Desde el Congreso: Ignorancia y desprecio por los derechos indígenas

La semana pasada han circulado por las redes sociales comentarios escuetos y aislados de Ricardo Vásquez Kunze, director del Fondo Editorial del Congreso, y de Juan Carlos del Águila, congresista de la República por Fuerza Popular. El primero lanza su opinión respecto a la política de lenguas del Estado y, el segundo, propone concentrar a la población rural amazónica, a fin de que el Estado pueda atenderlos con servicios. El antropólogo Alberto Chirif y la sociolingüista Virginia Zavala les responden.

“Las comunidades deben emigrar a donde haya mejores condiciones para vivir, para desarrollarse, para progresar. El estado no puede licuar el presupuesto para atender con los servicios básicos a 500 pueblitos, es mejor concentrarlos en poblados intermedios y allí el apoyo del estado será más efectivo.”

Juan Carlos del Águila. Congresista

¿Qué hay detrás de la afirmación del congresista del Águila de que el Estado debe concentrar a la población rural para darle servicios? La respuesta se puede sintetizar en una sola palabra: ignorancia.

Ubicamos rápidamente la trayectoria profesional y política del congresista. Es natural de Iquitos y estudió, sin concluirla, la carrera de Administración en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP). Sin embargo, esto no le ha impedido ocupar importantes puestos en instituciones del Estado: asesor del Ministerio de Vivienda en 2007 y del Ministerio de Salud en 2008; y privadas: las jefaturas de las AFP Horizonte y El Roble en la década del 1990.

En el 2002 fue elegido alcalde provincial de Maynas por el partido aprista, pero no logró la reelección en 2006. Luego de acercamientos con el Movimiento Integración Loretana (MIL) y con Fuerza Loretana, señaló que solo evaluaría alianzas con Mi Loreto y con Fuerza Popular. Concretó su unión con el fujimorismo y fue elegido congresista para el periodo 2016-2021.

En 2017 fue interrogado por el Ministerio Público como parte de la investigación por las presuntas irregularidades cuando era alcalde de la provincia de Maynas en la obra “Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Iquitos”, ejecutada por la empresa brasileña Odebrecht. Ese mismo año, su hermano Juan Manuel fue contratado como asesor de la Jefatura Zonal de Iquitos de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Fuentes periodísticas han señalado que el congresista influyó en esto, a pesar de que la Ley de Contrataciones del Estado prohíbe que familiares de congresistas tengan contratos con las entidades de gobierno.

Del Águila se refiere a “500 pueblitos”. Se equivoca. Según información comprobada del Instituto del Bien Común (Las comunidades que mueven al país. El estado de las comunidades rurales en el Perú. Lima, 2012) existen 2274 comunidades nativas en la Amazonía, de las cuales 1271 tienen títulos de propiedad sobre sus tierras. Entran también en la categoría de “pueblitos”, 2400 comunidades campesinas-ribereñas. Cada una de estas categorías alberga medio millón de habitantes. ¿Cómo hacemos, congresista, para dar paso a la solución que Ud, plantea? ¿Que se junte un millón de personas y abandonen sus tierras, porque, como comprenderá, estas no se pueden concentrar? ¿Pero entonces, de que van a vivir? ¿O lo suyo es parte de una estrategia similar a la del “perro del hortelano” para despojar de las tierras a indígenas y campesinos para ponerlas al servicio de empresas?

La concentración de los pobladores indígenas en el Perú y otros países de la América del Sur es una historia antigua y siempre ha prometido lo mismo: mejoras, progreso y desarrollo, aunque en sus inicios también prometía la salvación eterna, ya que esta política fue impulsada por misioneros durante la Colonia. Después vinieron los patrones que siguieron concentrando a la población para disponer de mano de obra y liberar tierras que pasaron a ser propiedad de ellos. La expansión de las escuelas, a partir de la década de 1950, hizo lo mismo: concentrar para el progreso, pero en realidad impartieron, e imparten, una educación que a la gente no le sirve más que para dejarla en el medio de la nada, ya que por asistir a ellas pierde los conocimientos que su sociedad le proporcionaba para vivir en el bosque y no adquiere aquellos necesarios para, por ejemplo, ingresar a la universidad y, claro, terminar los estudios.

Pero no hace falta irse muy lejos para aprender que las mejoras no dependen de la concentración. Iquitos es una gran concentración de moradores que, a la fecha, supera el medio millón de personas, es decir, una cantidad similar a la que tienen, cada una por su lado, las comunidades nativas y las comunidades ribereñas. ¿Piensa Ud., congresista, que ellos han logrado una buena atención el Estado? Dese una vuelta por los barrios periféricos de Iquitos para que vea cómo son las cosas, aunque a veces no es necesario ni siquiera eso, porque los desastres pueden verse en el mismo centro de la ciudad. Por ejemplo, el servicio de agua. Gran parte de la ciudad de Iquitos carece de él, no obstante haber Ud. contratado a la empresa Odebrecht para que amplíe y mejore la red de agua potable y alcantarillado. Más aún, en las mismas zonas donde se han instalado tanques elevados –Ud. recordará como muchos de ellos presentaban filtraciones de agua- la gente dispone de agua solo en las madrugadas. Pero podemos mencionarle otros servicios: pistas, alumbrado y, por supuesto, salud y educación públicas. ¿La concentración de esa población ha significado que mejoren sus condiciones de vida, ha implicado un avance en la conciencia ciudadana para para el mayor respeto a la vida y a la tranquilidad de las personas? Las condiciones del tráfico y de la contaminación sonora en la ciudad, respecto a las cuales Ud. no hizo nada para mejorarlas cuando fue alcalde, indican que no es cierto que la concentración obre los prodigios que Ud. le atribuye.

Muchos iquiteños que llegan a ocupar cargos de poder no conocen la Amazonía y su reclamo de amazónicos es solo por haber nacido en la región, no por conocerla. Por eso al hablar no hacen otra cosa que desenrollar una sarta de prejuicios, de lugares comunes, de trivialidades, de clichés que lo único que exhiben de verdad es la ignorancia de quienes los exponen.


“El propósito que subyace a esta política de Estado es la integración nacional. No estoy de acuerdo y creo es un error garrafal de la política cultural de este régimen, porque es muy probable que se produzca el efecto contrario, es decir, la desintegración nacional de aquellos compatriotas que tienen limitaciones para contactarse con el único idioma que integra en la vida real a todos los peruanos: el castellano”.

Ricardo Vásquez Kunze, director del Fondo Editorial del Congreso

El reciente comentario de Ricardo Vásquez Kunze revela una total ignorancia del tema y un desconocimiento en torno a la discusión internacional sobre la recuperación de las lenguas originarias como derechos humanos. Nadie podría sostener la afirmación de Vázquez en otros países sin caer en el ridículo. Es interesante darnos cuenta que cuando algunos políticos se sienten amenazados por coyunturas donde se generan avances importantes, recurren a este tipo de declaraciones desconcertantes para el más mínimo sentido común.

Así como del Águila muestra un desconocimiento sobre la realidad de las comunidades (¿500 pueblitos?), Vásquez ignora no solo la realidad lingüística peruana sino principios básicos de teoría lingüística. No se da cuenta de que las lenguas no son meros instrumentos de comunicación, sino instancias centrales en la vida de las personas para establecer vínculos, desarrollar identidades, generar aprendizajes y construir sentidos de comunidad. Las lenguas no son sistemas abstractos que pueden ser rápidamente reemplazados por otros, sino recursos simbólicos que son parte de prácticas sociales para enfrentar la vida y relacionarnos con los demás. Así como no se puede hacer que un millón de personas abandonen sus tierras, tampoco se puede castellanizar a toda la población sin que haya violencia, injusticia y violación de derechos humanos. ¿Qué es lo que quiere Vásquez? ¿Que todos bailemos marinera y prohibamos los huaynos? ¿Que todos comamos cebiche y censuremos la pachamanca?

Pero lo que más llama la atención en el discurso de Vásquez –que nuevamente lo asemeja al de del Águila- es la ingenuidad que muestra al proponer que el castellano nos “integrará” como nación. Esto parece un argumento difícil de creer desde la lógica más básica. Así como la mejora de las condiciones de vida de las personas no depende de la concentración de las comunidades en contextos urbanos, la integración nacional tampoco depende de hablar el castellano como única lengua. La desintegración actual no está dada por lo lingüístico, sino por un centralismo que margina, por un racismo que separa a ciudadanos de primera y segunda clase, por una herencia colonial que siempre ha jerarquizado a los peruanos, por un autoritarismo que se impone día a día y, sobre todo, por un sistema económico que promueve la corrupción, que no distribuye bien la riqueza y que facilita la explotación de unos sobre otros.

En las últimas décadas, la desintegración se reproduce, además, por una cultura neoliberal que promueve una competencia salvaje, bajo la premisa de ¡sálvese quien pueda!, donde los poderosos siguen aprovechándose de todos y donde el sentimiento de comunidad está cada vez más lejos de existir. Es iluso pensar que, en un contexto de corrupción política y explotación económica, la integración vaya a ocurrir cuando todas las personas sepan castellano (y además hayan abandonado las lenguas de sus tradiciones). ¿Acaso Vásquez creería que nos vamos a “integrar” pagando bajos salarios, no reconociendo derechos laborales, y teniendo un sistema de salud excluyente? ¿Acaso Vásquez creería que todos debemos cantar música criolla y que el huayno nos desintegra?

¿Por qué se sigue recurriendo a un argumento decimonónico sobre la lengua como integrador nacional? Es claro: se trata de una simple estrategia ideológica que busca esconder el estado actual de las relaciones económicas (y morales) y además responsabilizar a la población por su propia falta de integración nacional. El texto de Vásquez lo hace muy bien, pues pareciera que “aquellos compatriotas” (como los llama él) parecen ser los únicos responsables de su propia integración debido a sus “limitaciones” con el castellano. Algo parecido sucedió, décadas atrás, con el argumento sobre el analfabetismo. En el discurso conservador (y colonialista), los analfabetos aparecían como los supuestos responsables de su pobreza por no saber leer y escribir.

Todos sabemos que en el mundo de hoy el monolingüismo es una limitación. Ahora necesitamos saber inglés y otras lenguas, pero también aquellas de nuestra propia tradición. Los que hoy reclaman estas lenguas en el Perú son muchísimos ciudadanos que ya hablan castellano, que viven en las ciudades y que quieren recuperar, usar o hasta aprender una lengua originaria porque ahora ello constituye un recurso (también económico) para su trabajo y sus vidas. No quieren preservar las lenguas indígenas en un museo. Quieren usar varias lenguas y participar en una comunidad global desde sus identidades locales. Si hay millones de ciudadanos que reclaman el derecho a su lengua, cualquiera podría preguntarse quién es el Sr. Vásquez para prohibirles este derecho.

Fuente: Servindi

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