígenas, en especial de los niños, niñas, mujeres y personas de la tercera edad.  Tan sólo en el 2016 se presentaron 12 derrames de petróleo (2) . Ante la falta de respuesta efectiva por parte del Estado, esta situación ha sido denunciada ante la CIDH, sobre quienes las personas afectadas, los líderes y organizaciones indígenas, así como las organizaciones de la sociedad civil han depositado la confianza y esperan una respuesta que permita la reivindicación de derechos. Ante el anunció de la visita a sus territorios indígenas y la posibilidad de ser escuchados de manera directa por la CIDH, desde hace varios días las comunidades vienen realizando gestiones y esfuerzos para trasladar a los/as afectados/as y a sus dirigentes, para conseguir recursos que permitan acondicionar los lugares de recepción, prevean alimentación, etc. Esto, a pesar de las dificultades de la realidad geográfica y territorial de la Amazonía. Estas acciones expresan un nivel de expectativa y de organización que debe ser reconocido. La cancelación de esta visita por parte de la CIDH es preocupante, no solo desconoce estos esfuerzos y su complejidad, sino que abona al debilitamiento de los liderazgos y las organizaciones indígenas, ya que, estos liderazgos serían cuestionados por sus bases por el incumplimiento de la visita. Con la cancelación y el procedimiento de la misma, la CIDH pierde de vista la propia jurisprudencia y doctrina del Sistema Interamericano y los avances en materia de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y enfoque intercultural. Estamos conscientes de la complejidad que representa cualquier misión, pero consideramos que la CIDH es una organización de carácter internacional, con una institucionalidad que debe estar preparada para diferentes contingencias. Y de esa...

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BASTA DE CORRUPCIÓN Y ENGAÑOS AL PAÍS: LA CIUDADANÍA EXIGE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN EJEMPLARES
Feb09

BASTA DE CORRUPCIÓN Y ENGAÑOS AL PAÍS: LA CIUDADANÍA EXIGE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN EJEMPLARES

COORDINADORA CONTRA LA CORRUPCIÓN PRONUNCIAMIENTO  BASTA DE CORRUPCIÓN Y ENGAÑOS AL PAÍS: LA CIUDADANÍA EXIGE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN EJEMPLARES Ante los graves hechos de corrupción promovidos por las empresas constructoras Odebrecht y Camargo Corrêa, y el terrible impacto de estos casos sobre nuestro país y sus instituciones, las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos al país para expresar que: La corrupción promovida por las empresas Odebrecht y Camargo Corrêa constituye el mayor caso de corrupción de la historia sudamericana. En Perú, es el proceso más grande después de la sistémica corrupción del período fujimorista. Pese a ello, el tipo de corrupción al que nos enfrentamos tiene un rasgo distinto a la de los noventa en Perú: esta vez no es el Estado el principal corruptor, sino la gran empresa privada: Odebrecht ha reconocido haber pagado coimas por, al menos, 29 millones de dólares entre los años 2005 y 2014, y se ha acreditado las mismas prácticas de Camargo Corrêa en años recientes. Sin embargo, ambas operan en Perú desde 1978. Por ello, exigimos que las investigaciones involucren todos estos períodos y no se direccionen políticamente solo sobre algunos personajes y gobiernos, como pretende hacerlo la Comisión Lava Jato del Congreso de la República. Demandamos que las investigaciones deriven en reformas que aborden los aspectos estructurales que han motivado y facilitado la corrupción, y han derivado en que hoy sea parte de una estrategia de inversión que pretende maximizar las ganancias privadas violentando los mecanismos institucionales, pervirtiendo al funcionariado público, acallando las voces críticas y reprimiendo toda acción ciudadana de vigilancia y cuestionamiento, como ocurre en el caso de los megaproyectos. En este sentido, las medidas a tomar rebasan los aspectos procesales y deben avanzar sobre cambios en el modelo económico, de promoción de la inversión y la desaparición de las asociaciones público-privado. El Estado debe responder a la ciudadanía y al interés público, y tomar distancia de los intereses particulares que lo han pervertido para delinquir y atentar contra los derechos fundamentales de las poblaciones más excluidas del crecimiento y desarrollo del país, ampliando las brechas y desigualdades. No toleramos más la impunidad. Históricamente, como sociedad hemos desarrollado cierta tolerancia a la corrupción, tal como lo evidencian importantes investigaciones académicas. Sin embargo, acontecimientos como los de Puente Piedra llaman la atención sobre el creciente hartazgo ciudadano y el desarrollo de una conciencia cada vez más amplia del impacto de la corrupción sobre nuestras vidas, escasos recursos y posibilidades de desarrollo. Por ello, demandamos al Ministerio Público que el proceso de investigación se lleve en forma ejemplar, a la Procuraduría Anticorrupción que defienda de manera absoluta los intereses del Estado que...

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AUTORIDAD PARA LA TRANSPARENCIA: UNA PROMESA INCUMPLIDA
Ene25

AUTORIDAD PARA LA TRANSPARENCIA: UNA PROMESA INCUMPLIDA

PRONUNCIAMIENTO AUTORIDAD PARA LA TRANSPARENCIA: UNA PROMESA INCUMPLIDA Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento, dedicadas a hacer el seguimiento de los compromisos de Perú ante la Alianza para el Gobierno Abierto desde su adhesión en 2012, llamamos la atención del Presidente de la República, Sr. Pedro Pablo Kuczynski, sobre el grave retroceso en materia de transparencia y acceso a la información pública que supone el Decreto Legislativo N° 1353 que crea una oficina en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), calificándola como “Autoridad Nacional”, pero carente del nivel y de atribuciones mínimas para una entidad de esta naturaleza. ESTA NORMA MENOSCABA LA INSTITUCIONALIDAD DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN POR LO SIGUIENTE: Resta por completo el nivel jerárquico requerido por una autoridad nacional, al establecer esta entidad como una oficina dentro del MINJUS y no un organismo técnico especializado con autonomía para fiscalizar y sancionar a toda la administración pública. Crea una “Autoridad” carente de capacidad para dejar sin efecto los argumentos antojadizos o arbitrarios que las entidades públicas utilizan con frecuencia para calificar como reservada, confidencial y secreta la información que poseen.Permite a las entidades públicas fijar unilateralmente el plazo de respuesta a las solicitudes de información pública, retrocediendo en el cumplimiento de este derecho. Instaura un Tribunal Administrativo en paralelo a la “Autoridad”, al anterior del MINJUS, como instancia ministerial para resolver quejas por falta de acceso a la información pública, que tampoco cuenta con atribuciones para acceder a la información clasificada como reservada, confidencial o secreta por las entidades públicas, limitándose así sustantivamente la eficacia de sus funciones.Limita la labor sancionadora del mismo Tribunal frente a quienes violan la ley, toda vez que únicamente conocerá casos en apelación cuando primero la propia entidad pública hubiera sancionado al funcionario responsable, y este no estuviese satisfecho con esa decisión. Cabe anotar que contar con una entidad autónoma dedicada a promover la transparencia y la adecuada implementación del derecho de acceso a la información pública, fue una demanda de la sociedad civil y materia de un amplio consenso con el Estado peruano al interior de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), que derivó en una propuesta legislativa entregada a la Presidencia del Consejo de Ministros en mayo de 2016. Satisfacer esta demanda fue parte del plan de gobierno de Peruanos por el Kambio, por lo que en setiembre de 2016 el gobierno instaló un grupo de trabajo integrado por expertos del sector público y privado dentro del MINJUS para diseñar un organismo especializado con autonomía técnica y presupuestal, capaz de fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la ley. La propuesta de la...

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Declaración del Foro Nacional Perú en Camino al VIII FOSPA
Nov02

Declaración del Foro Nacional Perú en Camino al VIII FOSPA

DECLARACIÓN FORO NACIONAL PERU EN CAMINO AL  VIII FOSPA–TARAPOTO Las mujeres, los hombres y los jóvenes de la Amazonía, de los Andes y la Costa peruana, representados por las organizaciones indígenas, organizaciones sociales, instituciones de la sociedad civil y movimientos sociales asistentes, sostenemos que el sistema capitalista y la globalización viene imponiendo un modelo de desarrollo que mercantiliza la naturaleza e incentiva un estilo de vida consumista dependiente de fuentes de energía fósiles, que amenaza la seguridad de los territorios indígenas y no prioriza el cuidado de los bienes de la naturaleza. Este modelo genera deforestación, contaminación de cabeceras de cuenca y ríos, y destrucción de la naturaleza, con lo cual somos testigos de la alteración de los ecosistemas y el agravamiento de los impactos negativos del cambio climático. Asistimos a un proceso acelerado de acaparamiento de tierras y monocultivos que pone en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria y que se expresa entre otras cosas en el incremento de la migración, la fragmentación del territorio y la deforestación. Este proceso se ve facilitado por las inadecuadas e inaplicables políticas agrarias que contribuye a la pérdida de productos tradicionales por promover principalmente productos para la exportación como la palma aceitera, cacao, etc., funcionales a la lógica del mercado, que  no contribuyen a lograr soberanía y seguridad alimentaria. A esto se añade el no reconocimiento del aporte de las mujeres amazónicas, andinas y costeñas y la consecuente pérdida de conocimientos ancestrales que atenta contra el cuidado y promoción de la biodiversidad, aspecto central para el bienestar de la humanidad. Este modelo de desarrollo no responde a las necesidades de nuestros pueblos ni se enriquece de nuestros modelos de Vida plena/Buen Vivir, pero además nos afecta porque agudiza la inseguridad alimentaria, la pérdida de saberes ancestrales como aporte a la lucha contra la pobreza y cambio climático, poniendo en riesgo el futuro de nuestras generaciones y recortando sus posibilidades de desarrollo, así como la vida del planeta. Este modelo de desarrollo favorece exclusivamente a las empresas y las grandes inversiones privadas mediante leyes que rebajan los estándares ambientales y atropellan los derechos de los pueblos, especialmente los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables, y aumenta los conflictos socioambientales. Los megaproyectos extractivos y de infraestructura impactan con mayor fuerza a las mujeres (trata de mujeres y niñas, violaciones, embarazos adolescentes, niños/as abandonados/a). Con ello viola los derechos fundamentales de los pueblos. Desde la unidad ecológica y diversidad cultural de la Amazonía y los Andes, donde los ríos amazónicos nacen en los Andes y los bosques amazónicos llevan las lluvias a los Andes, en un vínculo indesligable de reciprocidad y complementariedad, los...

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