•FUJIMORI CULPABLE: SALA PENAL ESPECIAL LO CONDENA A 25 AÑOS POR BARRIOS ALTOS Y LA CANTUTA
Al cierre de la presente edición, la Sala Penal Especial que juzgaba a Alberto Fujimori por los casos de Barrios Altos y La Cantuta; así como por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer ha emitido su fallo. Los cuatro hecho materia de acusación “están probados más allá de la duda razonable”, ha señalado César San Martín.
San Martín, presidente de la Sala, resumió al inició de la jornada el contenido de las más de 600 páginas que contienen la sentencia de un juicio histórico. Según el documento, por unanimidad se ha determinado que: “el acusado Alberto Fujimori Fujimori, a la par de la estrategia descrita, implementó - a través de lo que llamó una “NUEVA ESTRATEGIA” - una reacción radical contra el terrorismo”.
Durante todo el proceso, la defensa de Fujimori intentó negar el comando que ejercía en las Fuerzas Armadas y que por lo tanto no pudo estar al tanto de los operativos de Colina. La sentencia indica que está probado que “el acusado (…), como jefe supremo de las FFAA y PNP, ejerció potestades político militares y potestades militares efectivas, evidenciando mando y comando máximo sobre las Fuerzas del Orden, tanto a nivel político estratégico, como táctico y operativo”.
La sentencia tiene varios puntos importantes, además de señalar que los crímenes cometidos por Alberto Fujimori son delitos de lesa humanidad y de reivindicar a las víctimas demostrando que ninguno era terrorista, como siempre sostuvieron los defensores del condenado.
La Sala ha señalado que ha quedado plenamente demostrado que “el SIN, como organismo del Sistema de Defensa Nacional, fue un ente dependiente de la Presidencia de la República”; así como, que “se dotó al SIN de un presupuesto especial, secreto y cuantioso, y que en los hechos quien manejaba ese presupuesto, bajo autorización del acusado ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, era el asesor Montesinos Torres?
“Barrios Altos y La Cantuta ejecutadas por (…) Colina, a partir de la intervención directiva de los estamentos de mayor jerarquía del Ejército y el SIN, significó la intervención de un aparto organizado de poder que se colocó al margen del Derecho”, indica uno de los fundamentos de hecho de la sentencia.
Estos considerandos son importantes, porque permiten evidenciar más claramente, la organización delictiva que Fujimori encabezó no sólo para cometer violaciones de derechos humanos sino para llevar a cabo acciones delictivas y hechos de corrupción. La coptación de los aparatos de poder, que la Sala ha descrito muy bien, representa la visualización de la estructura criminal instaurada en el régimen de Fujimori, cuyo brazo operativo era Vladimiro Montesinos.
Ahora vienen los procesos por corrupción, primero se revisará el caso de la entrega de 15 millones de dólares de CTS a Vladimiro Montesinos. Hay que recordar que está entrega de dinero se dispuso cuando Montesinos ya había sido puesto en evidencia, ya se le había visto comprando a un congresista para darle mayoría a Fujimori. Para mantener calmado a su brazo ejecutor, Fujimori ordenó el desvío de fondos del tesoro nacional.
El tercer proceso que afrontará Fujimori será el relacionado a la compra de Cable Canal de Noticias (CCN) para lo que usaron fondos del Estado; la interceptación telefónica y la compra de congresistas tránsfugas. Justamente, lo señalado en la sentencia de la Sala presidida por el vocal César San Martín es importantísimo para demostrar que los hechos de corrupción imputados a Montesinos, como la compra de congresistas tránsfugas, no pudieron hacerse sin el pleno conocimiento, autorización y orden expresa de Alberto Fujimori. La Sala ha indicado que Fujimori instituyó un régimen que se alejo de la ley, tuvo como brazo ejecutor a Montesinos y estaba configurado para la comisión de delitos, como son la violación de derechos humanos y los actos de corrupción.
Por lo tanto, debemos estar atentos a los procesos por corrupción que se le seguirán a Fujimori en los que estamos seguros se irán probando con más precisión lo señalado por la Sala. Fujimori encabezó una red de poder organizada para cometer delitos.
•ELIMINANDO LOS CONTROLES:
El hecho de que el Ejecutivo continúe remitiendo propuestas de candidatos que serán rechazados por no tener las características exigidas por las normas, mientras el país aún no cuenta con un Contralor General de la República, pues desde octubre ni el Ejecutivo ni el Congreso han podido encontrar un candidato que reuna los requisitos, podría reflejar la intención del gobierno de que no exista una cabeza en la Contraloría que pueda hacer frente a las reformas que se están planteando sobre el Sistema Nacional de Control, las que le restan funciones y limitan los controles, con lo cual se refleja la poca voluntad de luchar contra la corrupción.
Al cierre de esta edición, la segunda propuesta realizada por el Presidente García, el señor Edmundo Beteta ha sido descartado por la Comisión Evaluadora del Congreso de la República y lla porque no reunía los requisitos de ley.
Por otro lado, entre diciembre y febrero el Poder Ejecutivo emitió los Decretos de Urgencia No. 47-2008 y 010-2009 declarando de “necesidad nacional y ejecución prioritaria” diversos proyectos de inversión; estos decretos han venido acompañados de un Proyecto de Ley No. 3003 - cuyo debate ha quedado suspendido en el congreso -. Las mencionadas normas apuntan a reducir los controles tanto para la ejecución de proyectos de inversión como para el endeudamiento público, todo bajo el pretexto de la crisis económica mundial.
No contentos con eso - que podrían considerarse medidas cuestionables pero transitorias - está siendo evaluada por los ministerios una propuesta del Ministerio de Justicia para reformar el Sistema Nacional de Control, de manera que no sea “un obstáculo burocrático a las inversiones” como han señalado miembros del Ejecutivo.
El referido anteproyecto de ley pretende que la Contraloría sólo verifique la legalidad de los actos efectuados por los funcionarios públicos, más no la gestión y utilización de los bienes y recursos del Estado; asímismo, en materia de deuda pública no podrá ejercer control posterior si es que ha habido procesos en los que haya dado opinión previa. Por si eso fuera poco, en los casos en los que existan leyes ambigüas el auditor (el funcionario encargado de hacer la acción de control) deberá asumir y aceptar la interpretación que a su discreción haya realizado el funcionario público sujeto de control, con lo cual queda sin grado de acción.
¿Para la lucha contra la corrupción basta con un Sistema Nacional de Control que verifique la legalidad de los actos de ejecución de presupuesto? Lo vivido en la década de los 90´s muestra que la corrupción puede darse aún cumpliendo con todas las normas.
En el marco de la crisis económica mundial, el Ejecutivo ha señalado que dispondrá de más de 10 mil millones de soles para diversos proyectos de inversión, considerado por muchos como un foco de corrupción; así, y tras escandalos como el de los `petroaudios`, es más que evidente la necesidad de contar con un Sistema de Control fortalecido.
Esperemos que el debate sobre el tema sea abierto y se entienda que agilidad no sigfinica falta de control en el uso de los recursos de todos y todas las peruanas.
• DOE RUN PERU: ´Salvataje frustrado´
Otro hecho que ha llamado nuestra atención, ocurrido al cierre de esta edición de De Cuello Blanco, tiene que ver con la situación de la compañía minera Doe Run Perú.
En las últimas dos semanas, los medios de comunicación informaron sobre una supuesta situación de crisis financiera de la empresa Doe Run Perú.
La empresa habría tenido que paralizar el 95% de sus actividades. La situación de DRP se debía a que no podía cancerla una deuda de 100 millones de dólares con las empresas que proveían de material para la fundición; además, porque un grupo de bancos, encabezados pro el Banco de Crédito, decidieron no revonarle un crédito revolvente de 75 millones. Todo ello, sin contar lo que aún le falta a la empresa para poder cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que vence en octubre de 2009.
El gobierno había anunciado su voluntad de encontrar una solución frente a la situación financiera de la empresa privada Doe Run Perú. Pese al hermetismo con el que se intentó manejar la intervención del gobierno, algunos medios de comunicación informaron que las opciones que se barajaban eran: i) Salvataje, mediante un prestámo de 200 millones de dólares, del COFIDE o ii) Avalar un crédito que Doe Run adquiera con cualquier entidad bancaria. Ambas opciones recibieron fuertes críticas.
Los cuestionamientos a la intervención del Estado en el problema de Doe Run Perú, provenientes de los más diversos sectores (desde el Movimiento por la Salud de La Oroya hasta las mineras acreedoras de DRP), indicaban que: Doe Run es una empresa privada y como tal debe solucionar sus problemas por su propia cuenta, sin intervención estatal.
Además, Doe Run Perú tiene una historia de incumplimientos en sus compromisos ambientales, por ejemplo, ha solicitado y logrado, hasta en 5 ocasiones, modificar y ampliar su (PAMA) - una de las cuales logró planteando una situación similar a la actual - que tiene como plazo final octubre del presente año. Hasta el momento Doe Run sólo habría avanzado en 47% en la ejecución del PAMA.
Otra preocupación que surgía era ¿cómo una empresa que ha logrado sobreganancias, por el boom de los metales de los últimos 3 años, había quedado en quiebra?. En medio del debate, se conoció que la empresa había pagado a sus trabajadores las utilidades, correspondientes al año 2008 (sólo en el caso de los 2300 obreros estamos hablando de más de 7 millones de soles). Esto dejaba aún más dudas, pues supuestamente estaban casi al borde de la quiebra ¿cómo en 3 meses se desfalca a una empresa que quedó 6ta en exportaciones a diciembre de 2008, o será que DRP no estaba siendo honesta sobre su situación financiera?
Expertos señalaron que salvar el Complejo Metalúrgico de La Oroya no significa salvar a la empresa Doe Run. Se plantearon otras soluciones, como que poner a la venta acciones de la compañía.
Sin embargo, el día 2 de abril, salió humo blanco. Las empresas acreedoras serán las que le presten a DRP 175 millones de dólares, en minerales para que continúe con sus operaciones; por su lado, el Estado ha logrado que Doe Run ponga el 100% de sus acciones como garantía para el cumplimiento de sus obligaciones ambientales que vencerán indefectiblemente en octubre de este año.
El cambio en la actitud del gobierno, cuando hasta el Presidente García había expresado su preocupación sobre el tema, respondería a la reacción que desde diversos sectores generó la posibilidad de premiar con un salvataje a una empresa que no ha demostrado responsabilidad en su manejo.
Sin duda el resultado es favorable al país, pero aún hay detalles de la participación del Estado en este tema privado que deben ser aclarados.
