· HISTORIA DE UNA CONCESIÓN CUESTIONADA: EL CASO DEL PUERTO DE PAITA
El Puerto de Paita (Piura) es importante para complementar el proyecto de integración en infraestructura (IIRSA) que une Brasil y Perú; por ello, el gobierno ha considerado necesario otorgar la concesión del mismo.
En el marco del Plan de Estímulo Económico, para evitar obstáculos y acelerar la inversión, el gobierno emitió, en diciembre del 2008, el Decreto de Urgencia 047-2008 flexibilizando los controles previos, la necesidad de opinión previa y reduciendo el campo de acción de la Controlaría para que sólo pueda verificar si se cumple con las formalidades del proceso de Concesión. El Decreto tenía como objetivo “facilitar las asociaciones público – privadas que promueva el gobierno nacional en el contexto de la crisis internacional”, 12 eran los proyectos incluidos en la norma como prioritarios. Todos serían realizados por ProInversión (Agencia de Promoción de la Inversión).
Uno de los proyectos priorizados era la concesión del Puerto de Paita. Dicha concesión ha recibido serios cuestionamientos relacionados con presuntos actos de corrupción cometidos para favorecer al postor que ganó la licitación: TPEuroandinos.
Entre otros temas, se ha cuestionado que se hayan emitido más de 40 circulares modificando las bases de tal manera que TPE pudiera obtener la Buena Pro. Se ha dicho que TPE no contaba con la capacidad de carga que se requería y por ello, una de las modificaciones al contrato habría sido el requisito de la capacidad de carga.
Las suspicacias con relación a la manera poco transparente con la que se ha realizado el proceso y los supuestos intereses privados beneficiados, surgieron por parte de los trabajadores de ENAPU, investigadores independientes y diversos opositores al gobierno. Pero también el gobierno local de Paita ha sostenido que se debería apostar por un Puerto competitivo pero con inversión mixta, es decir, un muelle nacional manejado por Enapu y otro manejado por inversionistas privados.
El caso se revisó en el Congreso de la República el pasado 9 de setiembre. Los congresistas del partido nacionalista, junto con parlamentarios como Luis Negreiros, del partido aprista, presentaron una moción para que se conforme una comisión investigadora de la concesión del puerto norteño y que se suspenda la firma del contrato hasta saber el resultado de dicha pesquisa.
Ese mismo día, se presentaron ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones la Directora Ejecutiva de ProInversión Cayetana Aljovin y el Contralor General de la República, Fuad Khoury, para responder a las preguntas de los congresistas sobre el tema. Sin embargo, no convencieron a los representantes parlamentarios.
Por un lado Fuad Khoury explicó que el Informe Previo emitido por la Contraloría, dando el visto bueno al contrato, sólo se limitaba a revisar si se había cumplido con las formalidades de ley; porque el Decreto de Urgencia no les permite revisar previamente el fondo del procedimiento. Mientras que Cayetana Aljovin sostuvo que el proceso había sido realizado sin ninguna irregularidad y rechazó las acusaciones de posible corrupción.
Sin embargo, pese a que la firma del contrato estaba programada para el 14 de setiembre y a que el Congreso debía determinar si conformaba o no la Comisión Investigadora, ProInversión emitió una circular – el mismo 9 de setiembre, a la salida de su Directora de la sesión de la Comisión de Transportes – citando a TPE para las 7 p.m. y realizó la firma del Contrato, sorprendiendo a todos los críticos de la concesión.
Se van sumando así dos procesos (el anterior fue el caso Taboada) realizados por Proinversión en el marco del Decreto de Urgencia 047-2008, que han recibido serios cuestionamientos por supuestas irregularidades y la poca transparencia con la que se han realizado.
· PUBLICAN LIBRO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOBBYS DE PPK
“La República Lobbysta” es el título del nuevo libro de Manuel Dammert Egoaguirre, quien desde hace más de 2 años investiga la red de empresas y conexiones que el ex Presidente del Consejo de Ministros Pedro Pablo Kuczynski posee, a las cuales habría beneficiado durante su paso por el Estado.
Dammert había hecho públicas sus revelaciones en diversos medios de comunicación, en los que explicó la relación de Kuczynski con empresas como Hunt Oil – hoy principal accionista del Consorcio Camisea – y otras compañías chilenas interesadas en ingresar a los puertos peruanos. Estas declaraciones le valieron al ex diputado una querella por parte del ex ministro de Economía.
La querella fue ganada en primera instancia por Dammert Egoaguirre, sin embargo, a finales de julio del presente año, el titular del 40 Juzgado Penal de Lima revocó la sentencia absolutoria y condenó al investigador a un año de prisión suspendida condicionada al pago de 30 mil soles de reparación civil. La sentencia está en apelación.
Dammert ha apelado la resolución judicial, y ha cuestionado la posición de Kuczynski en el Comité Consultivo del actual Presidente del Poder Judicial, pero también tomó la decisión de plasmar en un libro el resultado de las investigaciones.
Así surge “La República Lobbysta”, un texto que permite a los ciudadanos conocer el desarrollo de las investigaciones, la posibilidad que Internet le dio de acceder a los registros públicos de Florida y otra documentación que comprueba la participación del también ex Presidente del Consejo de Ministros en los consorcios denunciados por el autor del libro.
Entre otras revelaciones, Dammert explica la forma en la que PPK durante su función como Ministro de Economía, habría continuado sus operaciones de consultoría para empresas que participaban en grandes contratos con el Estado peruano, como es el caso Camisea. También se presentan los indicios de la relación que existiría entre el anunciado candidato presidencial y las empresas mexicanas que se beneficiarán de la exportación del gas de Camisea en perjuicio del consumo interno. Para Dammert está sería la razón por la que Kuczynski modificó el contrato del Lote 56.
Sin duda “La República Lobbysta” es un interesante libro que presenta una importante investigación que ha permitido la obtención de indicios que deberían ser revisados por las autoridades anticorrupción.
· SEGUNDO JUICIO POR CORRUPCIÓN CONTRA FUJIMORI SE INICIA A FINES DE SETIEMBRE
El 20 de julio concluyó el rápido proceso por corrupción contra Alberto Fujimori, quien fue sentenciado a 6 años y medio de prisión por haber ordenado la emisión de un Decreto de Urgencia falso para entregar ilegalmente 15 millones de dólares del Estado a su ex asesor Vladimiro Montesinos.
El proceso concluyó en menos de una semana debido a que el ex mandatario aceptó todos los hechos de la acusación fiscal, es decir, reconoció haber ordenado la emisión de un Decreto con información falsa para poder desviar fondos del Estado con el único fin de pagar por el silencio de su ex brazo derecho. Sin embargo, la defensa argumentaba que no merecía ser sancionado penalmente.
El tribunal presidido por el Doctor César San Martín encontró a Fujimori culpable de los delitos de falsedad ideológica y peculado; además, aceptó el pedido de la fiscalía para que se inicie una investigación con el fin de determinar el origen de los otros 15 millones de dólares que el ex mandatario entregó en Palacio de Gobierno a sus ministros de Estado, en noviembre del 2000, con el fin de cubrir el forado dejado por el pago a Montesinos.
Pero ese no es el único proceso que Fujimori tiene que enfrentar por corrupción. El 28 de setiembre comenzará el juicio por los casos de interceptación telefónica, compra de congresistas tránsfugas y la compra de Cable Canal de Noticias; todo realizado con fondos del Estado desviados irregularmente.
En este nuevo proceso, Fujimori deberá responder por la adquisición y la aprobación de operaciones de “chuponeo telefónico” a opositores y periodistas desde 1991; por la puesta en marcha – por intermedio de Vladimiro Montesinos – de un plan para ¨comprar¨ a congresistas electos el año 2000 con el fin de conseguir una mayoría parlamentaria que no obtuvo en las urnas; y por haber ordenado el desvío de fondos del Estado para adquirir CCN - mediante testaferros – para tener otro medio de comunicación a fin a su régimen.
Hasta el momento, la defensa no ha dejado entrever la estrategia para este proceso; que, sin duda, es más complejo. Una opción es que Fujimori nuevamente acepte los cargos, con lo cual implícitamente reconocería que su régimen fue corrupto y que él dirigió personalmente las operaciones ilegales; la segunda opción, sería no allanarse y permitir que el proceso se desarrolle, lo que permitirá a la opinión pública conocer el detalle de las pruebas y testimonios que existen sobre la corrupción que imperó en el gobierno fujimorista.
Existe un hecho que causa cierta preocupación a las organizaciones que han seguido los procesos: la remoción del Fiscal Supremo Avelino Guillén de la conducción de la acusación contra el sentenciado ex mandatario.
A inicios de agosto, Guillén fue designado como Fiscal Supremo de Control Interno – una especie de Jefe de OCMA del Ministerio Público – lo cual, por un lado, constituye un reconocimiento a su labor; pero, por otro, genera un poco de desconcierto debido que el cambio se produjo a muy poco tiempo de iniciarse el nuevo proceso por corrupción contra Fujimori Fujimori.
Es conocido por la opinión pública que el Fiscal Avelino Guillén tiene un amplio conocimiento de la red de corrupción que imperó durante el régimen fujimontesinista, como consecuencia de haber participado en todos los procesos judiciales iniciados a la caída de la dictadura. Fue por esta razón que el Fiscal Supremo Titular, José Peláez Bardales cedió su puesto en la conducción de la acusación por el caso de los 15 millones de dólares, a favor de Guillén.
Con el cambio – decidido por la Junta de Fiscales Supremos – será Peláez Bardales quien asuma, nuevamente, la conducción de la parte acusadora en el nuevo juicio oral que se inicia la última semana de setiembre.
Se espera que el Fiscal Peláez continúe la línea minuciosa, contundente y de presentación de evidencias irrefutables que se ha tenido en los dos juicios que ya acabaron con la sentencia a Fujimori: uno a 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta; y el último a 7 años por Peculado y Falsedad Ideológica.