Leer Presentación de Informe Jurídico sobre Decretos de Urgencias.

Los Decretos de Urgencia no dejan de ser inconstitucionales con modificatoria anunciada, señala el Grupo de Trabajo contra la Corrupción.

La mañana de hoy, el Ministro de la Producción anunció la decisión del Consejo de Ministros de modificar parcialmente los Decretos de Urgencia No. 001 y 002 – 2011; frente a la ola de cuestionamientos que habían recibido. Sin embargo, sólo se modificaría lo referente a la regulación para la obligatoriedad de los Estudios de Impacto Ambiental.

Para el investigador Walter Vargas, del Grupo de Trabajo contra la Corrupción, los Decretos de Urgencia emitidos en enero de 2011 – que son parte de un mecanismo que, desde el 2008, el gobierno ha utilizado para agilizar las concesiones sin niveles de transparencia, consulta ni control público -, son inconstitucionales por una serie de consideraciones de fondo y forma.

La inconstitucionalidad de los DU tiene que ver con que no existe “ninguna situación extraordinaria o impredecible”, como exige la Constitución y el mismo Ministerio de Economía y Finanzas; además se excede la materia económica y financiera a la que deben estar limitados.

A esto hay que sumar que 15 de los 33 proyectos priorizados son reiterativos de Decretos de Urgencia emitidos entre el 2008 y 2009; es decir, tiene más de dos años en espera de ser implementados.

Por otro lado, los Decretos de Urgencia – tanto los del 2011 como los anteriores – interfieren no sólo con la normatividad y regulación ambiental sino con la regulación administrativa que debe ejercer la Contraloría General de la República, que sólo puedo pronunciarse sobre versiones finales de contrato y no interviene en las fases previas a la concesión, donde pueden desarrollarse irregularidades como ya ha sucedido en Paita y Taboada, ambos proyectos incluidos en DU anteriores.

Todas estas deficiencias, peligros y cuestionamientos no se resuelven con la decisión anunciada esta mañana por el Consejo de Ministros. En opinión del Grupo de Trabajo contra la Corrupción, lo que se buscaría sería acallar las criticas sin romper el compromiso de “facilitar las inversiones” que el gobierno ha asumido con grupos de poder económico.

Vargas Díaz, además, señala que los Decretos de Urgencia atentan contra una serie de derechos (a la consulta, al desarrollo humano integral y el principio de transparencia del poder público);  y plantean un peligro en materia de corrupción por las siguientes razones:

a)      Se evade el control público mediante una norma que favorece a grupos privados.

b)      Se garantiza la impunidad de posibles irregularidades ya que las normas blindan el manejo privatista de los recursos naturales y el patrimonio público.

c)      Se reduce y limita la intervención del Contraloría General, atentando incluso con su Ley Orgánica.

En opinión del Grupo de Trabajo contra la Corrupción, la modificatoria parcial no resuelve ni reduce el peligro de corrupción en la concesión de los proyectos priorizados. El Gobierno o el Congreso de la República deben derogar dichas normas, asimismo, debe declararse la inconstitucionalidad de las mismas y revisarse lo actuado en aquellos proyectos que ya hayan venido aplicando la norma “flexibilizada” de los Decretos de Urgencia desde el año 2008.

Con la participación de representantes de diversos partidos políticos y dirigentes indígenas, anoche se realizó el Foro Público “Propuesta de Política Intercultural y Derechos de Pueblos Indígenas”.

El evento, desarrollado en el Auditorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, sirvió para dar a conocer y dialogar sobre sus propuestas en materia de derecho al territorio, preservación ambiental y gestión de recursos naturales.

De igual manera, la jornada fue propicia para debatir sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada ante cualquier medida legislativa o administrativa que afecte los derechos de las comunidades amazónicas y andinas.

La ocasión fue propicia también para tratar tópicos tan trascendentes como la institucionalidad indígena, al igual que los programas de salud y educación intercultural y bilingüe.

:: Dirigentes nativos cuestionan abuso contra la naturaleza

El foro se inició con la exposición de Javier Monroe, representante de la Mesa de Interculturalidad -convocante del evento- donde se plantearon los temas para una agenda intercultural y de derechos de pueblos originarios.

A continuación, se realizó un panel de propuestas encabezado por Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP);  el líder awajún Santiago Manuin, quien fue baleado el 5 junio del 2009 en Bagua y actual consejero regional indígena del Gobierno Regional de Amazonas; así como la lideresa andina de Huancavelica, Gladis Vila Pihue, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).

Pizango Chota cuestionó la preponderancia de las industrias extractivas, debido al daño que ocasionan al medio ambiente. "Estamos avanzando hacia el suicidio de la humanidad", declaró.

En tanto, Manuin criticó la falta de comunicación entre Occidente y los pueblos indígenas, al punto que éstos últimos desconocen sus derechos. "Nosotros estamos desde antes que el Perú se forme; por eso la tierra es nuestra y es sagrada. Tenemos que defender la naturaleza y nos debemos venderla a los extranjeros", remarcó.

A su turno, Vila Pihue lamentó que la clase política -y en particular, quienes participan de las elecciones- sólo tomen en cuenta a las comunidades amazónicas y andinas para ganar votos.

:: Plantean reforma constitucional inclusiva

Luego de la participación de los líderes indígenas, se dio lugar al intercambio de propuestas de parte de los aspirantes a un cargo en el Congreso de la República. El panel estuvo integrado por la lideresa yanesha de la selva central, Teresita Antazú, quien postula al Legislativo por Gana Perú.

Así mismo, participó Roger Rumrill, integrante de la comisión de gobierno de dicha agrupación política; completaron el grupo Gonzalo Alegría, del partido Perú Posible; y Miguel Ángel Soria, de Alianza por el Gran Cambio.

En su intervención, Rumrill planteó la urgencia de una reforma del Estado y de una nueva Constitución Política para que cambiar las estructuras vigentes, con miras a alcanzar un estado plurinacional. "De lo contrario, sólo maquillamos los problemas", advirtió.

Para Alegría, es menester implementar un modelo mixto de desarrollo para los pueblos indígenas y "no hay que esperar a la petrolera para decidir lo que se va a hacer".

Por último, Soria consideró que más allá de implementar la Ley de Consulta Previa se requiere lo que llamó "Código Indígena", que considere la participación política de los pueblos, sin dejar de lado sus tradiciones y costumbres.

Finalmente, estas propuestas fueron comentadas por importantes especialistas como Manuel Pulgar Vidal, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA); Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); y Hernán Coronado, asesor del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

Cabe señalar que la Mesa de Interculturalidad está conformada por Fórum Solidaridad Perú; Centro Bartolomé de las Casas-Cusco; Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP; Amnistía Internacional – Sección Peruana; Asociación de Investigación y Especialización en Temas Iberoamericanos – AIETI; Alternativa, CAPIS, Comisión Episcopal de Acción Social-CEAS, Conferencia Nacional de Desarrollo Social-CONADES, Desafío Miqueas, Género y Economía, Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, UARM; Servicios Educativos Rurales-SER; y OXFAM. (GV/MC)

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INFOGRAFÍA: Desigualdad y Derechos Indígenas

El 5 de abril, varias organizaciones sociales y activistas desarrollarán una jornada de reflexión para recordar de manera crítica el autogolpe de Estado que Alberto Fujimori perpetró en 1992.

El evento tendrá lugar en la plaza San Martin en el Centro de Lima a partir de las 10:00 a.m. y contempla tres actividades principales: una feria informativa sobre los temas de corrupción, derechos humanos y criminalización de las protestas sociales; una muestra de piezas críticas sobre el período de la dictadura y de la guerra interna, a cargo del colectivo Museo Arte por la Memoria; y un concierto de clausura de la jornada.

Dichas actividades proponen una memoria ciudadana comprometida con el respeto a la vida y los derechos humanos, y en los que se reflejan los diversos procesos de reivindicación y lucha contra el autoritarismo, la corrupción, la violencia del Estado y contra las numerosas formas de opresión sufridas por las organizaciones estudiantiles, sindicales y populares durante el régimen fujimontesinista.

De igual manera, constituye un llamado a la movilización y expresión pública del rechazo a la herencia del fujimontesinismo, tanto en lo que respecta a la política económica antinacional y antilaboral como en lo que concierne a la debilidad de nuestras instituciones de convivencia democrática y a la persistencia de un sistema de corrupción en los altos niveles del Estado, especialmente para la negociación de nuestros recursos naturales.

Los organizadores del evento destacan que "recordar el autogolpe 19 años después no es un simple ejercicio de memoria: la memoria por la que nos movilizamos es parte de una lucha política permanente y especialmente vigente hoy, próximas las elecciones nacionales, cuando los rostros representativos de los años oscuros se aferran a la popularidad electoral de la hija del reo Fujimori para volver al Congreso de la República y continuar su agenda: el indulto al dictador y el boicot a la democracia".

En tal sentido, hacen un llamado a los interesados a apoyar esta causa a contribuir con sus aportes, donando a partir de un nuevo sol en la cuenta del Banco de Crédito del Perú (BCP) 193-20935652-0-2. El dinero servirá para la edición de spots audiovisuales.

Como se recuerda, el 5 de abril de 1992 abrió para el país un ciclo de corrupción, manipulación de los medios de comunicación y recorte de las libertades ciudadanas, además de agravar el escenario de violación de derechos humanos que acompañó el período de guerra interna desde la década de 1980.

En el marco de la XVI Conferencia Nacional Sobre Desarrollo Social (CONADES),la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) y el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) presentarán el libro “Transiciones: Post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú”.

El texto busca responder a inquietudes como: ¿Qué es el post extractivismo y cómo pensar alternativas para las Transiciones hacia otros modelos de desarrollo en el Perú?, ¿Cómo responder a los retos que el cambio climático, la crisis energética, la crisis financiera  y la crisis alimentaria plantean al modelo extractivista?.

En la presentación, que se realizará el 29 de abril a partir de las 07:00 pm en el Parque de la Exposición de Lima, participarán los autores: Carlos Monge (Revenue Watch Institute), José De Echave (CooperAcción), César Gamboa (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales) y Eduardo Gudynas (Centro Latino Americano de Ecología Social).

Cabe precisar que los especialistas Claudia Viale, Alejandra Alayza, Epifanio Baca, Javier azpur, Ernesto Ráez, Pedro Francke, Vicente Sotelo, Martin Scurrah y Juan Carlos Sueiro también participaron en la producción de este importante texto.