De Cuello Blanco

Tras 8 meses de gestión del actual régimen ya no debe tomarse el pulso de las promesas electorales, sino constatarse las orientaciones y prioridades a partir de las primeras medidas de gobierno.

A principios del 2012 desde el GTCC el diagnóstico en torno a las primeras medidas implementadas era negativo, si bien en los discursos del presidente y del entonces premier Salomón Lerner se limitaron a anuncios y compromisos, lo que empezaba a implementarse era escaso, ya en la asunción del nuevo premier el tema de lucha contra la corrupción prácticamente desapareció de la agenda política. Es más si se establecía un nivel comparativo mínimo entre las numerosas ofertas electorales y lo realmente ejecutado el avance era de menos del 10% y las medidas tomadas fueron de carácter procedimental.

Sin embargo, este escenario general contrasta con algunos esfuerzos que se vienen realizando desde diferentes instancias del Ejecutivo, por ejemplo la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) que viene realizando iniciativas para las instancias del poder Ejecutivo y la apuesta por sacar adelante el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción.

La Procuraduría Anticorrupción viene implementando una “reingeniería interna” en términos organizacionales y en el establecimiento de una tipología de casos que permita tener resultados de impacto, a fin de recuperar de alguna manera el tiempo perdido en los últimos años en los que prácticamente se desmanteló la lucha contra la corrupción afectando en recursos económicos y humanos el funcionamiento de la procuraduría, esto explica el descenso drástico de los niveles de recuperación de activos desviados por actos de corrupción. Esta procuraduría recibió también un crédito suplementario que le permitirá potenciar el trabajo descentralizado que realiza.

Para ampliar más el trabajo de la CAN y la Procuraduría Anticorrupción se ha entrevistado en esta edición del Boletín de Cuello Blanco a Susana Silva coordinadora de la CAN y al procurador Julio Arbizú.

Debemos señalar que la labor que se viene realizando desde algunas instancias y entidades, pero esto no constituye un reflejo de un compromiso genuino en la lucha contra la corrupción, este conjunto de esfuerzos no reemplaza políticas públicas que deben ser aprobadas.

“En la CAN tenemos una dispersión de mecanismos, de canales y de denuncias. Tenemos que ordenarlo”

De Cuello Blanco conversó con la doctora Susana Silva Hasembank. Coordinadora General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), quién nos remarcó la importancia de trabajar la institucionalidad de la lucha contra la corrupción. Así mismo del esfuerzo en la formulación de un Plan Nacional Anticorrupción consensuado que tenga el apoyo de todos los sectores, tanto público y privado como de la sociedad civil.

Combatir la corrupción siempre es complicado, pero ¿Cuál es camino a seguir para luchar contra la corrupción?

La corrupción es uno de los problemas constantes en nuestro País y eso pasa por la frágil institucionalidad que tenemos desde hace muchos años. Si estamos yendo de más a menos, es aun bastante discutible, porque la corrupción se esconde en actos que se desarrollan bajo la mesa. Además la percepción de la población se demuestran a través de las encuestan que indican lo mal que estamos en la percepción ciudadana con respecto a los actos de corrupción. Una de las líneas que más se debe trabajar es el de la denuncia y para ello debemos hacer mucho más fácil los mecanismos de denuncias. Por otro lado es importante trabajar la institucionalidad de la lucha contra la corrupción y con ello me refiero en gran medida a la comisión de alto nivel anticorrupción. Es un esfuerzo que tenemos que realizar como país y sobretodo debemos sentar las bases de una institución encargada de coordinar y articular esa lucha.

En ese sentido ¿qué está proponiendo la CAN?

Uno de los objetivos que no hemos planteado dentro de la CAN es fortalecer la institucionalidad y eso pasa por generar bases más solidas de trabajo, bases en las cuales haya una participación no solo de todas las entidades de la administración pública vinculadas a este tema, sino también de la sociedad civil y la cooperación. Lo que no supone; ese trabajo de sistematizar, articular y coordinar; de ninguna manera es la de superponerse a las funciones que le corresponde a cada dirección. De lo que se trata es encontrar el punto medio y que se convierta la CAN en un gran eje articulador. Eso también pasa por la aprobación de una ley que apruebe la comisión.

Claro las instituciones no se dan a partir de leyes, sin embargo también es cierto que una comisión de alto nivel anticorrupción, solamente bajo el gorro de un decreto supremo es muy frágil, un decreto supremo se va de la noche a la mañana y yo creo que tenemos que sentar en esa línea bases más solidas que permitan con mayor seguridad hacer un trabajo de mediano y largo plazo. Yo sí creo que con una ley podemos trabajar en esa línea.

Ahora bien, tener tantos organismos a la vez parece dispersar las fuerzas de intervención del estado ¿Cómo está la voluntad de cambio en la comisión en ese sentido?

Existe una voluntad política. De hecho el premier tiene una vocación de trabajar de la mano con la comisión de alto nivel y así lo manifestó en la primera sesión que tuvimos con él en la CAN. ¿Por qué existen? Veamos, la comisión de alto nivel se constituye en el gran paraguas donde se tiene que articular todas las opciones en materia de lucha contra la corrupción. Y el grupo multisectorial que desarrollaba una tarea de seguimiento al plan nacional anticorrupción es ya una norma que ha sido dejada con el tiempo y del cual soy partidaria de dejarla sin efecto. Porque tenía un mandato muy particular que era hacer seguimiento al plan nacional de lucha contra la corrupción y mientras coexistió el grupo multisectorial con la comisión de alto nivel, había cierto desorden que he tratado de evitar. Por eso mismo no he convocado a ninguna reunión en el marco de este grupo multisectorial porque creo que el trabajo se tiene que hacer de otro modo. Es decir el trabajo de la CAN es ser un gran paraguas, existen distintos sectores que participan como el Poder Judicial, Ministerio Público, la Contraloría recientemente y uno de los miembros de la CAN es La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que representa al ejecutivo. Por eso mismo, dentro del poder ejecutivo se tiene que articular todas las acciones con los ministerios, esa es la visión que se está trabajando.

Siendo importante lo que menciona, ¿una medida a tomar no sería dejar sin efecto esa dinámica?

Aun no puedo dejar sin efecto esa norma, hasta que yo no tenga un plan, porque si la dejo sin efecto podría haber mucha presión con respecto al trabajo que hacemos. Por lo pronto no creemos estratégico dejar sin efecto eso, lo vamos a hacer cuando tengamos el Plan Nacional Anticorrupción desarrollado y acabado. La meta planteada es tenerlo para 28 de julio, para que haya un mensaje debidamente consensuado con todos los sectores, públicos y privados. Ahí recién se dejara sin efecto a este grupo multisectorial. Y esa es la institucionalidad que queremos fomentar. Pero mientras tanto, el trabajo del grupo multisectorial para la lucha contra el crimen organizado es luchar contra eso. Existen varias modalidades como: corrupción, lavado de activos, narcotráfico, trata de personas y terrorismo. Entonces estas actividades que se pueden materializar en criminalidad organizada es el objetivo principal de este grupo de trabajo hace.

¿Ustedes han considerado convocar a la contraloría general de la republica y a la procuraduría especializada a que participen en la comisión?

Antes no, pero afortunadamente ahora la contraloría se ha sumado al trabajo de la comisión. Si bien aun no forma parte formalmente, porque aun no se modificado el DS (decreto supremo), existe un proyecto de ley de la CAN, donde se plantea la incorporación de la contraloría dentro de esta plataforma de acción. Aun así, no habiendo formalizado su participación la contraloría ya está participando con nosotros activamente. Y no solamente al interior de la comisión, sino también estamos realizando nosotros diversas acciones con la contraloría, hoy podemos decir que la contraloría es un aliado estratégico en el trabajo que desarrolla la CAN.

Con relación a la procuraduría anticorrupción, algo parecido sucede, pues aunque formalmente no participan en la comisión a través del misterio de justicia ellos están presentes. De hecho el coordinador de enlace entre el ministerio de justicia y la comisión es el doctor Jaris Mujica. Yo estoy coordinando con ellos directamente diversas acciones para la lucha contra la corrupción. Ellos están presentes a través del ministerio de justicia y su coordinador de enlace.

Con respecto a la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, ¿qué han contemplado en ese sentido?

La imprescriptibilidad, es un compromiso del gobierno. Una de las medidas tangibles en la cual se manifestó esa voluntad es en tratar de conseguir que se apruebe esta ley para la imprescriptibilidad. En este momento en el congreso de la republica hay doce proyectos de ley vinculados con la imprescriptibilidad. Ya la Comisión de Constitución y Reglamento, ha dictaminado a favor de cuatro proyectos de ley que están referidos a la imprescriptibilidad plena de los delitos vinculados a la corrupción y nosotros estamos de acuerdo con ello. Paralelamente lo que se está haciendo es coordinar con las comisiones en el congreso a efecto de que se dé a la brevedad posible este dictamen de la comisión de constitución pueda ser ya una ley.

¿Qué se espera con la formulación del Plan Nacional Anticorrupción consensuado para combatir este flagelo de la corrupción?

Hay que precisar que este plan del 2008 que nace en realidad en el gobierno de Toledo por el año 2006, se puso a disposición de la opinión pública pero nunca llego a ver la luz y es recién en el 2008 cuando ante una coyuntura política se recogió este documento para que finalmente hoy sea lo que conocemos como el Plan Nacional de Anticorrupción 2008-2011. Este plan si bien fue presentado por el entonces presidente del consejo de ministros, jamás fue aprobado por ningún decreto supremo y ahí creemos que se cometió un error al no haberse aprobado así. Pero lo que nosotros vamos hacer es promover o sacar un decreto supremo que apruebe este nuevo plan que va ser 2012-2016. Cuando en la CAN los coordinadores de enlace de cada una de las instituciones nos reunimos hemos dicho que urgen replanteamientos y precisar líneas de acción. Por eso mismo nosotros entendemos que este sistema debe entenderse como un espacio donde tengamos un mismo lenguaje y discurso y acciones que sean debidamente articuladas entre cada una de las instituciones y esas es la manera como creemos debería ser un sistema anticorrupción. Lo que buscamos que brille es cada una de las instituciones en las tareas que les corresponden y fortalecer los mecanismos de articulación.

“Nos hemos puesto a ordenar primero la casa”

De Cuello Blanco conversó con el procurador Julio Arbizu Gonzales, quién nos detalló la labor que ha venido haciendo en primera instancia, la procuraduría, para afrontar debidamente los procesos de anticorrupción a nivel nacional. Lo importante del reordenamiento que se ha suscitado al interior y los problemas a los que se enfrentan.

¿Cómo encontró la procuraduría, en la transferencia hubo un debido balance de la gestión saliente?

No, lo hubo. Fue un informe estándar más no un balance. Nos hicieron entrega de un informe doble, la documentación de la procuraduría especializada en temas anticorrupción así como lo de la procuraduría Ad Hoc en los casos Fujimori y Montesinos. Como se sabe ambas procuradurías se fusionaron justamente en la entrega de los cargos y ahorita se le conoce como la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción. La entrega fue básicamente genérica de ambos y nos dimos cuenta luego que no era tan exacta la información con respecto a la “procuraduría especializada”; con la Ad hoc no hubo mayores; la especializada entrego algo más de 2500 casos inexactos.

Habiéndose topado con esa realidad, ¿cómo filtraron esas inexactitudes que menciona?

Nos dimos cuenta de eso porque empezamos a construir una base de datos nueva, donde supimos que los casos no eran lo que parecían ser. Es decir que muchos de los casos que se entregaron como expedientes, eran incidentes de algunos expedientes que se contaron como expedientes adicionales, otros en donde los casos no coincidían o no estaban y en muchos otros los casos que se consignaban no tenían un correlato físico debido. Así es como encontramos la procuraduría, no había una información consolidada sobre el número de procesos, de procesados, la situación de ellos, así como el monto de las reparaciones civiles por cobrar, montos en muchos casos cobrados. No existían esos datos fundamentales y una de nuestras principales medidas fue ordenar y construir todo eso.

Sin esa información clara y ordenada ¿cómo empezó a darse un debido orden?

Lo primero que hicimos fue la creación de dos órganos de apoyo, dos unidades dentro de la procuraduría. Una fue la “Unidad de análisis financiero” y la otra fue un “Observatorio en delitos de corrupción”. La tarea del observatorio fue el ordenamiento de los casos y ese ordenamiento ya ha dado algunos resultados como: el número certero de casos, el conocimiento pleno de la situación jurídica de los procesados, es decir podemos ir a la base de datos y sacar datos inmediatos. Pero lo más importante, es que esos casos los hemos dividido en casos A, B, B+/ B- y C, en función claro de su complejidad, de la importancia y la difusión de los casos.

Esto lo hicimos porque es imposible con el número de abogados que hay, tanto aquí como a nivel nacional, enfrentar todos los casos de la misma forma. Hay que hacer un análisis costo beneficio. Cosa que se ha hecho y en función de esos análisis se ha construido criterios para poder asignarle a los casos niveles de importancia. Por eso mismo, hemos estandarizado las remuneraciones en función de la experiencia y en función de la experiencia hacemos la clasificación de los casos con los abogados. Por eso la clasificación que hicimos ayuda, porque eso a nadie se le había ocurrido, que había que enfrentar al enemigo de esta manera. No hay de otra.

¿Qué otras acciones aparte de las estrategias y medidas mencionadas han podido considerar?

Las acciones que te mencionaba ya han sido implementadas. Pero además el observatorio tiene como norte hacer un mapa de la corrupción, para saber cómo se van presentando los diversos tipos de penalidades a nivel nacional; reitero; para saber cómo atacamos, a dónde, a quiénes atacamos y por donde ponemos los reflectores. Por ejemplo, si en una provincia tenemos una tasa alta de delitos de colusión, sabemos que tenemos que ir a ver las compras estatales realizadas, orientar el trabajo de la procuraduría en el mismo litigio, en lo punitivo. Porque es necesario poner los reflectores sobre la administración de los fondos públicos. Además de eso, crear un espacio donde se pueda diseñar políticas preventivas. La unidad de análisis financiero nunca había funcionado como pretendemos que funcione ahora. Por otro lado la mesa de la muti-procuraduría lo está viendo el ministerio. Que es justamente la conformación de un sistema que pueda articular a todos los involucrados en la lucha contra el crimen organizado.

Y ¿sobre las dificultades y medidas que han adoptado para llevar a cabo de manera óptima su labor?

Nosotros hemos tratado de tener comunicación con todos los operadores jurídicos y hemos encontrado ciertamente apoyo de parte de ellos. Sin embargo nos preocupa, además de lo que dejó la gestión anterior, los pasivos terribles en cuanto a infraestructura que se nos heredo. Tenemos que afianzar las coordinaciones, para afianzar un sistema de manera formal. El sistema nacional de procuradurías estaba devastado, los procuradores en provincia según lo que he podido visitar era una persona que estaba a cargo de todo el departamento y sus provincias y eso representa una absoluta falta de posibilidades de enfrentar de buena manera el tema anticorrupción.

Por eso hicimos que se cesara la designación de alguna gente que el único mérito que te tenía para estar en la procuraduría era su carnet del partido de gobierno, esto permitió centralizar todo en sólo once procuradurías macro regionales y establecer un sistema de abogados que puedan estar en las restantes regiones, pero además que puedan ampliarse a las provincias. Para evitar que en las provincias se atiendan los casos, por ejemplo si en una provincia como chota y Jaén, se presenta un caso casi paralelamente y hay solo una persona encargada, imposible que vaya a ambos. Para eso sirve el observatorio de casos, ver donde hay más incidencia de casos y separarlos por importancia. Por eso se hizo una importante inyección de liquides, vía decreto de urgencia, que es alrededor de trece millones ochocientos soles que sirven justamente para eso. Así mismo, nosotros hemos establecido una comunicación directa con la llamada mega comisión y estamos en coordinación permanente con ellos en acciones conjuntas.

¿Cuán importante es la labor del ciudadano de a pie en los procesos de anticorrupción?

Creemos ciertamente que el espacio del ciudadano es un espacio fundamental. Ahí está el tema de la denuncia, la denuncia es el mecanismo por el cual se vincula estrechamente el estado con la ciudadanía. Por eso mismo es fundamental el recojo de estos datos que señalaba, de la sistematización, separación y clasificación de los casos. Nos interesa que el ciudadano sepa que la corrupción afecta sus derechos fundamentales, en la medida que haya menos corrupción el ciudadano se verá menos afectado. Ahí hay una doble función que es la protección de sus derechos y la denuncia para activar la función de la procuraduría.

La corrupción es un problema del que se habla mucho y abiertamente

Significativos avances. Los países de América Latina con el correr de los años han logrado tener acceso a una gran variedad de herramientas tecnológicas, legales, institucionales y administrativas para luchar contra la corrupción. De hecho hay avances en la mejora de sus marcos constitucional, legal e institucional. La introducción de nuevas leyes como la libertad de información; leyes de transparencia; y leyes sobre la carrera administrativa en la función pública, han dado paso a la creación de nuevas instituciones como la del defensor del pueblo y los organismos contra la corrupción.

La toma de conciencia del problema de la corrupción ha aumentado considerablemente en América Latina. Aun cuando todavía queda mucho por hacer para crear conciencia sobre el nexo entre la corrupción y el desarrollo económico, hoy en día, en contraste con el pasado, la corrupción es un problema del que se habla mucho y abiertamente como parte de la agenda de reforma en políticas de gobierno. Es decir que los gobiernos se están viendo forzados a tratar la corrupción por presiones nacionales, por presiones externas y por sus posibles consecuencias.

De hecho las organizaciones de la sociedad civil están aumentando cada vez más su destreza técnica para fiscalizar con efectividad el trabajo de su gobierno y obligarlo a rendir cuentas. En la región están surgiendo nuevos grupos de auditores sociales con el mandato de fiscalizar a sus gobiernos, particularmente a nivel local. Mientras que la prensa ha desempeñado un papel importante en reportar casos de corrupción y en la sensibilización sobre la índole y el alcance del problema. En prácticamente todos los países latinoamericanos, los medios de comunicación ahora informan sobre casos de corrupción con más efectividad y regularidad. Nuevas técnicas de periodismo investigativo permiten que la prensa se atreva a dar información al público, quien a su vez la puede usar para exigir más rendición de cuentas.

Asimismo, existen ejemplos de reformas locales e institucionales que muestran una promesa sostenible aun cuando están rodeados de altos niveles de corrupción sistémica. Ahí está, la presupuestación participativa en Porto Alegre (Brasil); la reforma y el fortalecimiento del Servicio de Rentas Internas (cobranza de impuestos en Ecuador); la modernización de la Contraloría (Bolivia); el Programa de Controles Internos (Colombia) entre otros son muestra de esos avances.

Presión de organizaciones internacionales

Por otro lado, organizaciones como la Federación de Municipalidades Centroamericanas (FEMICA), la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA), el Centro Latinoamericano de Periodismo (CELAP), Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), Asociación Internacional de Administradores de Ciudades y Condados (International City/County Management Association, ICMA), el Centro Latinoamericano de Administración y Desarrollo (CLAD) y las oficinas regionales en América Latina del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (Institute for Democracy and Electoral Asístanse, IDEA) están incluyendo en sus programas actividades relativas a la corrupción. A nivel internacional, la presión de las organizaciones internacionales para combatir la corrupción también está aumentando y se expresa en la ratificación y la implementación de nuevas convenciones contra la corrupción.

Esas convenciones e instrumentos legales nuevos han sido importantes, de hecho la Convención Interamericana de La Organización de los Estados Americanos (OEA) que hiciera respecto a este flagelo es otro cambio positivo en la lucha contra la corrupción.

Corrupción Política

Hace diez años era impensable tratar los problemas de la corrupción y la transparencia relativa a los partidos políticos. En la actualidad, la corrupción política está surgiendo como un tema clave. La mayoría de los países latinoamericanos ha presentado proyectos de ley sobre los partidos políticos, en particular para regular los recursos, el flujo y el destino del dinero en la política. Por eso mismo en la región las prohibiciones y los límites en el campo del financiamiento de los partidos políticos se están tratando de diferentes maneras.

De hecho se está debatiendo la viabilidad y limites del financiamiento público, y en algunos casos se los está reformando. Se están creando y fortaleciendo mecanismos de control, a fin de alentar y hacer cumplir la rendición de cuentas y la transparencia en la información por parte de los partidos políticos.

Las organizaciones de la sociedad civil están participando cada vez más en la promoción de la rendición de cuentas y la transparencia en la información y en el cabildeo para la reforma en el financiamiento de los partidos políticos. A diferencia del pasado, cuando los funcionarios de alto rango renunciaban y evitaban el enjuiciamiento, en la actualidad muchos funcionarios corruptos en diferentes países latinoamericanos han sido llevados a la justicia con efectividad. Un ejemplo claro sería la extradición y posterior encarcelamiento del ex presidente del Perú Alberto Fujimori y socios.

Escuela de la red de chuponeo telefónico en el país (Diario16)

Luego del escándalo que se desatara dentro del Movimiento político Chim Pum Callao y que demostrara una red especializada en chuponear e intervenir electrónicamente comunicaciones en contra de terceras personas (caso Félix Moreno, presidente regional del Callao), la Fiscalía Anticorrupción ha dicho que la institución esta trabajando “sin ninguna interferencia” y que se existen diligencias preliminares, para acopiando toda la información con absoluta independencia y objetividad.

De hecho, Jackeline Pérez, fiscal anticorrupción del Callao sin embargo ha dicho que se trata de una investigación reservada, pero en su momento adelantó que ya poseen una estrategia de investigación, una teoría del caso, por eso mismo la denuncia sería estipulada como un delito contra la administración pública.

Asimismo, como primera medida, la fiscal Jackeline Pérez llamo a interrogatorio al alcalde Juan Sotomayor y a Roberto Martínez. También se solicito al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que informe sobre las fechas y penales en los que estuvo detenido Ernesto Torres, ex funcionario del municipio chalaco y quien habría organizado la interceptación telefónica.

Por su parte el pronunciamiento que hiciera el Ministerio Público, ha dicho que estos hechos configurarían la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en agravio del Estado. Es decir que la fiscalía del callao, tendrá como tarea recabar las declaraciones indagatorias del actual alcalde del Callao, Juan Sotomayor (suspendido de Movimiento Chim Pum Callao) y del ex futbolista de la U, Roberto Martínez, supuestos implicados en los encargos de seguimiento.

El gobierno por su lado a través de su titular de la PCM, Óscar Valdés, exhortó al Poder Judicial actué de la manera más severa posible. Aseguro que el gobierno central demanda tanto al Ministerio Público y al Poder Judicial, que tomen las medidas del caso para que no vuelva a suceder este tipo de delitos.

Investigación paralela

Paralelamente, Raúl Sarmiento, de la Cuarta Fiscalía Penal del Callao, tiene a su cargo realizar una serie de pesquisas por 30 días. Se sabe que Sarmiento ya tiene en sus manos el material audiovisual que sacara a luz el programa “Cuarto Poder”, en el que también se menciona la existencia de un informe completo sobre alguien apodado “Gato”.

El letrado también cuenta con las publicaciones de los diarios referidos al tema y con una copia de las declaraciones que declarara Roberto Martínez al matutino Abre los ojos. La fiscal ha precisado que si bien se trata de una información periodística, no deja de constituir un supuesto delito contra la libertad del secreto de las comunicaciones en la modalidad de intervención o escucha telefónica.

Por otro lado, diversos informes periodísticos sindican a Ernesto Torres, más conocido como ‘Tito’ como el principal responsable de la red de chuponeadores en el Callao.

Pasado turbio

A la luz de los hechos, el primer puerto se habría convertido en la “escuela de la red de chuponeo telefónico en el país”, sobre todo si se toma en cuenta que hace cuatro años el informe final de la comisión que presidía el congresista Oswaldo Luizar, que investigó el espionaje telefónico de la empresa Business Track a líderes políticos y empresariales, concluyó que existen indicios de responsabilidad en el ex presidente del gobierno regional del Callao, Alex Kouri y su ex jefe de seguridad, el ex marino Carlos Lizárraga quien fuese amigo cercano de Elías Ponce Feijóo (sentenciado por el caso Business Track (BTR)) y quien habría financiado las presuntas acciones de espionaje contra el congresista Víctor García Belaunde y la entonces autoridad de la región chalaca, Rogelio Canches.

¡No olvidar!

Como se recuerda, el programa Cuarto Poder, fue el que denunció una supuesta red de espionaje en contra de personajes públicos, que en un primer momento tenía relación con el chuponeo al que fue víctima Lourdes Flores en la campaña municipal, pero que al final terminó señalando al actual Presidente Regional, Félix Moreno, como aparente perjudicado de las interceptaciones y seguimientos.

Constará de 18 audiencias de participación en todo el país, 13 macro regionales y 5 en Lima

Participación de amplios sectores. Se espera que el Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016, que reúne un conjunto de normas de cumplimiento obligatorio para todos los poderes del Estado, sea elaborado en consenso con la participación de amplios sectores de la sociedad civil, a través de diversas audiencias públicas en todo el país.

Por lo menos eso es lo que ha venido sugiriendo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), en las últimas semanas. Que ha dicho que constará de 18 audiencias de participación en todo el país, 13 macro regionales y 5 en Lima, las cuales buscarán contar con medidas concretas y medibles de promoción y protección nunca antes fijadas. De esta manera se busca garantizar la más amplia participación posible que dote de legitimidad al documento, de acuerdo a las recomendaciones sobre el tema del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El referido Plan Nacional de Derechos Humanos 2012- 2016 estará listo a más tardar en octubre de este año y se incorporará como un elemento para la gestión pública, por eso mismo se buscará establecer un sistema funcional sobre la materia dentro de la estructura orgánica del Estado, que se sume a sistemas como el de control, de administración, de presupuesto, entre otros.

Asimismo, se ha dicho que en la labor para concretar dicho plan multisectorial, participan representantes de todos los ministerios, el Poder Judicial, Ministerio Público y, como observadores, la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Iglesia Católica y el Concilio Nacional Evangélico.

Audiencias públicas

La primera audiencia se realizó en Ica y continuará, reuniendo a diferentes regiones, en las siguientes ciudades: Iquitos (Loreto), Huaraz (Ancash), Arequipa (Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna), Piura (Tumbes y Piura), Chiclayo (Lambayeque y La Libertad), Huacho (Lima Provincias), Cusco (Cusco, Apurímac y Madre de Dios), Ayacucho y Huancayo (Junín, Huancavelica y Pasco).

Cabe destacar que en cada región se están conformando Grupos Impulsores Regionales del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016, los que, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos humanos, y contando con plataforma de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, contribuirán a la organización, convocatoria y éxito del proceso participativo y de las demás fases de elaboración.

Demandan acciones concretas

Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) demandó hechos concretos para que todos los acuerdos e iniciativas a los que se llegue no queden sólo en el papel. Además mencionó que de los 2.347 casos por violaciones sexuales a mujeres durante los años de violencia política, solo 4 de ellos han sido judicializados y ninguno tiene sentencia. También afirmó que el Perú es la nación con el índice más alto de violencia sexual de Sudamérica y el número 16 del mundo.

Mientras que Gloria Cano, representante de La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), indicó que en el Gobierno anterior hubo un claro retroceso, en el que incluso llegó a ponerse en marcha una norma cuya vocación era la impunidad de aquellos que habían cometido violación de los derechos humanos. Además, reclamó el continuo ocultamiento de información por parte del Ministerio de Defensa y de las instituciones a su cargo, lo que ha impedido la judicialización de numerosos casos de graves violaciones de los derechos humanos que involucran a jefes militares.

Grave denuncia contra tres funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas

Lucha frontal. Los Fonavistas están en pie de lucha contra supuestos funcionarios corruptos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de hecho el presidente de los Fonavistas Andrés Alcántara Paredes, ya presentó una grave denuncia contra tres funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, así como a cuatro empresas, por el delito contra la administración pública-peculado. Esto se hizo efectivo ante la Fiscalía Corporativa Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

La Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFPP), no dudo y denunció penalmente al Jefe de la Oficina General de Administración y Recursos Humanos (OGA-MEF), Roger Alberto Siccha Martínez, a la ex Directora de la OGA-MEF, Carmen Salardi Bramont y al Coordinador de Fonavi en Liquidación, Máximo Prado Delgado, por haber favorecido mediante arbitrajes a diversas empresas eléctricas que debían dinero al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).

Pero no es todo, en la referida denuncia también fueron comprendidos en calidad de cómplices las empresas eléctricas favorecidas con los arbitrajes, como Electro Sur S.A, Electro Sur Este SAA, Electronoreste S.A (Enosa), Edecañete S.A y la Empresa de Servicios Eléctricos Municipales de Paramonga S.A (Ememsa).

Asimismo, a las pruebas que acompañan la citada demanda, han añadido un acta de transferencia de los recursos del Fonavi que hizo la OGA a la Comisión Ad Hoc. Lo que demuestra que los funcionarios del OGA del MEF veían administrando ilegalmente los recursos del Fonavi hasta el pasado 22 de marzo, pese a que la Ley N°29625 ordenó que dicho fondo sólo sea administrado por la Comisión Ad hoc, desde su entrada en vigencia, es decir, desde el 09 de diciembre de 2010.

De hecho, los funcionarios de la OGA FONAVI, que tenían a su cargo la administración de la cartera de cobranzas y la recuperación de las inversiones con recursos del Fonavi, no repararon que mediante Ley N° 29625 no se debía tocar dicho fondo, porque estaba destinado para ser devuelto a los fonavistas.

Según declaraciones de su dirigente, Andrés Alcántara Paredes, se ha producido una lesión grave al patrimonio de millones de fonavistas, porque con estos procesos arbitrales se ha perdido más de tres millones de nuevos soles, que debían ser empleados para la devolución de los aportes, ello sin contar con el monto que se podría perder con los procesos arbitrales que se están proyectando. ”

¿Qué dice el gobierno?

Por su parte, el ministro de Economía, Miguel Castilla, ha señalado que los temas concernientes a la devolución de aportes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) son de responsabilidad de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad hoc de Devolución de Recursos del Fondo. “Todo lo que manejaba el MEF con respecto a la Comisión Fonavi pasa ahora a la Secretaría Técnica que se ha establecido, es decir, pasan los recursos, los activos y los pasivos”, comentó Castilla.

En el 2011 sólo se detectaron dos casos de corrupción

Menos denuncias. La Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura (Odecma), se ha dado con la sorpresa grata de que el Poder Judicial de Cusco posee las cifras más bajas de corrupción en todo el país. Así lo señalo su representante Yuri Jhon Pereira Alagón.

De hecho ha precisado que “La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) ha llegado a esta conclusión luego de realizar una evaluación exhaustiva y después de elaborar un cuadro comparativo. A raíz de este resumen nos han felicitado”. De hecho Yuri Pereira indicó que en las demás Cortes de Justicia del país el número de casos “es mucho mayor”, en el Cusco solo hay un aproximado de 300 denuncias.

Cabe señalar que durante el 2011 sólo se detectaron dos casos de corrupción. Un juez y un funcionario de la administración de justicia del Cusco fueron encontrados culpables de pedir “coima” a los litigantes.

Hay que recordar que las denuncias, en gran porcentaje son referidas al retardo de la administración de justicia, casos que se dan a raíz de que las partes procesadas que realizan a una serie de recursos en base al derecho de contradicción de las partes, falta de notificación oportuna por qué no se encuentra un domicilio real de alguna de las partes.

Otro factor para la demora de los procesos judiciales es la falta de una adecuada atención por parte de los trabajadores del Poder Judicial, situaciones que a la larga serán corregidas, por lo que en estas circunstancias es difícil continuar con la secuela del proceso.

Las sanciones por esta clase de quejas, son desde una amonestación hasta una destitución de los implicados en las denuncias, según a las circunstancias o gravedad de las denuncias.

Asimismo, se sabe que el ODECMA, cuenta con un nuevo Reglamento de Organización de Funciones, cuya labor se basa en el control respecto de la conducta funcional de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales, para lograr una adecuada administración de justicia oportuna y transparente.