Acuerdo regional vinculante y sin reservas para proteger a los defensores ambientales, el acceso a la información y la participación ambiental

Luego de más de 4 años de negociaciones se logró el objetivo de tener un acuerdo que incluya referencias específicas a las obligaciones de los estados firmantes de tomar medidas especiales de protección a defensores y defensoras ambientales de todo el continente.

DAR ha seguido el proceso desde 2015, cómo miembros del Mecanismo Público – y más recientemente de The Acces Initiave-, apoyando en la estrategia de comunicación e incidencia. Desde entonces nos sumamos a los esfuerzos de organizaciones como CEMDA y Cultura Ecológica de México, FARN de Argentina, Artículo 19 de Brasil, Ambiente y Sociedad de Colombia, entre varias otras, quienes junto los representantes del público Andrea Sanhuenza, Carol Excell, Tomás Severino, Natalia Gómez y Karetta Crooks, buscamos incluir artículos que eleven el estándar de protección de derechos ambientales. Luego de una intensa de negociación, de artículos que entraban y salían del Acuerdo, creemos que el resultado es positivo y deja mucho espacio para continuar vigilantes a la completa implementación, con políticas y legislación efectiva para la plena vigencia de la Justicia Ambiental.

El Principio 10 en el Perú

En palabras del Viceministro Fernando León, que se sumó a la delegación peruana el día jueves 01 de marzo: “Este acuerdo, complementa muy bien los avances que ha hecho el estado peruano en materia de acceso a la información, participación ciudadana, y acceso a la justicia en asuntos ambientales, además de lograr una visión y acción regional en esta materia. […] El acuerdo, refuerza al Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y al Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, que tienen a la participación ciudadana como un elemento clave, asimismo, el Poder Judicial, como parte del SNGA, tiene también en este acuerdo un respaldo para reforzar la acción de Acceso a la Justicia Ambiental por parte de los ciudadanos, con iniciativas como la creación de juzgados especializados y el pacto de Madre de Dios”.

¿Qué se discutió?

Durante esta novena reunión se discutieron los artículos del 13 al 15, definiciones, preámbulo, principios, entre otros. Entre los logros más importantes para sociedad civil tenemos han la inclusión de la definiciones de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, defensores ambientales, información ambiental y la eliminación de la posibilidad de hacer reservas.

“Este Acuerdo es importante para generar un estándar en América Latina y el Caribe, por el contexto actual de corrupción y de impactos por proyectos extractivos y de infraestructura. Sobre todo para aquellos países que no cuentan con efectivos instrumentos nacionales sobre estos derechos y que organismos internacionales como CIDH y ONU han instado a los gobiernos a implementar. Asimismo, fortalece los avances que ha tenido Perú en políticas de protección de poblaciones vulnerables y defensores indígenas, pues la vulneración de estos derechos impacta en otros derechos como la consulta previa, salud, medio ambiente sano, y territorio” En palabras de Aida Gamboa – especialista– Derecho, ambiente y Recursos Naturales (DAR), Perú.

Algunos puntos críticos fueron las definiciones de “público”, que hayan eliminado posibilidad de enviar comunicaciones al Comité de Facilitación del Acuerdo y que en el artículo referido a justicia ambiental, en la referencia a “legitimación activa amplia”, se subordine a la legislación nacional.

Sin la participación activa del público no se hubiera culminado con este tratado, que concluyó sin ninguna reserva por parte de los Estados partes y que definió que se necesitará 11 ratificaciones el Acuerdo para su entrada en vigor. Esperamos que los países puedan implementar este Acuerdo con celeridad y sobre todo que sea ratificado por la mayor cantidad de Estados.

Fuente: DAR

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