De Cuello Blanco

El nuevo número del Boletín Electrónico DE CUELLO BLANCO aparece a pocos días de la apresurada suscripción, por parte de funcionarios del ejecutivo, del Contrato de Concesión del Puerto de Paita, cuyo proceso –realizado por PROINVERSIÓN en el marco del llamado “Plan de Estímulo Económico”- había generado en diversos sectores políticos y sociales, críticas por la posible comisión de actos de corrupción para beneficiar a la empresa que ganó la buena pro, el Consorcio Terminales Portuarios Euroandinos. 

De los doce proyectos priorizados para ser concesionados en el 2009, sólo se han adjudicado hasta el momento tres y dos de ellos han sido duramente criticados. Los fuertes cuestionamientos que se han venido dando con relación a las concesiones del puerto de Paita, o la planta de tratamiento de Taboada, estarían evidenciando que por lo menos habría existido un manejo deficiente de los procesos de concesión. Aún así, el gobierno no tendría intención de revertir la situación anulando estas adjudicaciones.

La rápida concesión de estos proyectos, ha sido la salida que ha tenido el gobierno para enfrentar la crisis financiera internacional que se hizo evidente el año pasado. A propósito de esto, mucho se ha hablado sobre la crisis, las causas y las consecuencias que tendrá la misma. En esta edición presentamos un artículo que es doblemente interesante ya que enfoca la corrupción existente en los altos niveles de poder de Estados Unidos como una de las causas que desató esta crisis financiera y por otro lado, quien lo ha escrito es Daniel Kauffman, ex director para gobernabilidad y lucha contra la corrupción del Banco Mundial, quien habla de la necesidad de replantear el concepto de corrupción.

El Banco Mundial, como muchas otras organizaciones e instituciones, considera que una de las principales acciones que deben emprenderse para acabar con la corrupción en el Estado es la reducción de los trámites porque pueden ser generadores de burocracia y coimas. Sin embargo dicha recomendación llevada al extremo podría estar poniendo en peligro la vida humana como se demuestra en el caso de las licencias para construir en el Perú o la obtención de licencias de conducir en México, país que ocupa el primer lugar en Latinoamérica en mayor mortalidad por accidentes de tránsito. Con el tratamiento sobre el tema de la simplificación administrativa extrema abrimos la nueva sección “Para analizar”, en nuestro Boletín Electrónico.

Este nuevo número contiene también una entrevista realizada a Francisca Skoknic, periodista del Centro de Investigación Periodística – CIPER de Chile, en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación realizada por IPYS. En ella encontraremos una valiosa experiencia de lo que el periodismo de investigación puede y debe hacer en su labor de informar y luchar contra la corrupción.

Para finalizar, contamos con nuestra sección de noticias nacionales e internacionales que nos informa acerca de lo que viene sucediendo en nuestro país, así como sobre casos e investigaciones en materia de corrupción que se presentan en otros países.

El equipo editorial

En toda la web existen análisis sobre los determinantes de la crisis financiera. Van desde acusaciones simplistas y generales sobre la “codicia” del capitalismo del mercado, hasta la arcana explicación de un mal llevado pacto regulatorio con los demás. Y el espectro intermedio está repleto, incluyendo el paso en falso del Secretario de Tesoro Paulson al dejar que Lehman fracasara ese fatídico fin de semana.

Cuando todo está dicho y hecho, es posible arribar a algunos consensos sobre cuál habría sido la particular combinación de factores que unidas a fallas recientes en la definición de políticas y en la fiscalización, puede ser la culpable (de la crisis). En este momento no estoy preocupado en cuáles fueron los ingredientes precisos de esa debacle. En lugar de eso, quiero concentrarme en un factor que, a veces, ha sido mantenido debajo de la alfombra: la captura por parte de intereses creados del regulador y de la política. Han sido años en el proceso. Y hemos estado investigando y midiendo la noción de captura durante una década, y brindando algunas advertencias generales. Un debate amplio y sincero sobre este tema, basado en análisis de situación y datos, está agotado.

En primer lugar, avancemos rápidamente, para ilustrar concretamente el tema.  Wall Street Journal y CBS nos han dicho que en los últimos años Freddie Mac y Fannie Mae gastaron millones de dólares en hacer lobby con algunos influyentes miembros del Congreso a cambio, entre otras cosas, de flexibilizar los requerimientos para la reserva de capital para estas antiguas hipotecas. En términos generales, gracias a su avanzada lobista durante años, estas instituciones obsoletas se han convertido en gigantes virtualmente intocables. En algunas administraciones pasadas, un grupo de funcionarios de alto nivel del Tesoro han comprendido cuán peligrosas eran estas instituciones anacrónicas, pero no pudieron hacer nada al respecto. Un clásico caso de captura.

Consideremos ahora, la “pequeña” unidad de derivados de AIG, liderada por Joe Cassano, convenientemente ubicada en Londres para asegurar, particularmente, una laxa fiscalización sobre la contabilidad dudosa y las prácticas de difusión, evidentemente aceptadas por su jefe (y, posiblemente, incluso por  el propio CEO de AIG). Lejos del control, y resistente a hacer pública su situación financiera actual, esta unidad de menos de 400 empleados encabezó derivados financieros de muy alto riesgo, que prácticamente llevaron a la quiebra al imperio de AIG con más de 100 mil empleados en 130 países, y con él posiblemente, el sistema financiero mundial tal y como lo conocíamos.

La arrogante confianza de estos directivos de AIG (quienes fueron tomando inmensos riesgos -sociales y para el sistema-, mientras maximizaban sus propios beneficios con un muy pequeño riesgo privado asumido por ellos), fue el resultado de una captura de facto de la reglamentación por parte de esta firma todo-poderosa. Así, pudieron embarcarse, virtualmente, en cualquier “ingeniería” financiera que desearon incluyendo el aseguramiento de las CDOs (siglas en inglés de: Obligaciones de Deuda Garantizadas), sin supervisión y con total desprecio por los estándares básicos para brindar información financiera a los analistas, accionistas e inversionistas potenciales; y los beneficios y bonos a corto plazo para los Directores fueron estratosféricos. Así de estratosféricos son ahora los costos para el público, transformados en globales.

Retrocedamos brevemente hasta Abril del 2004 para un ejemplo más claro de la captura. Un interesante relato de lo que ocurrió en la reunión del ´sótano´ en Wall Street sólo apareció en octubre de 2008 en el New York Times. Esa reunión tuvo lugar cuatro años antes en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su nombre en inglés), en la que los 5 mayores bancos de inversión tuvieron que utilizar su ´peso´ colectivo para persuadir a la SEC de que les permita flexibilizar las restricciones regulatorias que ellos (y otras instituciones financieras) afrontaban en la toma de deudas por grandes sumas de dinero. La reunión, ante los cinco comisionados de la SEC (uno de los cuales intentó hacer preguntas escépticas pero no se lo permitieron), fue escasamente conocida y los medios de comunicación no informaron sobre ella. Duró 55 minutos.

La decisión de la SEC fue relajar tales restricciones a las deudas de este grupo de grandes bancos de inversión, y someterlos a un mínimo de supervisión. Sin embargo, subsecuentemente y hasta la actual crisis, tampoco hubo una revisión real. La SEC ni siquiera tenía un equipo ni una unidad apropiada de supervisión, y hasta hace pocos meses los responsables de la SEC sugerían que los bancos estaban adecuadamente capitalizados y que, esencialmente, podían supervisarse ellos mismos.

Ahora entremos en el campo de la problemática del estudio de la corrupción que tiene muchos retos hoy en día. Uno de ellos es haber subestimado durante mucho tiempo el estudio del mal gobierno en el sector financiero. Pero primero hablemos brevemente acerca de los fundamentos: la forma en que la corrupción es tradicionalmente definida en esta área de investigación es defectuosa y su enfoque de medición requiere, también, de un escrutinio más profundo. La interpretación de la definición tradicional de “abuso de la función pública para beneficio privado” usualmente está “legalmente” sesgada hacia la obtención de pruebas de la comisión de un acto ilícito y, más aún, está sesgada a señalar con el dedo al funcionario público como el principal responsable.

Considero que esta definición ya era inapropiada hace años, cuando estábamos escribiendo en silencio sobre el tema (p. ejm. Informes de investigación como “Corrupción Legal”). La incipiente evidencia de la gigantesca crisis financiera actual provee pruebas más dramáticas que cualquier informe que nadie haya escrito.

Como escribimos hace algún tiempo, el foco en el estudio de la corrupción necesita alejarse de centrarse exclusivamente en el “abuso de la función pública” y reconocer debidamente que la corrupción muchas veces, involucra la colusión entre lo público y lo privado (e, incluso en ocasiones, alcanza la captura por parte de los potentados privados). Más precisamente, la corrupción debería, también, abarcar algunos actos que pueden ser legales en un sentido muy estricto, pero donde las reglas de juego y las normas estatales, las políticas, regulaciones e instituciones pueden, en parte, estar diseñadas como consecuencia de una influencia indebida por parte de intereses creados para su propio beneficio privado (y no para el beneficio de la población en general). Eso puede no ser estrictamente ilegal pero sí falto de ética y extra – legal. Esta influencia indebida de intereses privados sobre el sector estatal puede, o no, involucrar el intercambio de un soborno o, dependiendo de las normas del país, otro acto ilegal.

Por lo tanto, tiene sentido tener una definición amplia y neutral de corrupción, similar a: “la privatización de las políticas públicas”. Adicionalmente a ser una definición legal, va más allá de las manifestaciones burdas del soborno burocrático y puede abarcar la influencia indebida o la captura de las regulaciones y políticas por parte de intereses particulares.

¿Podría este enfoque de la corrupción modificar la medición de cómo se ubican los países en materia de corrupción? Absolutamente.

Tomemos el caso de los Estados Unidos. Durante los pasados cinco años, las mediciones tradicionales de la corrupción, como el CPI (Índice de Percepción de la Corrupción) de Transparencia Internacional, ha ubicado a los EEUU cerca del décimo puesto, de hecho actualmente están en el puesto 18 entre 180 países. Por el contrario, cuando calculamos un índice que sólo se concentra en las manifestaciones de corrupción legal (influencia indebida mediante financiamiento político, grandes firmas influenciando a políticos y formuladores de políticas), Estados Unidos se ubica en la mitad inferior en los más de 100 países en que se encuestó a las empresas.

En nuestras estimaciones, países como los Países Bajos, Noruega, Dinamarca y Finlandia tuvieron un índice muy bajo en la extensión de la corrupción legal corporativa y la influencia indebida (1ro a 4to, respectivamente, entre 104 países rankeados). En contraste, Estados Unidos se situó en el puesto 53, Rusia en el 74 e Italia en el 47. Chile estuvo ubicado en el puesto 18, muy por encima de los Estados Unidos en relación a esta dimensión particular de la corrupción legal. También hubo países como Botswana, Colombia y Sudáfrica que también están ubicados muy por encima de los Estados Unidos. En cambio, Argentina y Venezuela están situadas mucho más abajo que Estados Unidos. Esta data es de hace cuatro años (no hay información más reciente disponible sobre estas mismas variables), pero normalmente dichos índices no mejoran dramáticamente a menos que exista un gran cambio político y reformas decisivas. La información está aquí (ver la tabla ordenada por Corrupción Legal Corporativa).

 (P.D: Aquí un artículo sobre esta material escrito por Forbes, poco después, y el tema de la corrupción legal y la captura también aparece en mi presentación de despedida en el Banco Mundial a inicios del 2008).

Artículo tomado de: “The Kaufmann Governance Post: Why Transparency, governance and corruption matter, and what we can all do about it”. Traducido por DE CUELLO BLANCO.

“PARA QUE HAYA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO TIENE QUE ESTAR ALIADA A LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PRIVADO”

DE CUELLO BLANCO pudo participar en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, realizada en Lima del 15 al 18 agosto por IPYS. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Francisca Skoknic, periodista del Centro de Investigación Periodística (CIPER) de Chile. CIPER es un grupo de periodistas independientes que realizan y difunden investigaciones en temas de corrupción pública y privada a través de su página web. En esta entrevista Francisca nos habla de la forma en qué surgió CIPER, la importancia de investigar desde la sociedad civil y la necesidad de informar lo que sucede con la corrupción en el sector privado.

Francisca, ¿Cómo surge la idea de CIPER y frente a qué vacío de información?

Chile es un país donde los medios están muy concentrados, tiene muy poca diversidad y donde la investigación está prácticamente ausente, y Mónica González venía saliendo de un diario que había cerrado. Había hecho casi toda su vida periodismo de investigación y con un socio del medio de comunicación plantearon una posibilidad interesante de hacer periodismo; así nació la idea de CIPER; luego se unió un periodista extranjero que se llama John Dickens y así postularon a financiamiento extranjero que lo brindan Open Society y la Fundación Ford. Entonces, tenemos un modelo en el que tenemos financiamiento por parte de una empresa de medios – que es COPESA – y también de la cooperación extranjera; ese mix nos da estabilidad por un lado, y por el otro,  independencia que es completa.

En un comienzo el proyecto contempla la venta de artículos a otros medios, pero justamente porque el mercado es pequeño y la coordinación de responsabilidades con las empresas editoriales es muy compleja, se hizo muy difícil. Finalmente apostamos por la web y en noviembre de 2007 lanzamos la web. Desde entonces hemos ido creciendo en visitas, creciendo en influencia y creciendo, también, como CIPER, que es un espacio pequeño y austero pero eficiente.

En la Conferencia mostraron el caso de una investigación que hicieron sobre contrataciones, pero, también han realizado investigaciones sobre concertación de precios en las farmacéuticas, que es en realidad corrupción en el sector privado y que no suele ser tocado. Con la experiencia que ustedes tienen, en países de América Latina, ¿cuán importante resulta combinar la investigación sobre corrupción en lo público y en lo privado?

Creo que es muy importante. Normalmente la gente se olvida que habitualmente para que haya corrupción en el sector público, tiene que esta aliada a corrupción en el sector privado. No siempre es así, pero normalmente hay un privado que hizo un contrato falso, una licitación arreglada y finalmente termina en que el público corta una ´tajada´, eso es un modelo bastante común.  Por ejemplo, en Chile se suele poner el acento en lo público, es muy poco habitual que se ponga el acento en los privados, que son los que finalmente corroen las instituciones. Por otro lado, por lo menos en Chile – no sé cuál es la situación en otros países, no sé si en el Perú – los medios tradicionales, normalmente, no tocan a las grandes empresas del sector privado, viven del aviso, de la publicidad y pueden perderla, así que no se arriesgan. En el caso de CIPER, la gracia que tenemos es que no tenemos publicidad – realmente, no tenemos ningún interés al que podríamos  afectar – y uno de los objetivos que nos hemos ido planteando en el tiempo es cubrir esas áreas opacas de información, que los otros medios no cubren. Lo de las farmacéuticas es uno, pero ya habíamos hecho temas de medicamentos, y el tema se puso en la agenda por una Investigación de la Fiscalía Nacional Económica. Pero igual, la cobertura que nosotros hicimos tuvo una mirada un poco distinta que la de los otros medios. También hemos visto temas de Sagafalabella, Ripley, analizando el modelo laboral que opera en Chile, que es abusivo y al límite de la legalidad y que están exportando a países como Perú, Argentina y Colombia.

Partiendo de la experiencia de CIPER, cuyo financiamiento les permite ser independientes, ¿cuán importante es que hayan espacios desde la sociedad civil –y no los medios tradicionales– que se encarguen de hacer trabajos de investigación periodística en relación a la corrupción?

Es muy importante en cuanto a la independencia, a que cubren otras áreas y eso finalmente, tiene un impacto tanto en el desarrollo como en la democracia. Que existan áreas que tienen cierta impunidad informativa se traduce en que finalmente tienen impunidad en general. Es decir, sectores en los que se producen abusos y corrupción, si la prensa no está encima, es muy difícil que la autoridad los pueda fiscalizar o que la justicia pueda ´ponerles el ojo´, si es que tienen la venia de la autoridad política. Y por eso, por un lado, los medios tradicionales son muy importantes en cuanto a la masividad; pero, cuando ellos no están cumpliendo su rol, la sociedad tiene que autogenerar otro tipo de instituciones que cubran esa necesidad.

Finalmente, ¿ustedes han podido medir el impacto en la sociedad para que las personas se asuman como ciudadanos fiscalizadores, y conozcan el funcionamiento del Estado y del sector privado, de la importancia de temas como la lucha contra la corrupción?

Mira, nosotros todavía somos pequeños y el impacto es relativo. Más que una cosa general, el impacto es en casos específicos, como el caso del Registro Civil y la colusión con una empresa que parecía súper proba y que estaban corrompiendo una institución estratégica del Estado, que tiene que ver con el manejo de los datos de todos los ciudadanos. También, quizás lo más importante, es con relación al tema de la transparencia. Nosotros hemos trabajado y fomentado el uso de las leyes de transparencia y hay un caso emblemático que es el del Senado que no tenía en su página web las declaraciones de patrimonio e intereses. Ellos cumplían con la legalidad, porque los habían entregado, pero estaban guardadas en las oficinas del Congreso en Valparaíso, ni siquiera en Santiago. Entonces, nosotros fuimos y las copiamos a mano –porque no nos dejaron fotocopiarlas– y las subimos en nuestra página web. Ese reportaje es uno de los dos más leídos de todo el tiempo que tenemos. Los ciudadanos, realmente, sintieron que estaban ocultando información muy importante para sus decisiones, porque son representantes de todos los ciudadanos; hasta se nos cayó la red porque todos querían entrar y descargar para saber qué declaraban los legisladores. Eso te habla de una institución oscura; porque debería ser normal publicar la información, no debería causar tal conmoción. La gente sentía que por el sólo hecho de que eso no fuera público los representantes eran corruptos, aunque no hubieran signos de corrupción, y eso es sintomático.

Página Web de CIPER: www.ciperchile.cl

Programa del gobierno podría ser foco de corrupción

El pasado 28 de julio, el Presidente Alan García anunció que, para reformar la denominada participación ciudadana, se implementarían los Núcleos Ejecutores, que permitirán a grupos de ciudadanos utilizar fondos públicos para obras.

Inmediatamente, se conocieron las críticas a la iniciativa, que fue calificada de “improvisada” por algunos sectores de la oposición; y días después los medios de comunicación difundieron evidencias del presunto manejo partidario y electoral de este programa, que será manejado por FONCODES, a cargo del cuestionado Carlos Arana.

Según el programa, los Núcleos Ejecutores pueden ejecutar obras hasta por 350 mil soles. La resolución que los aprobó fue firmada en Palacio de Gobierno, en una ceremonia pública realizada el 8 de agosto. Los Núcleos Ejecutores estarán conformados por representantes de la comunidad y los cargos de presidente, tesorero y secretario con los que se estructurarán, serán elegidos por una asamblea popular.

Esta decisión responde a una filosofía evidenciada por el Presidente en su discurso presidencial, en el que señaló que “la mejor manera de dialogar es gastar, entregando al pueblo los recursos, haciendo que el pueblo mismo gaste en su favor”.  Así, el gobierno arranca un año preelectoral con un programa que destinará recursos para que cada núcleo ejecutor realice proyectos como construcción de aulas, puestos de salud, puentes peatonales (mantenimiento), canales de regadío, centros de acopio, entre otros.

Dos de las principales críticas a este nuevo sistema se sostienen en el organismo estatal que tendrá a su cargo el financiamiento de las obras: FONCODES (Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social) a cargo del cuestionado Carlos Arana. Por un lado, FONCODES pertenece al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, dirigido por la también congresista aprista, Nidia Vílchez y a ello se suma que Carlos Arana es un reconocido dirigente aprista, encargado de la movilización de bases del partido de gobierno. Por ello, existe la preocupación de que los núcleos sean utilizados con fines electorales con miras a la elecciones del 2011.

Además se ha expresado la preocupación porque el sistema no está incluido en las normas que regulan las instancias de coordinación local, es decir, los espacios de concertación entre gobiernos locales y comunidades: como son el presupuesto participativo y los Comités de Coordinación Local.

Por su parte, especialistas en temas municipales como Julio César Castiglioni han señalado que el gobierno ha aprovechado las serias deficiencias del presupuesto participativo “los gobiernos locales no sólo son ineficientes en ejecutar el gasto, también le dedican menos del 5% al presupuesto participativo. García lo sabe y, por populismo o no, se aprovechó de eso. Ojalá que funcione”

Las denuncias sobre el tema no se han hecho esperar y varios medios de comunicación han informado sobre el presunto uso partidario de los núcleos ejecutores.

Por ejemplo, la directiva emitida a inicios de agosto por el Secretario General del Comité Ejecutivo Regional de Junín, Abdón Vílchez – padre de la Ministra de la Mujer – dirigida a todos los tenientes gobernadores de la región, con la indicación de que el 31 de agosto vencía el plazo para registrar a los núcleos ejecutores. Cabe señalar que aunque Vílchez también es funcionario público, emitió la directiva en su calidad de dirigente del partido de gobierno.

Al cierre de esta edición se conoció de una reunión realizada por Abdón Vílchez, con la gobernadora de la localidad de Pichanaki, Edith Ocaña, en la juramentación de 30 núcleos ejecutores de ese distrito. Según indicaron medios regionales, Vílchez habría incluso dado un discurso sobre el adecuado funcionamiento de estos espacios de ejecución presupuestal.

Las críticas, las denuncias y los posibles vacíos en la norma de los núcleos ejecutores requieren una mayor y más cuidadosa revisión y seguimiento, de manera que se prevenga la mala utilización de estos espacios, así como también, generar adecuados mecanismos de control y sanción en caso ocurran actos irregulares.

Fuentes (Fotos): Diario La República / Huanca York Times.

Continúa el escándalo de corrupción en España.

Informe de Intervención del Estado señala “diversas irregularidades”. Mientras la Fiscalía sustenta ante el Supremo Tribunal la necesidad de continuar investigando más actuaciones.

Como se conoce, España está sumida hace varios meses en un escándalo de corrupción que cada día revela nuevos elementos y que involucra a cada vez más funcionarios del Estado.

Hoy se sabe no sólo qué gobiernos del Partido Popular otorgaron sin concurso alguno, diversos contratos que permitieron a Francisco Correa y sus empresas, ganar millones de euros en los últimos ocho años sino que, además, esta red de corrupción – descubierta a raíz de la investigación del Caso Gürtel – cobró comisiones millonarias por intervenir como intermediaria en operaciones inmobiliarias con el fin de beneficiar a determinados constructores en la concesión de obras públicas que debían ser aprobadas por los dirigentes del PP situados en puestos claves en los organismos adecuados. Todo ello ha sido descubierto gracias a la investigación judicial que tiene lugar desde hace varios meses.

En el marco de la investigación judicial, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) – que depende del Ministerio de Hacienda – remitió hace unos meses, a la Fiscalía Anticorrupción que sigue el caso, un informe detallado de los contratos que se dieron durante las administraciones del PP vinculados a la trama corrupta investigada. En el documento se señalan irregularidades en contratos adjudicados “tanto a empresas de eventos vinculadas a Francisco Correa, como a determinadas empresas constructoras”.

La IGAE está encargada de verificar que la actividad económico – financiera del sector público se realice dentro de los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. El informe evidencia que las administraciones del PP no cumplieron con ninguno de estos principios en sus negocios con Francisco Correa. Pero, además, hace varios años el Tribunal de Cuentas de Valencia advirtió que el concurso por el que se dio la buena pro a Orange Market, empresa del lugarteniente de Correa en Valencia, para el montaje del pabellón Fitur, estuvo plagado de irregularidades.

En un escrito remitido al Tribunal Supremo, la Fiscalía ha señalado la necesidad de continuar investigando “algunos expedientes de contratación en particular”, debido a que cada día surge nueva información sobre la trama de corrupción que tiene a España en alerta.

Cabe comentar que, por ejemplo, en el auto apertorio inicial remitido por el juez Baltasar Garzón– y con el que se inició el Caso Gürtel –, se implicaba al tesorero nacional del PP y citaba, entre la documentación requisada al contador de la red de corrupción de Correa, un fax de la Consejería de Fomento de Castilla y León, dirigida por José Manuel Fernández Santiago en ese momento, que daba cuenta de la concesión definitiva de la variante Olleros de Alba por un monto de 2.45 millones de euros – en noviembre de 2002 – a la empresa TECONSA.

La documentación incautada incluía las anotaciones del supuesto cobro de un 3% de comisión a dicha empresa, que Correa habría repartido entre los dirigentes del PP que aprobaron la adjudicación. Esa era, al parecer, la modalidad de intermediación que utilizaba la red.

De lo que se conoce que han investigado tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, se ha podido elaborar un mapa de la supuesta corrupción en la que aparecen los siguientes actores:

1.- Dirigentes del PP que encabezan (gobiernan) instituciones que tiene la potestad de adjudicar contratos u obras.

2.- Francisco Correa y su red empresarial, que obtenía los contratos de las localidades gobernadas por el PP o intermediaba para que empresarios inmobiliarios afines obtuvieran los contratos.

3.- Constructores o empresarios que pagan las comisiones a Correa para que los ayude a conseguir los contratos de los dirigentes del PP.

Las investigaciones sobre las conexiones y las relaciones entre estos actores continúan y cada día hay más revelaciones sobre uno de los más grandes casos de corrupción en Europa y el mundo.

Otras informaciones vinculadas:

·   Organismo: PP Partido Popular

·   Imputado el presunto pagador

·   Facturas falsas y billetes de 500

·   Una mordida para el alcalde

·   “Martinsa se portó conmigo”

·   Trocear contratos a 12.000 euros

·   Aguirre responsabiliza a Rubalcaba de supuestas escuchas ilegales a dirigentes del PP

Fuente:

 http://www.elpais.com/articulo/espana/supuesta/comision/elpepiesp/20090831elpepinac_1/Tes

http://www.elpais.com/articulo/espana/Hacienda/destapa/contratos/ilegales/Gobiernos/PP/trama/Gurtel/elpepiesp/20090831elpepinac_2/Tes

Ante III Conferencia de Estados de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción

El pasado 25 de agosto,  la Coalición de Sociedad Civil de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), entregó la Declaración firmada por 239 organizaciones – de un total de 73 países – en la que se solicita la adopción de un sistema transparente, fiscalizado y efectivo de monitoreo del progreso en la implementación de los compromisos anticorrupción.

El documento, entregado a los gobiernos reunidos en Viena para la última ronda de negociaciones previas a la Tercera Conferencia de Estados Partes de la CNUCC, incorpora recomendaciones puntuales con relación a la manera más efectiva de monitorear la Convención.

La Conferencia de Estados Partes tendrá lugar en noviembre del presente año, en la ciudad de Doha (Qatar), y, entre otros puntos, deberá ser el espacio para aprobación definitiva de un mecanismo que permita evaluar el real y adecuado proceso de implementación de la Convención en los países firmantes.

La exigencia de la Coalición de Sociedad Civil de la CNUCC para establecer un sistema de monitoreo se sustenta en la experiencia de otros mecanismos anticorrupción que quedaron en meros saludos a la bandera. Además, señalan en el documento “la adopción de un mecanismos fortalecido está lejos de estar asegurada debido a la oposición de un reducido pero influyente grupo de países que bloquean un consenso ampliado”.

Eso explicaría porque desde que ha sido aprobada la Convención los Estados Partes no han logrado ponerse de acuerdo en un mecanismo para monitorear su implementación, pese a que en la Primera Conferencia, en Jordania el año 2006, acordaron “la necesidad de establecer un mecanismo apropiado y efectivo para asistir en la revisión de la implementación”, y se aprobó la conformación de un grupo de trabajo intergubernamental para realizar las recomendaciones sobre el mecanismo más apropiado. Sin embargo, el tema no fue abordado en la Segunda Conferencia, el año 2008.

Por ello, las organizaciones de la Sociedad Civil esperan que en la Conferencia a realizarse en noviembre se tomen decisiones concretas sobre el tema. Sin embargo, se teme que se adopte un mecanismo débil y que sólo se tome en cuenta la información oficial, evitando la publicación de informes de cada país; esto sería contrario a los principios de la misma Convención.

Los temas que están en discusión, y que deben ser aclarados en la propuesta que presentará el grupo de trabajo ante el cual se ha presentado la Declaración de la Coalición son: i) ¿quién realizará las revisiones en cada país?; ii) ¿quién debe proveer de información para las revisiones?; iii) ¿a disposición de quién estarán los resultados de cada país?; iv) ¿cómo se harán disponibles los fondos adecuados para asegurar una revisión oportuna y de calidad?

En ese sentido, la Coalición sostiene que el mecanismo de revisión debe ser:

1. Respaldado por una Secretaría con recursos adecuados.
2. Asistido por un grupo de expertos independientes.
3. Basado en métodos de revisión probados, incluyendo la revisión entre pares y visitas a los países.
4. Participativo: que involucre a organizaciones de sociedad civil y otros actores interesados.
5. Transparentes: que los reportes de país sean publicados, incluyendo las recomendaciones y observaciones que se hagan.
6. Realizado en coordinación con mecanismos de revisión regionales.
7. Financiado con el presupuesto regular de las Naciones Unidas, complementado según sea necesario con aportes voluntarios.

L´Aquila, ciudad con 70 mil habitantes, quedo devastada por terremoto.

La tarde del 6 de abril murieron 309 personas como consecuencia del terremoto que sacudió la ciudad italiana de L´Aquila. El saldo del desastre natural sumaba además, más de 3 mil heridos y 60 mil personas sin vivienda. Las empresas, colegios y la universidad tuvieron que cerrar sus puertas.

La ayuda no tardó en llegar, Italia entera empezó cadenas de solidaridad con los ´terremotati´- nombre dado a los damnificados -, el Presidente Berlusconi visitó más de 20 veces la zona. Incluso hasta el G-8 en pleno realizó una visita y comprobó los estragos. En la zona estuvieron el Presidente estadounidense Barack Obama y otros líderes políticos, además de actores de renombre como George Clooney y Bill Murray. Pero los gestos aparentemente habrían quedado sólo en eso.

Según las declaraciones brindadas por la presidente de la provincia de L´Aquila, Stefania Pezzopane, en una entrevista concedida al Diario El País; existe una gran preocupación entre los italianos porque la reconstrucción de su tierra no avanza, la gente sigue sin hogar y los contratos se están realizando a la ligera.

En el país europeo alrededor de 33 mil damnificados se encuentran alojados en hoteles mientras esperan la reconstrucción; sin embargo, según aclara la presidenta provincial de L´Aquila “en la provincia hay más de 100 mil personas desalojadas”.

Pezzopane ha señalado, además,  que “Me inquieta nuestra fragilidad. Tenemos pocos recursos, la economía no ha echado a andar, el Gobierno nos ha dicho que tenemos que pagar impuestos, hay muchos empresarios sin hacer nada, mucha gente en paro, y está en peligro la integridad cultural de la ciudad”.

Por su lado, en declaraciones a la prensa sobre el tema, el Presidente italiano – también cuestionado por gastos irregulares y posibles actos de corrupción en el uso de bienes públicos con relación a fiestas privadas en una de sus mansiones – ha señalado que la reconstrucción “va a todo ritmo”. La dirigente damnificada ha expresado que “ese discurso, me temo, es propaganda barata. Necesitamos la ayuda del Estado y del Gobierno (…) Berlusconi ha prometido que en setiembre no habrá nadie en las tiendas, pero no ha garantizado casas para todos”.

Además, según explicó Pezzopane al diario español, las decisiones sobre la reconstrucción se están haciendo sin consulta alguna, los vecinos están quedando fuera de la toma de decisiones.

Por eso se teme que “las mafias se hayan infiltrado y que la reconstrucción sea un gran ‘pelotazo´inmobiliario’. Las contratas se han hecho a toda prisa, sin apenas controles. Y estamos hablando de muchos millones de euros. Es verdad que hay emergencia, pero ya sabemos lo que significan las emergencias en Italia. Más que un plan de viviendas, lo que hay en marcha es un grandísimo negocio”.

Un tema final anotado en esta entrevista tiene que ver con la posibilidad de la población de ejercer su autonomía, su derecho a fiscalizar y a informarse bien cuando existe temor y las secuelas aún golpean a los afectados por un terremoto. “Nadie ha profundizado en ese dato. Cuando la gente está aterrorizada, bajan sus defensas de autonomía. En esas condiciones es muy fácil ser engañado y manipulado”, puntualizó Stefania Pezzopane.

Fuente: http://www.elpais.com/articulo/ultima/reconstruccion/sera/pelotazo/elpepiult/20090727elpepiult_1/Tes

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) constituye una de las herramientas más importantes en materia anticorrupción, que permite a los países firmantes  - como Perú – tener un marco normativo claro que permita el diseño de políticas que combatan eficazmente la corrupción.

Así, la Convención permite consensuar determinadas definiciones y principios que deben regir la eficaz, transparente y adecuada lucha contra la corrupción, considerada un problema no sólo nacional sino global.

Así, su artículo 2 define lo que es un funcionario público, un funcionario público extranjero y un funcionario de una organización internacional. En primer lugar, el funcionario público es “i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como “funcionario público” en el derecho interno de Estado Parte.”

Por su parte el funcionario público extranjero es, según la Convención, quién “ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea designado o elegido; y toda persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluso para un organismo público o una empresa pública”. A diferencia del funcionario de una organización internacional pública, quien es “toda persona que tal organización haya autorizado a actuar en su nombre.

La Convención también establece con claridad que su aplicación está referida a la “prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y al embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.”

Añade la Convención, en el segundo párrafo del artículo 3, que para su aplicación “no será necesario que los delitos enunciados en ella produzcan daño o perjuicio patrimonial al Estado”.

En una siguiente revisión de la Convención de Naciones Unidas, hablaremos de lo que ella señala con relación a la prescripción de los delitos de corrupción que deben en cuenta las legislaciones nacionales y la necesidad de incorporar en las tipificaciones penales los delitos de corrupción en el sector privado.

  ·   HISTORIA DE UNA CONCESIÓN CUESTIONADA: EL CASO DEL PUERTO DE PAITA

El Puerto de Paita (Piura) es importante para complementar el proyecto de integración en infraestructura (IIRSA) que une Brasil y Perú; por ello, el gobierno ha considerado necesario otorgar la concesión del mismo.

En el marco del Plan de Estímulo Económico, para evitar obstáculos y acelerar la inversión, el gobierno emitió, en diciembre del 2008, el Decreto de Urgencia 047-2008 flexibilizando los controles previos, la necesidad de opinión previa y reduciendo el campo de acción de la Controlaría para que sólo pueda verificar si se cumple con las formalidades del proceso de Concesión. El Decreto tenía como objetivo “facilitar las asociaciones público – privadas que promueva el gobierno nacional en el contexto de la crisis internacional”, 12 eran los proyectos incluidos en la norma como prioritarios. Todos serían realizados por ProInversión (Agencia de Promoción de la Inversión).

Uno de los proyectos priorizados era la concesión del Puerto de Paita. Dicha concesión ha recibido serios cuestionamientos relacionados con presuntos actos de corrupción cometidos para favorecer al postor que ganó la licitación: TPEuroandinos.

Entre otros temas, se ha cuestionado que se hayan emitido más de 40 circulares modificando las bases de tal manera que TPE pudiera obtener la Buena Pro. Se ha dicho que TPE no contaba con la capacidad de carga que se requería y por ello, una de las modificaciones al contrato habría sido el requisito de la capacidad de carga.

Las suspicacias con relación a la manera poco transparente con la que se ha realizado el proceso y los supuestos intereses privados beneficiados, surgieron por parte de los trabajadores de ENAPU, investigadores independientes y diversos opositores al gobierno. Pero también el gobierno local de Paita ha sostenido que se debería apostar por un Puerto competitivo pero con inversión mixta, es decir, un muelle nacional manejado por Enapu y otro manejado por inversionistas privados.

El caso se revisó en el Congreso de la República el pasado 9 de setiembre. Los congresistas del partido nacionalista, junto con parlamentarios como Luis Negreiros, del partido aprista, presentaron una moción para que se conforme una comisión investigadora de la concesión del puerto norteño y que se suspenda la firma del contrato hasta saber el resultado de dicha pesquisa.

Ese mismo día, se presentaron ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones la Directora Ejecutiva de ProInversión Cayetana Aljovin y el Contralor General de la República, Fuad Khoury, para responder a las preguntas de los congresistas sobre el tema. Sin embargo, no convencieron a los representantes parlamentarios.

Por un lado Fuad Khoury explicó que el Informe Previo emitido por la Contraloría, dando el visto bueno al contrato, sólo se limitaba a revisar si se había cumplido con las formalidades de ley; porque el Decreto de Urgencia no les permite revisar previamente el fondo del procedimiento. Mientras que Cayetana Aljovin sostuvo que el proceso había sido realizado sin ninguna irregularidad y rechazó las acusaciones de posible corrupción.

Sin embargo, pese a que la firma del contrato estaba programada para el 14 de setiembre y a que el Congreso debía determinar si conformaba o no la Comisión Investigadora, ProInversión emitió una circular – el mismo 9 de setiembre, a la salida de su Directora de la sesión de la Comisión de Transportes – citando a TPE para las 7 p.m. y realizó la firma del Contrato, sorprendiendo a todos los críticos de la concesión.

Se van sumando así dos procesos (el anterior fue el caso Taboada) realizados por Proinversión en el marco del Decreto de Urgencia 047-2008, que han recibido serios cuestionamientos por supuestas irregularidades y la poca transparencia con la que se han realizado. 

  ·   PUBLICAN LIBRO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOBBYS DE PPK

“La República Lobbysta” es el título del nuevo libro de Manuel Dammert Egoaguirre, quien desde hace más de 2 años investiga la red de empresas y conexiones que el ex Presidente del Consejo de Ministros Pedro Pablo Kuczynski posee, a las cuales habría beneficiado durante su paso por el Estado.

Dammert había hecho públicas sus revelaciones en diversos medios de comunicación, en los que explicó la relación de Kuczynski  con empresas como Hunt Oil – hoy principal accionista del Consorcio Camisea – y otras compañías chilenas interesadas en ingresar a los puertos peruanos. Estas declaraciones le valieron al ex diputado una querella por parte del ex ministro de Economía.

La querella fue ganada en primera instancia por Dammert Egoaguirre, sin embargo, a finales de julio del presente año, el titular del 40 Juzgado Penal de Lima revocó la sentencia absolutoria y condenó al investigador a un año de prisión suspendida condicionada al pago de 30 mil soles de reparación civil. La sentencia está en apelación.

Dammert ha apelado la resolución judicial, y ha cuestionado la posición de Kuczynski  en el Comité Consultivo del actual Presidente del Poder Judicial, pero también tomó la decisión de plasmar en un libro el resultado de las investigaciones.

Así surge “La República Lobbysta”, un texto que permite a los ciudadanos conocer el desarrollo de las investigaciones, la posibilidad que Internet le dio de acceder a los registros públicos de Florida y otra documentación que comprueba la participación del también ex Presidente del Consejo de Ministros en los consorcios denunciados por el autor del libro.

Entre otras revelaciones, Dammert explica la forma en la que PPK durante su función como Ministro de Economía, habría continuado sus operaciones de consultoría para empresas que participaban en grandes contratos con el Estado peruano, como es el caso Camisea. También se presentan los indicios de la relación que existiría entre el anunciado candidato presidencial y las empresas mexicanas que se beneficiarán de la exportación del gas de Camisea en perjuicio del consumo interno. Para Dammert está sería la razón por la que Kuczynski modificó el contrato del Lote 56.

Sin duda “La República Lobbysta” es un interesante libro que presenta una importante investigación que ha permitido la obtención de indicios que deberían ser revisados por las autoridades anticorrupción.

  ·   SEGUNDO JUICIO POR CORRUPCIÓN CONTRA FUJIMORI SE INICIA A FINES DE SETIEMBRE

El 20 de julio concluyó el rápido proceso por corrupción contra Alberto Fujimori, quien fue sentenciado a 6 años y medio de prisión por haber ordenado la emisión de un Decreto de Urgencia falso para entregar ilegalmente 15 millones de dólares del Estado a su ex asesor Vladimiro Montesinos.

El proceso concluyó en menos de una semana debido a que el ex mandatario aceptó todos los hechos de la acusación fiscal, es decir, reconoció haber ordenado la emisión de un Decreto con información falsa para poder desviar fondos del Estado con el único fin de pagar por el silencio de su ex brazo derecho. Sin embargo, la defensa argumentaba que no merecía ser sancionado penalmente.

El tribunal presidido por el Doctor César San Martín encontró a Fujimori culpable de los delitos de falsedad ideológica y peculado; además, aceptó el pedido de la fiscalía para que se inicie una investigación con el fin de determinar el origen de los otros 15 millones de dólares que el ex mandatario entregó en Palacio de Gobierno a sus ministros de Estado, en noviembre del 2000, con el fin de cubrir el forado dejado por el pago a Montesinos.

Pero ese no es el único proceso que Fujimori tiene que enfrentar por corrupción. El 28 de setiembre comenzará el juicio por los casos de interceptación telefónica, compra de congresistas tránsfugas y la compra de Cable Canal de Noticias; todo realizado con fondos del Estado desviados irregularmente.

En este nuevo proceso, Fujimori deberá responder por la adquisición y la aprobación de operaciones de “chuponeo telefónico” a opositores y periodistas desde 1991; por la puesta en marcha – por intermedio de Vladimiro Montesinos – de un plan para ¨comprar¨ a congresistas electos el año 2000 con el fin de conseguir una mayoría parlamentaria que no obtuvo en las urnas; y por haber ordenado el desvío de fondos del Estado para adquirir CCN - mediante testaferros – para tener otro medio de comunicación a fin a su régimen.

Hasta el momento, la defensa no ha dejado entrever la estrategia para este proceso; que, sin duda, es más complejo. Una opción es que Fujimori nuevamente acepte los cargos, con lo cual implícitamente reconocería que su régimen fue corrupto y que él dirigió personalmente las operaciones ilegales; la segunda opción, sería no allanarse y permitir que el proceso se desarrolle, lo que permitirá a la opinión pública conocer el detalle de las pruebas y testimonios que existen sobre la corrupción que imperó en el gobierno fujimorista.

Existe un hecho que causa cierta preocupación a las organizaciones que han seguido los procesos: la remoción del Fiscal Supremo Avelino Guillén de la conducción de la acusación contra el sentenciado ex mandatario.

A inicios de agosto, Guillén fue designado como Fiscal Supremo de Control Interno – una especie de Jefe de OCMA del Ministerio Público – lo cual, por un lado, constituye un reconocimiento a su labor; pero, por otro, genera un poco de desconcierto debido que el cambio se produjo a muy poco tiempo de iniciarse el nuevo proceso por corrupción contra Fujimori Fujimori.

Es conocido por la opinión pública que el Fiscal Avelino Guillén tiene un amplio conocimiento de la red de corrupción que imperó durante el régimen fujimontesinista, como consecuencia de haber participado en todos los procesos judiciales iniciados a la caída de la dictadura. Fue por esta razón que el Fiscal Supremo Titular, José Peláez Bardales cedió su puesto en la conducción de la acusación por el caso de los 15 millones de dólares, a favor de Guillén.

Con el cambio – decidido por la Junta de Fiscales Supremos – será Peláez Bardales quien asuma, nuevamente, la conducción de la parte acusadora en el nuevo juicio oral que se inicia la última semana de setiembre.