Impugnaciones marcan inicio de megaproyecto Hidrovía Amazónica
Mar17

Impugnaciones marcan inicio de megaproyecto Hidrovía Amazónica

Una carta enviada por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) a la empresa concesionaria del proyecto Hidrovía Amazónica marcó el inicio de nuevos cuestionamientos a este megaproyecto que se ejecuta en la Amazonía peruana. La Hidrovía Amazónica es un proyecto concesionado por el Estado Peruano y tiene como objetivo mejorar el transporte fluvial en una extensión de 2687 km en los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas, lo que significará el dragado de bancos de arena y otros obstáculos ubicados en esos cuerpos de agua. La misiva enviada el 16 de enero de este año dejaba en claro que no había realizado ninguna coordinación con la concesionaria, el consorcio Hidrovía II —integrado por la empresa china Sinohydro y Construcción y Administración S.A.— ni con su consultora, ECSA Ingenieros, para iniciar el proceso de convocatoria para los talleres informativos del Plan de Participación Ciudadana (PPC) que forman parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La concesionaria se había adelantado a la aprobación de la entidad estatal para el inicio de esta convocatoria, puesto que el PPC aún se encontraba en evaluación. Poco después, el 1 de febrero, el Senace emitió un pronunciamiento en el que indicaba que el Plan de Participación Ciudadana había sido aprobado oficialmente y ponía como fecha de inicio de los talleres informativos el 19 de febrero del 2018. Pero el problema no terminó ahí. La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) ha solicitado la impugnación del PPC “por considerar que vulnera, entre otros, los derechos de participación de nuestros pueblos indígenas y evidenciar la falta de transparencia y buena fe en el proceso de participación ciudadana y consulta previa, pues no incorpora en su contenido la implementación de los compromisos asumidos en el Acta de Consulta Previa, de fecha 22 de septiembre de 2015”. Lea el artículo completo en...

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Pleno del Congreso aprobó Ley Marco de Cambio Climático
Mar16

Pleno del Congreso aprobó Ley Marco de Cambio Climático

El pleno del Congreso de la República aprobó hoy el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático como parte de la respuesta peruana al cambio climático. La iniciativa, que surgió a partir de los proyectos de ley del Ejecutivo y de otras bancadas parlamentarias, fortalece la gobernanza en materia de política climática, lo que permitirá una mejor preparación ante los eventos naturales extremos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, informó el Ministerio del Ambiente (Minam). La ley establece obligaciones puntuales en las regiones y en los sectores, con lo cual será posible definir acciones concretas de adaptación y mitigación, reduciendo la vulnerabilidad del país por medio del aumento de la capacidad adaptativa de la población, los ecosistemas, los sistemas productivos y la infraestructura. Con información de...

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Corrupción y los derechos de la gente
Mar15

Corrupción y los derechos de la gente

La corrupción impacta sobre los derechos humanos través de dos vías: se apropia de recursos que deberían servir para la sociedad y corroe las instituciones del Estado, incluido el sistema judicial. Asunto de fondo mientras el país se debate entre la sartén y las brasas, la vacancia o la no vacancia del presidente de la república. De un lado, priva a las sociedades de recursos importantes que podrían servir para atender necesidades básicas en salud pública, educación, infraestructura o seguridad. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha indicado que el costo de la corrupción, en sus diversas modalidades, equivale a más del 5% del PIB mundial. Sobrecostos en obras públicas o contratos a través de los cuales se dispendia recursos públicos aparecen como las muestras más visibles y rutinarias de esto. Esa “tajada” extra es la que sirve de fuente para alimentar comisiones y enriquecimientos de particulares, a veces espectaculares. Por otro lado, la corrupción tiene consecuencias nefastas directas sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado, en general, y, en particular, sobre los órganos encargados de asegurar el Estado de Derecho y la justicia. En una privatización corrupta del Estado, quienes desempeñan funciones públicas pasan a actuar, ya no en función del interés general, sino de interés particulares, a servir a la corrupción y no en el cumplimiento de la Constitución y la ley. El “conflicto de intereses” –una de las principales vías de la corrupción- es una de las caras que encubren serios delitos en esa privatización corrupta de la cosa pública. De eso venimos conociendo recientemente mucho en el Perú: persona prestando privadamente asesoría “técnica” a una empresa que contrata con el Estado, esa misma persona ocupa simultáneamente un cargo público con capacidad decisoria en materias que conciernen precisamente a esa empresa asesorada. En suma, la apropiación del Estado para un beneficio delictivo personal. En todo esto el sistema judicial ocupa el espacio capital. Primero, porque los corruptos y grupos criminales buscan atacar su independencia e imparcialidad para lograr impunidad o legitimación para sus actividades delictivas. Al penetrarlo, la corrupción debilita medularmente la administración de la justicia: impide el ejercicio del derecho de las personas a un juicio imparcial y menoscaba gravemente la confianza de la población en la judicatura. Al reducirse la confianza pública en la justicia, se debilita la capacidad de los sistemas judiciales de garantizar la protección de los derechos humanos y afecta las labores e independencia de jueces, fiscales, abogados y otros profesionales del ámbito jurídico con la coerción, la coacción o el soborno. Por otro lado, un sistema judicial independiente es lo fundamental para prevenir y enfrentar la corrupción....

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OEFA: Derrames petroleros afectan salud de comunidades nativas
Mar14

OEFA: Derrames petroleros afectan salud de comunidades nativas

Un problema que surge a la hora de exigirle a Petroperú, en su condición de operador del Oleoducto Norperuano, asuma su responsabilidad con la población indígena afectada en su salud por los derrames de petróleo en su territorio, es probar la relación causal –el nexo causal– entre los derrames y determinadas dolencias y enfermedades en la población. Lo que exige la empresa para probar el daño a la salud es que un médico especialista acredite de forma indubitable que el petróleo derramado en un determinado lugar generó una específica enfermedad en una persona. Lo dijo Petroperú en el caso Cuninico y en el caso Morona. Este requerimiento ha sido un obstáculo muy grande, si tenemos en cuenta la carencia de médicos y servicios de salud adecuados por parte del Ministerio de Salud y de la Dirección Regional de Salud de los Gobiernos Regionales, la pobreza en la que quedan estas comunidades luego de los derrames, lo que les impide a acceder a médicos particulares, todo lo cual hace sumamente difícil probar esta causalidad, generando una absoluta indefensión de las comunidades afectadas. No obstante la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) acaba de emitir una resolución histórica que sienta un precedente en relación con este problema. Efectivamente, OEFA acaba de emitir una resolución recaída en el proceso administrativo sancionador (PAS), a propósito de dos derrames ocurridos a principios de 2016 en el ONP: El derrame de Imaza, ocurrido el 25 de enero de 2016 y el derrame de Morona, ocurrido el 2 de febrero de 2016. En este establece en concreto responsabilidad de Petroperú por daño real y objetivo a la salud y a la vida por los mencionados derrames. Y lo hace en base a pruebas indiciarias. Nos referimos a la Resolución Directoral N° 1712-2017-OEFA/DFSAI de fecha 22 de diciembre. Ver resolución: https://es.scribd.com/document/368086687/Resolucion-N-1712-2017-OEFA-DFSAI I. La utilización de prueba indiciaria para acreditar la afectación a la salud Esta resolución de OEFA constituye un avance sustancial frente a la resolución expedida en el PAS del derrame de Cuninico, no solamente por haber declarado la existencia de un daño real a la salud, sino también por el resultado obtenido gracias al método utilizado para llegar a esa conclusión, considerando las dificultades de obtener una prueba directa en estos casos: “Una de las formas que tiene la autoridad para acreditar que el administrado cometió los hechos imputados es a través de la prueba por indicios. El hecho de que la determinación de lo que ocurrió en un caso se realice de manera indirecta no implica que esta forma de probar la imputación sea menos confiable que el realizado mediante la prueba directa. La calidad del...

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IX Foro Social Panamazónico en Colombia, ya tiene fecha
Mar05

IX Foro Social Panamazónico en Colombia, ya tiene fecha

Los días 28 de febrero y 1 de marzo, en el local de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en Bogotá, se desarrolló el Seminario Político que definió el momento y el lugar del próximo IX Foro Social Panamazónico en Colombia. Mediante el debate y el consenso, el Comité Nacional Colombia definió que el gran encuentro internacional fuera en Mocoa, región del Putumayo, en octubre de 2019. El Preforo Nacional Colombia, por su parte, será en Florencia Caquetá en mayo del mismo 2019. Mocoa fue elegido por un conjunto de razones, entre las que destacan el hecho de que se encuentra en una zona donde convergen lo amazónico y lo andino, una visión más amplia y simbiótica que el proceso del Foro ha acordado como estratégico. También cuenta con una red fuerte de organizaciones diversas en toda la región, que pueden constituir un Comité Local fuerte para la organización logística. Tiene buena accesibilidad, lo cual es importante para facilitar la llegada de participantes. Y, finalmente, Mocoa, ha sido golpeada recientemente, en marzo y abril de 2017, por inundaciones catastróficas, producto del cambio climático, uno de los temas centrales del Foro Panamazónico. En la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017, fuertes lluvias provocaron los desbordamientos de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, generando deslaves y aluviones de lodo que causaron la destrucción de viviendas, puentes y arrastraron vehículos a su paso. Fueron arrasados 17 barrios de la ciudad, de los cuales 5 barrios quedaron destruidos totalmente. Se reportaron al menos 323 personas fallecidas y más de 400 heridas, con un número indeterminado de desaparecidos. Como continuidad en la agenda del nuevo proceso hacia el IX Foro Social Panamazónico, el Seminario también decidió una participación fuerte en el Foro Social Mundial (FSM) y en el Foro Mundial Alternativo del Agua (FAMA). También un taller de comunicación, con participación de comunicadores/as del pasado Foro Perú y del actual Foro...

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