De Cuello Blanco

Este nuevo número del boletín de Cuello Blanco sale a la luz en un nuevo escenario político y social, fruto de las recientes elecciones generales celebradas en el país, estos primeros días permite a la sociedad civil en su conjunto avizorar lo que serán las prioridades de este régimen. Cabe destacar que constatamos una continuidad entre los planteamientos de la campaña, el mensaje presidencial y los anuncios del primer ministro, por lo menos en materia de lucha contra la corrupción parece haber cierta coherencia, rompiendo la distancia entre promesas y acciones a los que nuestra clase política nos tiene acostumbrados.

Sin embargo queremos señalar que hay algunos factores preocupantes como la designación de los consejeros presidenciales Eduardo Roy Gates y Adrian Villafuerte, personas cuestionadas por sus vinculaciones con personajes ligados a la corrupción y al narcotráfico que ha generado una ola de crítica al mandatario quien se comprometió a hacer un gobierno transparente, honesto y sin corrupción. De no corregirse estos nombramientos el gobierno seguirá cargando un lastre innecesario que le abre un flanco de críticas y desconfianza.

El mensaje del Presidente del Consejo de Ministros ha tenido como uno de sus puntos prioritarios el “ataque frontal contra la corrupción” planteando la reestructuración y unificación de las actuales Procuradurías Anticorrupción y Ad Hoc en una única procuraduría anticorrupción. Es destacable la reiteración de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción en que incurran los altos funcionarios señalados en el artículo 99 de la constitución, así como la inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública para quienes cometan delitos dolosos vinculados a la corrupción.

Se ha planteado también la creación de una Procuraduría para casos de corrupción y de criminalidad para altos funcionarios del Estado. Consideramos todas estas medidas positivas y estaremos atentos aportando en el análisis y las propuestas desde la sociedad civil. No obstante, consideramos que estas medidas deben ser consideradas como los pasos previos a la instauración de un Sistema Nacional Anticorrupción que permita hacer un trabajo más eficaz, articulado y descentralizado en materia de lucha contra la corrupción.

En definitiva, consideramos que este es un escenario de oportunidades y problemas. Oportunidades para avanzar de manera real y trascender los más de 40 proyectos de Ley en materia de imprescriptibilidad de delitos de corrupción que tuvimos en los dos congresos anteriores y que no prosperaron por falta de voluntad política. Problemas debido a la complejidad del abordaje de la corrupción y de la presión de grupos de poder que se benefician de un Estado que a pesar de las reformas implementadas se ha caracterizado por ser poco transparente y permeable a la corrupción.

Por eso, esta edición de De Cuello Blanco analiza la viabilidad e impacto de la imprescriptibilidad para aportar al debate que debe iniciarse con seriedad en nuestro país, para avanzar como ya lo han hecho varios países de América Latina en esta materia. A través de las diversas secciones revisaremos varios aspectos vinculados a esta temática.

Imprescriptibilidad de corrupción es un derecho adquirido

Por: Gabriela Flores.

De Cuello Blanco conversó con la jurista ecuatoriana María Sara Jijón, quien explicó las razones por las que la sociedad civil de su país impulsó la imprescriptibilidad y el impacto real que ha tenido en la vida política de Ecuador.

Ecuador ha sido uno de los primeros países en América Latina en establecer la imprescriptibilidad para los actos de corrupción. ¿Cuál era el contexto en el que surge esta propuesta de reforma?

En realidad la Constitución misma del 98 surge como un rompimiento a todo lo anterior; aquello anterior que había venido siendo una serie de actos de corrupción desde el más alto nivel empezando por algunos Presidentes de la República así como Ministros de Estado. Aunque algunos fueron investigados y otros sentenciados, sin embargo, muchas de estas personas hacían lo mismo que otros personajes de América Latina: irse a otro país, donde no hay extradición como Estados Unidos o Panamá, esperar que sus delitos prescriban y regresaban con “bombos y platillos” como si nada hubiera pasado. Es decir, había una situación muy triste que permitía que estos actos continuarán con la mayor impunidad. En tal virtud, hubo una presión de diversos sectores para evitar que estos personajes puedan volver al país como si nada. Es decir, que aunque escaparán, por lo menos no regresen; porque lastimosamente se siguen yendo, siguen escapándose. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso emblemático, el del ex vicepresidente de la República, (Alberto) Dahik (1995) que fue denunciado por un sonado caso sobre gastos reservados irregulares, escapó y vive en Costa Rica. Entre el 2003 y 2004 el Presidente (Lucio) Gutiérrez pretendió, inconstitucionalmente, salvarlo de la acusación y finalmente, Gutiérrez cae por eso. Esa era la necesidad a la que se buscaba responder: evitar que sigan ocurriendo casos en donde personajes de alto vuelo – los famosos delincuentes de cuello blanco – sean casos sonadísimos en los que finalmente no pasaba nada. Eso es lo que se intentaba parar.

Hubo presión desde diversos sectores, ¿quiénes fueron los principales actores de esta reacción?

Fueron varios sectores. Principalmente, yo los dividiré en tres sectores: el político – los partidos políticos que no habían sido parte de los casos de corrupción -, pero sólo no hubiera podido llegar a volverse norma constitucional. Hubo otro sector importante, el de los colectivos de abogados que impulsaron y participaron en la Asamblea Nacional Constituyente del 97 que aprobó la Constitución de 1998. Estos juristas constitucionalistas fueron apoyados por organizaciones de sociedad civil que, considero, fue el tercer sector. Y existe un cuarto sector que cumplió un rol importante en el proceso: la prensa, los medios de comunicación. En general, toda la ciudadanía estaba escandalizada. De hecho, creo que son casos de estudio en el país, incluso en América Latina; Ecuador ha juzgado a presidentes por temas de corrupción, la gente ha salido a las calles de manera apoteósica pidiendo la salida de presidentes por los niveles de corrupción. Por eso cayó Abdalá Bucaram (1996) y el caso de Gutiérrez.

La reacción del pueblo ecuatoriano es interesante porque normalmente la presión contra la autoridades es por otros temas….

Yo diría que los dos casos emblemáticos, en los últimos treinta años, han sido los que refiero: Bucaram en el año 96 y Lucio Gutiérrez en el año 2000. Esos fueron los dos casos en el que el principal problema que molestaba a la gente era el tema de la corrupción, además de la lejanía de la población.

¿Cómo fue el debate en torno a la propuesta de imprescriptibilidad? Y ¿se ha debatido los efectos que ha tenido hasta ahora?

Este tema de la imprescriptibilidad lo que iba a hacer, de alguna manera, era desincentivar los actos de corrupción “de cuello blanco” porque, más allá de eso, el establecimiento de causas es un tema independiente. Adicionalmente, yo considero que establecer la imprescriptibilidad de estos delitos es uno de los temas que se trabajó a partir de 1998 hasta ahora para frenar la corrupción. El otro fue la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción que estuvo vigente unos diez años, y tenía un programa nacional anticorrupción que fue impulsado por Jamil Mahuad – que salió por temas económicos -. En su momento, el tema de la imprescriptibilidad tuvo un debate cuando fue instaurado inicialmente pero, ahora, es como un derecho adquirido, aunque no ha ayudado a procesar nuevos casos, pero sí en el sentido de que estos personajes que se fugaron ya no pueden volver. Junto a esto, el trabajo que realizó la Comisión de Control Cívico fue muy interesante porque fue identificando más de 200 casos de corrupción, se hicieron reportes, se trabajó con la sociedad civil y con la prensa; pero, finalmente, quien tiene que tomar las acciones debidas es el sistema judicial y debido a la independencia de las funciones del Estado es ese sistema el que tiene que avanzar con temas y aplicaciones efectivas, como ha pasado en Perú con el caso Fujimori; nosotros no tenemos ni fiscalías ni procuradurías anticorrupción, teníamos la Comisión de Control Cívico que era más declarativa, ahora con la Constitución del 2008 tenemos una nueva función del Estado que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que asumirá lo hacía la Comisión pero con otros elementos que le dan más fuerza, por ejemplo, ahora podrá tomar medidas cautelares.

Por lo que nos comenta, la imprescriptibilidad tiene un efecto más persuasivo que de , sanción efectiva. En el momento del debate ¿qué argumentos en contra y a favor fueron expuestos?

Esa es una buena pregunta. Personalmente no participé muy activamente de esa discusión, pero como ciudadana si estaba al tanto de las discusiones sobre este tema; así que no puedo darte datos muy precisos pero a grandes rasgos recuerdo algunas cosas. Para comenzar, le cuento una cosa interesante, la diferencia entre la Asamblea Nacional Constituyente del 98 y la del 2008 es que han sido procesos tremendamente diferentes. En aquel momento, cuando se discutía estos temas en el año 98 había mucha discusión jurídico – académica, en los medios de ciertos temas; pero las discusiones mismas de la Asamblea eran a puerta cerrada, inclusive se fueron a Riobamba y nadie se enteró de lo que pasó, al final salio el documento. Probablemente, aquellos que estaban vinculados a organizaciones de sociedad civil que hacían algún tipo de veeduría pudieron conocer mejor, pero no fue el nivel de transparencia del proceso del año 2008. Ese año la Asamblea Constituyente fue absolutamente transparente, la prensa estuvo ahí todo el tiempo, había un blog en el que se iban subiendo las actas diarias de cada una de las mesas y la sociedad tuvo acceso total, incluso se abrieron mesas de discusión itinerantes a nivel nacional para conversar con sociedad civil de cada uno de los temas. Le podría decir, además, que los argumentos eran principalmente a favor, yo no escuché jamás – al menos oficialmente – ningún argumento en contra; particularmente yo no encuentro que haya ningún argumento en contra.

El establecimiento de la imprescriptibilidad, ¿ha permitido que las autoridades judiciales fortalezcan su labor y procesen casos que de otro modo hubieran prescrito o se ha quedado como un derecho adquirido simplemente?

En realidad, creo que ha habido falta de voluntad política en los distintos actores; tal vez con ciertos períodos de mayor inspiración, dentro de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, por ejemplo, había un trabajo más serio y más ligado a la ciudadanía en la cual, realmente, se puntualizaban ciertos temas. A nivel de lo que es la justicia, los jueces hacen lo que buenamente pueden. A veces en muchos de los casos es falta de liderazgo en la Fiscalía – por muchos años, y esto es una opinión mía, no ha habido voluntad. Lo digo con el dolor del alma pero falto liderazgo para avanzar en los procesos de investigación que hubieran permitido a los jueces, por lo menos, avanzar con más celeridad y exigencia. Por eso considero que una de las áreas en las que tenemos una deficiencia grande es la Fiscalía. Por eso, le digo que el tema normativo es importante, pero tiene que venir acompañado de una serie de acciones de fortalecimiento institucional de los actores para que puedan efectivamente realizar este seguimiento, iniciar las causas y conseguir las pruebas que se requieran para tomar las medidas efectivas contra las personas y los bienes. Nos falta mucho, porque si no se convierte en letra muerta; en nuestro caso, más allá de los que se escaparon no puedan regresar al país no ha podido implementarse mejor la imprescriptibilidad.

¿Cuál es el rol que jugó y que juega la sociedad civil en la implementación de la imprescriptibilidad de los actos de corrupción?

Como mencioné, la sociedad civil jugó un rol importante en su debido momento. Inclusive fueron quienes organizaron a la ciudadanía a salir a las calles y protestar. En el momento mismo de la aprobación de esta medida a nivel constitucional hubo influencia de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué sucede ahora? Es preocupante, porque, yo diría que las organizaciones de la sociedad civil, en general, están un poco de `capa caída` en el Ecuador. La sociedad civil, las famosas ONGs en estos casos particulares de corrupción no dicen mucho. Creo que todavía estamos los ciudadanos y ciudadanas en el Ecuador pasmados frente a cómo vamos a ir ejecutando todas estas normas constitucionales. Es como que nos cayó de sopetón todo este mamotreto constitucional, que lo llamamos así porque tiene 444 artículos que son difíciles de conocer. Creo que eso le ha afectado a la sociedad civil, además, hay una visión bastante controladora de parte del Estado hacia las organizaciones de sociedad civil, que por ahora están tratando de sobrevivir por las cuestiones financieras y por temas organizativos. En ese sentido, creo que no está cumpliendo su rol; creo que más están haciendo los medios en este tema particular. Y los medios, primero es el escándalo, puntualizar el caso, pero no hay propuestas específicas. Creo, también, que los colectivos de abogados tampoco están teniendo el rol que deberían tener. Ahora, no sé si no lo están haciendo o no se les visibiliza, porque eso también puede estar pasando. Ahora, tenemos un gobierno muy controlador, como que ha habido una captura de personajes que eran de sociedad civil y ahora están en el poder. Afortunadamente, hay algunas organizaciones que están intentando hacer cosas pero que no son muy fuertes, por ejemplo Participación Ciudadana; ellos siguen muy de cerca todo el tema de la conformación del Primer Grupo de Consejeros Temporales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; el proceso de la creación de la Ley de Participación Ciudadana que está en la Asamblea y esto es importante, porque el Consejo, por ejemplo, tendrá la capacidad de nombrar al Contralor de la República, al Procurador, a todos los intendentes de Bancos y Seguros, de Telecomunicaciones, etc. Ahora, no creo que debería haber una sola, que creo deberían haber más organizaciones, más colectivos. Existe también la Coalición Acceso, ellos trabajan todo lo referente a acceso a la información pública; según nuestra Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), que esta desde 2003 más o menos, y que muy poca gente la conoce, incluso en el sector público. Entonces, como te digo, yo veo que la sociedad civil está más de observadora, de veedora que de actor y exigiendo implementar las normas anticorrupción.

* Entrevista realizada en noviembre de 2009.

El establecimiento de reducidos plazos de prescripción para delitos de corrupción en países como el Perú ha permitido que esta figura sea utilizada como mecanismo de impunidad, en lugar de coadyuvar a la sanción efectiva de estos delitos con pleno respeto de los derechos procesales.

Esta situación ha originado una ola creciente de debate, especialmente en América Latina, que ha llevado a varios países a establecer la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y en varios otros hay sendos proyectos para ello. En el ámbito multilateral el tema también está incluido en diversas convenciones aunque de manera menos explícita. (Ver Sección Las Convenciones).

En el caso peruano, existen más de 40 proyectos de ley planteando la no prescripción de los delitos de corrupción. Fueron presentados a lo largo de 10 años, desde el 2001, pero no han sido debatidos en el Congreso. Por eso, organizaciones de sociedad civil impulsan una campaña para presentar una Iniciativa Legislativa Ciudadana en esta materia.

A diferencia del Perú, Puerto Rico, Venezuela, Bolivia y Ecuador ya incorporaron en sus legislaciones nacionales la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos. En todos los casos, se fundamenta esta decisión en la equiparación del impacto de dichos delitos con los de lesa humanidad.

Puerto Rico, por ejemplo, ha establecido desde el 2004, en su Código Penal – teniendo en cuenta que no tienen Constitución propia – la no prescripción de los delitos contra el patrimonio del Estado.

Así, en Art. 100 establece que “en los siguientes delitos la acción penal no prescribe: delito grave de primer grado, genocidio, crimen de lesa humanidad, asesinato, secuestro y secuestro de menores, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos públicos y todo delito grave tipificado en este Código o en ley especial cometido por un funcionario o empleado público en el desempeño de la función pública.”

De esta manera, Puerto Rico amplía el ámbito de la no prescripción a otro tipo de delitos cometidos por funcionarios públicos que no sean explícitamente definidos como corrupción. Según el Código Penal puertorriqueño, un delito grave es “aquél que conlleva una pena de reclusión mayor de seis meses”, los graves de primer grado tiene 99 años de prisión.

Por su lado, Ecuador ha tenido dos reformas constitucionales en la última década y en ambas estableció la imprescriptibilidad de los actos de corrupción.

La Constitución actual – vigente desde 2008 – indica que “… Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas” (Artículo 233)

Venezuela y Bolivia son los otros dos países que también han establecido la imprescriptibilidad. En el caso Venezolano, recibiendo incluso una felicitación del Grupo de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción por haber establecido que “…No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes”.

Mientras que Bolivia establece que “los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad”(Art. 112). Además, explícitamente indica que los delitos mencionados son equiparables al genocidio, lesa humanidad, traición a la patria y crímenes de guerra.

A estos países se suman casos como el de Argentina y México. Como ellos, varios países han iniciado un debate formal para tomar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción como medida efectiva y urgente para evitar la impunidad de estos ilícitos.

Vista la realidad de América Latina y teniendo en cuenta los numerosos ejemplos de funcionarios públicos evaden la justicia y garantizándose impunidad bajo el amparo de los plazos de prescripción que vencen rápido; se hace implícito iniciar el debate de reformas sustanciales que respondan al reto de prevenir y combatir eficazmente la corrupción y la impunidad.

En esta edición recordamos algunos de los casos más emblemáticos donde la prescripción de los delitos de corrupción sirvió para garantizar la impunidad. Veremos como los personajes involucrados, reaparecen años después reincidiendo en sus prácticas no licitas.

• La prescripción de los casos del primer gobierno del APRA y el regreso de sus protagonistas.

Sin duda, el caso de Alan García Pérez es el más emblemático de la impunidad que genera la prescripción.

García Pérez apeló a la prescripción para regresar impune al Estado.

García fue presidente del Perú por primera vez entre 1985 - 1990, salió en medio de pifias y envuelto en graves escándalos de corrupción.

Uno de los más sonados fue el caso del Tren Eléctrico, donde García fue investigado por Enriquecimiento Ilícito y Cohecho Pasivo, pero no fue sentenciado porque el plazo para juzgarlo se venció. García nunca afrontó el proceso, esperó paciente entre París y Colombia al momento para volver al Perú.

Aunque, en diciembre de 1995 la entonces Fiscal Suprema Nelly Calderón, emitió un dictamen que concluía que sí estaban “debidamente acreditadas la comisión de los delitos de Cohecho Pasivo y Enriquecimiento Ilícitos”.

En ese caso, según el dictamen fiscal se acreditó que García Pérez negoció que empresas italianas se encarguen de la construcción del Tren Eléctrico. Incluso, el proceso contó con testigos de la talla del Presidente del Consorcio TRALIMA - empresa que era responsable del Tren, y firmó con la Autoridad Autonoma del Tren Electrico (AATE) - que reconocieron el pago de comisiones, indicando a Sergio Siracusa como el encargado de pagarle personalmente a García. García le habría, incluso pedido, a Siracura - en una reunión en Roma - alrededor de 500 mil dólares para cubrir los costos de la campaña al Municipio de Lima.

A pesar de todas las pruebas, García esperó fuera del país y el plazo para perseguirlo se venció, sus casos fueron archivados por prescripción, quedando la duda sobre su inocencia. En el año 2001, Alan García volvió al Perú con un mitín y como candidato presidencial, quedando en segundo lugar.

Para el 2006, García volvió a ser Presidente, con un mandato llenó de cuestionamientos. Con el cambio de gobierno, existen pedidos de diversos sectores para conformar una comisión investigadora en el Congreso debido a la gran cantidad de escándalos de corrupción que han envuelto a este segundo gobierno de AGP.

• El Factor Rómulo León y el caso Petroaudios

Justamente, el principal escándalo de corrupción que ha golpeado a Alan García en su segundo mandato fue

Antes del escándalo, García compartía con Rómulo León y sus hijos como grandes amigos.

protagonizado por un personaje que en su primer gobierno también fue acusado de corrupción y se acogió a la prescripción de sus delitos.

Rómulo León Alegría fue ministro de pesquería entre 1985 - 1990, y era un connotado dirigente aprista hasta que estalló el escándalo de los llamados “petroaudios” (2008). Al terminar el primer período de García, el Congreso aprobó acusar a León por Enriquecimiento Ilícito, se le había encontrado un desbalance patrimonial de más de 200 mil dólares. Se le procesó judicialmente, pero en 1998, la Corte Suprema resolvió el caso ya había prescrito.

Desde entonces, León ha mantenido un perfil bajo, encargándose, al parecer, de gestionar los intereses de diversos empresarios y amigos; labor que, con el segundo gobierno aprista, le fue fructífera. Su hija, Luciana es congresista de su partido.

En octubre de 2008, un medio de comunicación difundió varios audios donde se apreciaba a Rómulo León y Alberto Químper (funcionario de la empresa estatal Perupetro y ex abogado de Alan García) vanagloriandose del “faenón” realizado para favorecer a la empresa noruega Discover Petroleum International - clientes de León Alegría - con la adjudicación de 5 lotes petroleros de manera irregular.

El escándalo no ha terminado y los efectos fueron duros. El gabinet

El debate sobre la pertinencia de declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción no sólo se da en nuestro país. A nivel mundial existe preocupación al ver que los cortos plazos de prescripción establecidos en los códigos penales pueden generar impunidad. (Ver Sección Para Analizar)

Por ello, el único instrumento global en materia anticorrupción contempla el tema de la prescripción dejando abiertas las posibilidades a los países a establecer la imprescriptibilidad.

Así tenemos que el art. 29 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción señala que “Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención”.

Pero, adicionalmente menciona el componente agravante de haber huido de la justicia para establecer el plazo de prescripción, “(…) y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia”.

Es claro que, la también llamada Convención de Mérida, considera que la determinación de los plazos de prescripción deben coadyuvar sanción efectiva de los actos de corrupción y no convertirse en un mecanismo de impunidad, menos aun cuando hablamos de personajes que han eludido la acción de la justicia. Justamente, el art. 29 es parte del Capítulo III de la Convención dedicado a la “Penalización y aplicación de la ley”.

Por otro lado, la Organización de Comercio y Desarrollo (OCDE), que agrupa a los países más ricos del mundo, también ha sentado su preocupación sobre este punto. Así, naciones como Estados Unidos, Brasil, Alemania, Argentina, Austria, Australia, Chile, Bélgica y Finlandia, entre otros, han firmado dos Convenios en esta materia.

Tanto el Convenio para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (1999) como en el Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (2000) plantean la necesidad de que los plazos de prescripción establecidos por los países miembro permitan la eficaz investigación de los actos delictivos.

Así el art. 6 establece, en ambos convenios, que “En las normas sobre prescripción” tanto de los “delitos de corrupción” como de “delito de cohecho” cometidos por agentes públicos extranjeros “se establecerá un plazo suficiente para permitir la investigación y persecución de este delito.”.

Como puede verse, las convenciones internacionales sobre corrupción han contemplado una preocupación que comienza a hacerse más visible con relación al uso de los plazos de prescripción como un mecanismo de impunidad más que como un elemento que ayude a la sanción efectiva de estos ilícitos penales.

Lucha contra la corrupción es una prioridad para mayoría de peruanos. (Agencia Chaski)

Giancarlo Castiglione Guerra, miembro del Grupo de Trabajo contra la Corrupción (GTCC), calificó de positivo lo anunciado por el Gabinete en materia anticorrupción; especialmente, lo referido al anunció de la imprescriptibilidad de estos delitos para altos funcionarios públicos.

“Hay una línea, podríamos llamar, de coherencia entre el discurso de la campaña, el discurso presidencial y ahora el del Premier; parece que hay una voluntad real de combatir la corrupción”, remarcó Castiglione Guerra.

Destacó el  anuncio de una reforma constitucional para la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, “creo que es el anuncio más importante” indicó el, también, coordinador de la Red Jubileo Perú.

Por otro lado, Castiglione expreso que existen otros anuncios importantes e interesantes como “este propuesta novedosa de hacerle pagar a los corruptos su manutención en los penales del país como parte de la reparación civil.” Remarcó que estas medidas deben ser implementadas “lo más pronto posible”.

Por ello, exhortó al Congreso de la República a priorizar el debate de medidas como la imprescriptibilidad. “Por los discursos vistos, consideramos que hay un compromiso de la bancada de gobierno para apoyar esta medida; y las bancadas de centro y de oposición también deberán aprobarla porque permitirá fiscalizar a este gobierno. Esto no es un tema de partidos, es la agenda del país”, afirmó Castiglione.

No obstante lo positivo del discurso del gabinete ministerial, Castiglione indicó que “todavía no se ve una mirada integral del problema de corrupción. Nosotros venimos planteando la necesidad de establecer un Sistema Nacional Anticorrupción, en esta materia. Pero, creo que las medidas anunciadas deben servir para abrir la puerta a planteamientos más orgánicos e integrales que serán un segundo y definitivo paso en la lucha contra la corrupción en el país”.

Señaló que todas las medidas deben tener un componente importante de participación ciudadana, recordando que “la lucha contra la corrupción es tarea de todos y no sólo de los funcionarios o autoridades.”

Por otro lado, el representante del GTCC se manifestó de acuerdo al pedido del congresista Javier Diez Canseco (Gana Perú) de incluir en las medidas la co-responsabilidad del actor privado en los actos de corrupción. También coincidió con la necesidad de conformar una comisión investigadora del Congreso que profundice los casos de corrupción cometidos durante el gobierno de Alan García.

Remarcó que la prensa y la ciudadanía debe estar atenta a los resultados de esa investigación parlamentaria, así como a la actuación del gobierno y el Congreso en torno a las medidas anunciadas.

Finalmente, Castiglione indicó que el gobierno debe “corregir” los nombramientos de personajes cuestionados por su vinculación en temas de corrupción, denunciados por la prensa en las últimas semanas. “Arrojan sombras innecesarias generadas por el propio gobierno. Creo que son reversibles, y son pocos y fácilmente revocables”, señaló.

Fuente: AlertaPeru

Consejo de Ministros reafirmó voluntad de combatir a la corrupción. (Expreso)

Además, Ejecutivo propondrá la imprescriptibilidad de la persecución penal para los delitos de corrupción cometidos por altos funcionarios.

Entre los principales clientes de Roy Gates están procesados por corrupción y narcotráfico. (Peru21)

El Gobierno designó como nuevo Consejero Presidencial en asuntos jurídicos al abogado Eduardo Federico Roy Gates, quien fuera defensor del exministro aprista Rómulo León Alegría, en el proceso que sigue por el caso de los ‘petroaudios’, el mayor escándalo de corrupción el gobierno del expresidente Alan García.

Además, el letrado asesoró al propio presidente Ollanta Humala en el caso Madre Mía y trabajó para él en varios casos que prefirió no especificar. “En su momento diré en qué otros procesos defendí al presidente. Por el momento no estoy autorizado”, indicó al semanarioHildebrandt en sus trece.

Según resolución suprema aparecida hoy en El Peruano, Roy Gates recibirá “el apoyo técnico y logístico que sea necesario para el mejor cumplimiento de las funciones”, por parte de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Fuente: Peru21

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José Francisco Crousillat no sería el único condenado por corrupción que goza de privilegios. (PanamericanaTV)

La denuncia sobre la salida irregular de José Francisco Crousillat refleja la crisis del sistema nacional penitenciario, así lo considera el ex Presidente del Instituto Nacional Penitenciario Wilfredo Pedraza.

Pedraza explicó que los internos tienen derecho a ser trasladados a clínicas para recibir tratamiento médico, solicitando autorización previamente, sin embargo “sin duda hay un grave conflicto por la forma como hemos visto se ha llevado a cabo el traslado, de un lado no se utiliza un vehículo oficial y, de otro lado, se usa aparentemente un efectivo policial de civil. Y esto resulta vulneratorio del reglamento”.

Sobre los grilletes, Pedraza señala que “he promovido siempre que se distinga siempre el traslado de un interno por razones de seguridad, de un penal a otro o a un juzgado, con las diligencias hospitalarias que suponen el traslado de un interno – paciente, donde yo recomiendo el no uso de los grilletes”.

Pese a esto, Pedraza reafirmó que las condiciones de la salida José Francisco Crousillat si constituían condiciones para una posible fuga. “Sin vehículo oficial y sin personal uniformado, esos dos temas grafican con claridad la irregularidad del traslado”, indicó a Alerta Perú.

Sin embargo, Pedraza reveló que “absolutamente habitual, porque el sistema está en crisis, no tiene recursos, que algunos traslados – incluso de un interno de una ciudad a otra – se hagan en transporte público. Pero, ese traslado se hace con medidas de seguridad adicionales”. Esto sucede porque la salud del interno no puede ponerse en riesgo porque no hay un vehículo oficial que lo traslade.

El experto en temas penitenciarios, explicó que aunque esto “no debería ocurrir”, lo cierto es que el sistema “no tiene los recursos suficientes para vehículos” teniendo en cuenta que cada día salen aproximadamente 20 reclusos para temas hospitalarios de los penales de Lima y 30 a nivel nacional y “es verdad que a veces no hay vehículos, pero también es verdad que cuando no hay vehículos se usan medidas de seguridad adicionales”.

Por otro lado, Pedraza explicó que esta denuncia – sumada a otras – refleja la grave crisis por la que atraviesa el sistema nacional penitenciario. “Es una institución compleja por la naturaleza de las personas que maneja y por el olvido crónico que tiene. Pero, creo que hay también un problema de gestión, de no hacer una selección correcta de las autoridades lo que acentúa la crisis permanente”, sentenció.

“Quizás por el tema de tránsito, de cambio de gobierno, hay una situación crítica bastante acentuada. No se nota la autoridad, no se nota gestión y, mi impresión es que se trata de este período de transito, como es natural al actual Ministro de Justicia, que es un tipo correcto, le está tomando unos días hacer los cambios” explicó el jefe del INPE.

Añadió que el actual presidente del INPE – designado en setiembre del 2010 – “está esperando su relevo”, lo que debilita su poder de decisión porque “una institución de 5500 trabajadores, 66 penales, con una infraestructura administrativa tan grande se agudizan cuando los cambios se demoran”.

Está crisis se agrava con la corrupción que campea entre los funcionarios del sistema penitenciario, que “está muy presente en todos los niveles” y que “no se hace mucho para combatir la corrupción”.

Señaló que “todos los funcionarios que han transitado por dicha institución, incluyendo los Presidentes, deberíamos ser objetos de investigación respecto a nuestros recursos, patrimonio luego de una gestión así y eso no ocurre, ocurren investigaciones absurdas, administrativas pero no se investigan temas de fondo.”, lo que genera una sensación de impunidad.

Un factor de corrupción “automático” es el control de ingreso de materiales prohibidos en el penal, donde la decisión queda a discreción del personal del INPE y de la Policía. Pedraza, señala que frente a ello debería adoptarse medidas de revisión y control similares a la de los aeropuertos, para eliminar el poder de decisión de los funcionarios.

Frente a ello, Pedraza propone plantear metas de mediano y largo plazo. Indicó que “el gobierno del presidente Humala tiene la oportunidad de enfrentar la problemática carcelaria, porque está comenzando su gobierno. La experiencia enseña que no puede hacerse nada en un año o dos años, pero plantearse metas a 5 años, me parece un tiempo razonable para comenzar a hacer cambios profundos en infraestructura”. El plan debe “ser capaz de implementarse en 5 años, al margen de quién esté ese sillón”, explicó.

El ex Presidente del INPE cuestionó que durante el período de Alan García se hayan nombrado a 7 titulares de dicha institución. Remarcó que la “estabilidad en el cargo da la experiencia y solidez para establecer medidas”.

Fuente: Alerta Peru

Fiscal superior de Murcia Manuel López Bernal, y consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad Ciudadana, Manuel Campos, dialogaron sobre problemas para procesar casos de corrupción. (LaVerdad.es)

Algunos de los casos de presunta corrupción política más sonados de los últimos años aún no han llegado a los tribunales. Pese a llevar ya años llenando portadas de diarios, lo cierto es que se hace esperar el momento en que estas acusaciones se sienten en el banquillo para demostrarse falsas o verdaderas. El fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal, reconoció ayer el retraso en algunos de estos expedientes. Una dilatación que, aseguró, «más que a problemas de la propia Fiscalía o de la judicatura, parte de problemas de personal». Hacen falta, recalcó, «más medios de investigación, pero los casos irán saliendo».

La falta de personal en Fiscalía fue uno de los temas que se abordó ayer en la reunión que mantuvieron el fiscal jefe y el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad Ciudadana, Manuel Campos. Según explicó este último, el encuentro no tenía más motivación que «un saludo» entre ambas instituciones tras el pasado nombramiento de Campos como titular de Presidencia. En la reunión se habló mucho -dada su actualidad- de la investigación sobre el incendio de Atamaría, pero también hubo hueco para tratar cómo se encuentran los juzgados y la nueva forma de organización de la justicia.

Respecto a la situación actual de la Fiscalía, López Bernal explicó que ésta «no es excesivamente mala. En estos últimos años hemos tenido un aumento de plantilla considerable, en lo que a plantilla se refiere». El fiscal jefe aseguró que el organismo está pendiente a día de hoy de la incorporación de tres nuevos fiscales que espera que pueda llegar a producirse dada la situación de crisis económica. El problema, sin embargo, no está en la falta de fiscales, sino de funcionarios. «En eso estamos mal», reconoció.

López Bernal se mostró esperanzado en que la futura implantación de la Oficina Fiscal se convierta en una solución para estos problemas y avanzó que ésta implicará el nombramiento de un director o directora para la oficina, así como la asignación de unidades de apoyo. En este camino, sin embargo, la Fiscalía murciana ya lleva mucho camino recorrido. La implantación en Murcia de la Oficina Judicial les ha obligado a renovarse. «Nosotros ya nos hemos adaptado con la nueva Oficina Judicial haciendo un organigrama paralelo al suyo», explicó.

El fiscal jefe no pudo, sin embargo, ofrecer una fecha concreta para el despliegue en la Región de esta nueva Oficina. «Esperábamos que esto se hubiera creado ya, pero se ha ido retrasando y con el tema de las elecciones no sabemos», concluyó.

Fuente: Diario La Verdad (Murcia - España)